¿Coincidencia o corrupción?

Una investigación del diario El Espectador reveló que el Estado está en serias dificultades para recuperar 224 mil millones de pesos que el Banco Agrario le prestó, mayoritariamente, a los floricultores como medida para enfrentar oscilaciones del dólar.

Los créditos —entre 14 millones y 18 mil millones de pesos— se aprobaron en septiembre de 2008 durante la gestión de Andrés Felipe Arias como ministro de Agricultura, a través de un reglamento especial del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) con el objetivo de beneficiar a productores afectados por la revaluación.

BanAgrario benefició a más de 100 empresarios de las flores —con el beneplácito del ex ministro—, algunos de los cuales se declararon en quiebra y no podrán pagar la deuda que tienen con la entidad financiera del Estado. La plata está embolatada, denuncia el periódico.

Pero la investigación del medio impreso —complementada por el periodista Daniel Coronell y el equipo de la W Radio—, fue más allá, y expone que varios de los favorecidos con los préstamos son donantes de la campaña de Arias, como precandidato presidencial del partido Conservador. (Qué coincidencia)

Entre los floricultores aportantes que recibieron créditos en BanAgrario se encuentran: el empresario Nicolás Benjamín Nannetti Lasser, quien aportó 5 millones a la campaña de Arias, adquirió créditos por 82 mil 385 millones para las 14 empresas del Grupo American Flor que representa.

Francisco Bazzani, de la compañía CI La Plazoleta, aportó un millón a la campaña y recibió 1.800 millones de crédito. Arturo Harker Borda, representante de la compañía Tinzuque S.A., obtuvo más de 7 mil millones para sus tres empresas y donó un millón.

El registro del Banco estatal, publicado por El Espectador, también dice que Gloria Correa de Cock, de la sociedad Tahami & Cultiflores, alcanzó 2.798 millones. Correa concedió dos millones a la campaña del dirigente conservador.

La planilla de recaudos de la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias muestra una donación de 10 millones de pesos por parte del señor Jaime Mauricio Restrepo Arango. Restrepo es el mayor accionista del Grupo Falcon Farms, compañía que recibió más de 12 mil millones en créditos.

Pero también hay otra perla. El director regional de Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) en Antioquia, Marco Alberto Ossa, emitió una circular donde instruye a los empresarios del gremio para que hagan donaciones a la campaña del ex ministro. El gremio de las flores fue privilegiado por Arias durante su administración.

De los 117 aportes que llegaron a la campaña del entonces precandidato presidencial, 43 donaciones, un poco más del 40%, entraron del sector floricultor.

La mera coincidencia de los créditos pone, nuevamente, en el ojo del huracán al cuestionado ex ministro, a quien la Procuraduría le acaba de formular pliego de cargos por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El Ministerio Público lo acusa de tres faltas gravísimas y una grave, que constituyen las infracciones más altas al código disciplinario y que contemplan sanciones hasta de 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, como lo sustenta un informe de LaSillaVacía.com.

Según el ente acusador, Andrés Felipe Arias i) realizó contratos sin estudios técnicos o jurídicos con el IICA por un monto de 180 mil millones de pesos; ii) entregó subsidios sin reglas claras para asignarlos; iii) la aplicación para acceder a los subsidios de AIS era muy costosa, por lo tanto era inalcanzable para los pequeños productores del campo; iv) mintió para eludir la licitación; y v) sobrepasó los gastos de administración y en operación del programa.

El escándalo de AIS también es objeto de investigación por parte de la Fiscalía —organismo judicial que la semana pasada llamó a siete funcionarios (mandos medios) del ministerio de Agricultura por el delito de contratación indebida—, por violación al código penal, y de la Contraloría, por detrimento del patrimonio público.

Termino con una píldora para la memoria: “Si alguien llega a demostrar ¡alguien!, que Andrés Felipe Arias o Álvaro Uribe, pudo meter un dedo para decidir cómo se asignaban los recursos… renuncio a la vida pública”, sostuvo el ex ministro durante el consejo comunitario #252 del gobierno anterior, el 17 de octubre de 2009.

“Y estoy tranquilo porque nadie nunca lo va a poder demostrar”, culminó Arias.

Amanecerá y veremos.

Foto: 'El Espectador'

Eudaldo Díaz: El costo de la verdad

Esta semana dos hechos nos han traído a la memoria al extinto alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado.

El primero es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aceptó una denuncia —interpuesta por el ciudadano Adolfo José Hoyos— contra el ex presidente Álvaro Uribe por presunta omisión en el crimen del líder político. Mediante resolución de reparto No. 099 de 2010, la investigación fue asignada al representante Hernán Penagos Giraldo —del uribista Partido de la U— y se abrió el expediente No. 2033.

Eudaldo Díaz fue el alcalde que, el 1 de febrero de 2003, durante un consejo comunitario llevado a cabo en Corozal (Sucre), le advirtió al ex mandatario que lo iban a matar por sus denuncias permanentes sobre supuestos hechos de corrupción que comprometían a la clase política sucreña, especialmente, al gobernador de entonces, Salvador Arana Sus.

Precisamente, ‘Tito’ Díaz señaló, delante del Ejecutivo, que Arana estaría detrás de su homicidio y de los montajes que se orquestaron para que la Procuraduría lo sancionara suspendiéndolo de su cargo como alcalde de El Roble.

Dos meses después, Eudaldo fue asesinado y el ex presidente Uribe nombró de embajador de Colombia en Chile a Salvador Arana, a quien Díaz acusó una y otra vez.

La investigación que inicia la Comisión —que seguramente no servirá de nada y terminará absolviendo de responsabilidad al ex mandatario— está sustentada en que Uribe no actuó oportunamente para impedir el crimen del alcalde, aún cuando el principal sospechoso estaba sentado a la derecha del ex presidente.

Eudaldo Díaz debe ser recordado por la sociedad colombiana como la primera persona que le puso nombre y apellido a la ‘parapolítica’. Sus denuncias fueron objeto de debates del ex senador Gustavo Petro que terminaron con condenas a caciques políticos de la región como Álvaro García Romero y Salvador Arana, los dos con una pena de 40 años de prisión, entre otros.

Durante más de 6 años, Juan David Díaz Chamorro, hijo de ‘Tito’ y médico de profesión, luchó porque el crimen de su padre no quedara en la impunidad y siempre sostuvo que el culpable era el ex gobernador de Sucre. Y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón: el 3 de diciembre de 2009 condenó a Arana Sus, por su complicidad con paramilitares y el crimen del dirigente político.

Sin embargo, aunque en este caso hubo justicia, el costo de la verdad sigue trayendo consecuencias peligrosas para la familia de Eudaldo —que durante más siete años ha sido víctima de persecución, seguimientos y amenazas de muerte—.

El segundo hecho que nos trae a la memoria a ‘Tito’, es que se conoció que el ex paramilitar Edelmiro Alberto Anaya —condenado a 37 años por ser autor material del asesinato de Eudaldo— afirmó en versión libre ante la Fiscalía que, nada más y nada menos, Juan David Díaz es “simpatizante de la causa paramilitar” y lo sindicó como responsable del delito de homicidio.

Una declaración falsa, calumniosa e injuriosa si se tiene en cuenta que Juan David es uno de los líderes que más ha denunciado el poder corrupto y mafioso asociado con los grupos de autodefensa.

Esta afirmación crea un montaje judicial. Se trata de un mecanismo de venganza contra las víctimas, tácticas propias de los criminales y que, infortunadamente, está de moda en Colombia, pues se conoce el caso de Carmelo Agamez Berrio, otro líder sucreño que actualmente está en la cárcel por un empalme falso que le hicieron los victimarios, vinculándolo con grupos paramilitares.

Es deber de la justicia investigar a fondo a estos casos y, por el bien de Colombia, no permitir que los objetivos de los delincuentes prosperen.

Todavía estamos esperando que el ex presidente Uribe pida perdón a la familia Díaz por haber premiado al ex gobernador y ex embajador Salvador Arana.

Una frase célebre: “Tenemos que comenzar eliminando a los corruptos, que le están haciendo más daño al país, que la propia guerrilla y las propias autodefensas”, Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado (q.e.p.d.)

Prohibido olvidar.

'Contravía', la serie de periodismo independiente más premiada en Colombia, recibió el premio nacional Simón Bolívar, en la categoría "Mejor Crónica o Reportaje de Televisión", en la versión 35 del galardón, por el reportaje sobre el crimen de Eudaldo Díaz.

El jurado de Seguros Bolívar consideró que este programa fue "una investigación minuciosa, exhaustiva, que buscó las imágenes apropiadas y los testimonios relevantes, de una caso de parapolítica en el que estuvieron involucrados funcionarios públicos, algunos de los cuales han sido ya condenados por la justicia".

"La crónica recupera un caso un caso sintomático dentro de la política y la justicia colombiana, con una perspectiva coherente, con una narración ágil y sobre la base de una investigación sólida".

Las opciones de Bernardo Moreno

No sorprende que la Procuraduría General de la Nación haya castigado disciplinariamente a Bernardo Moreno Villegas, ex secretario general de la Presidencia (durante el segundo periodo de Álvaro Uribe), inhabilitándolo por 18 años para ocupar cargos públicos, por el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS.

Esta decisión era lo mínimo que podía concluir el procurador Ordoñez después de que todos los testigos del DAS siempre mencionaban a Moreno en el caso de espionaje, particularmente, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia —a quienes grabaron ilegalmente en sesiones y reuniones privadas—.

El 9 de julio del presente año, el ex director de Inteligencia, Fernando Tabares, reveló que en un desayuno en el Metropolitan Club de Bogotá en 2007, el ex secretario general manifestó que el interés del presidente Uribe era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas: la Corte Suprema, los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.

Asimismo, el capitán Jorge Lagos, ex jefe de Contrainteligencia, ha sostenido que se reunía con Bernardo Moreno para entregar información al alto gobierno. Y el ex director de la UIAF, Mario Aranguren, mencionó que entregó información confidencial a Moreno.

El fallo, de 633 páginas (que destituye a ocho funcionarios más), expone que el ex director administrativo de la Presidencia “se extralimitó en sus funciones” al reunirse con funcionarios del DAS y de la UIAF para “conocer información privada del ciudadano Ascencio Reyes”; este último visto por la Presidencia con presuntos vínculos con el narcotráfico y quien habría pagado un viaje a un grupo de magistrados de la Corte a Neiva (Huila) para asistir a un homenaje a un colega en 2006.

La reunión de Moreno se llevó a cabo el 24 de abril de 2008, dos días después de que la Corte Suprema dictara orden de captura contra el ex senador Mario Uribe Escobar (primo del ex presidente), y el objetivo era armar un plan para desprestigiar al alto Tribunal, como lo han sostenido empleados del DAS.

“(Moreno) no tenía competencia para acceder a esta clase de información (…) lo que puede ser constitutivo de falta disciplinaria”, dice el fallo del Procurador.

Para nadie ha sido un secreto que la Corte era vista por el gobierno anterior como un enemigo, debido a que lideraba las investigaciones de vínculos entre políticos —la mayoría uribistas— con grupos paramilitares, y estaba dando resultados incómodos para el poder.

Sin embargo, a pesar de varios testimonios y pruebas contra Moreno, el fallo del Ministerio Público sólo se basó en un argumento: la reunión del ex secretario con funcionarios de la UIAF y el DAS, dejando a un lado otras pruebas, que vinculan a este, por eso el caso es apelable y fácilmente podría ser absuelto.

Lo magnifico de la noticia es que la sanción al ex secretario general comprueba que desde la Casa de Nariño se orquestaron los planes criminales.

Por ello, el ex funcionario de Palacio tiene dos opciones: negociar con la justicia —pues la Fiscalía indaga su posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad— o negociar con el autor intelectual de la cacería criminal del DAS.

Es difícil creer que en los tiempos de la “seguridad democrática” el señor Bernardo Moreno sabía y hacía más que su jefe. Este tiene la responsabilidad de decir, por el bien de Colombia, quién dio las órdenes.

Foto: 'El Espectador'