viernes, 28 de enero de 2011

Neoparamilitarismo: una situación advertida

Colombia recibió el 2011 con una noticia que tuvo gran resonancia en los medios de comunicación.

El prestigioso diario norteamericano The New York Times reveló que nuestro país es el segundo destino más recomendado para viajar, después de Estambul, capital de Turquía. El reconocimiento se hizo por medio de una encuesta en la página web del periódico. Algunos de los comentarios de los participantes destacaron que “el único riesgo que se corre en Colombia es quedarse”.

Inmediatamente, reconocidos dirigentes políticos y columnistas de opinión, celebraron el hecho y expresaron que éste era tan solo uno de los logros de la “sólida” política de seguridad que promovió el gobierno anterior.

En la misma escala de tiempo, el país también recibía una dolorosa noticia. Dos estudiantes de Biología de la Universidad de Los Andes, fueron asesinados con tiros de gracia en San Bernardo del Viento, municipio del departamento de Córdoba.

Margarita Gómez, de 23 años, y Mateo Matamala Neme, de 26, se encontraban en esa zona realizando una investigación para su tesis de grado y, de paso, disfrutar de unos días de vacaciones. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el pasado 10 de enero.

Los primeros indicios señalaron al jefe de la banda narcoparamilitar ‘Los Urabeños’, Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, como el autor intelectual de los homicidios. Por información que conduzca a la captura de este criminal, el presidente Juan Manuel Santos ofreció una recompensa de 500 millones de pesos.

El contraste de estas dos noticias nos indica que el mensaje que se le está dando a la sociedad es el equivocado. Decir que el paramilitarismo ya se acabó, que la seguridad se consolidó en todo el país y que estamos en un estado de postconflicto —con el objetivo de vender una buena imagen de Colombia para atraer turistas—, ha contribuido a desinformar a la opinión pública.

Tiempo atrás, organizaciones de derechos humanos y centros de estudio y análisis del conflicto armado habían advertido sobre la situación de varios departamentos donde se estaban rearmando grupos paramilitares. Solo que dichos informes, realizados con trabajo de campo e investigación, no eran noticia en los tradicionales medios de comunicación.

Es decir, que lo más grave de los crímenes de los dos jóvenes —que son apenas la punta del iceberg de una cadena de homicidios en Córdoba— es que era una situación anunciada y diagnosticada. Pero se ocultó.

Primero fue la ONG norteamericana Human Rights Watch (HRW), quien documentó —en un informe de 125 páginas, basado en dos años de investigación de campo y presentado en febrero de 2010— la relación entre el surgimiento de los grupos sucesores de los paramilitares y las deficiencias en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La investigación evidenció la participación de neoparamilitares en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados y violaciones, generando un clima de constante amenaza en cada una de las comunidades bajo su influencia.

Del mismo modo, reveló la existencia de nueve grupos que tienen control territorial a nivel nacional: ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’, ‘Erpac’, ‘Renacer’, ‘Nueva Generación’, ‘Los del Magdalena Medio’, ‘Los Machos’ y las ‘Águilas Negras’.

“Estas bandas son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos que operan bajo el mismo patrón”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, durante la presentación del informe.

Por su parte, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe se limitó a responder que dicho informe era “sesgado” y que le hacía “apología al terrorismo”.

Posteriormente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló, entre otros datos, que en 20 de los 28 municipios del departamento de Córdoba, es decir, el 71%, estaba afectado por la presencia de seis nuevas bandas paramilitares. Entre los municipios más peligrosos, según el estudio, estaba San Bernardo del Viento.

Indepaz, asimismo, denunció que los neoparamilitares hacen presencia en 314 municipios de 29 departamentos de Colombia, que cuentan con más de 6 mil integrantes y con una red de apoyo que se estima entre 7 mil 400 y 12 mil personas.

Comparación entre fuentes oficiales y resultados investigación de Indepaz sobre número de municipios, departamentos y cantidad de integrantes de grupos neoparamilitares (Informe del Primer semestre 2010)

Durante los últimos doce meses, la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de alertas donde se ponía de presente la grave situación en Córdoba, pero los hechos nos dicen que no fueron tenidas en cuenta.

Estadísticas del Ministerio Público, registraron 575 muertes violentas en 2010 en dicho departamento, 39 homicidios más que en 2009. En los primeros 15 días del 2011, contamos 31 crímenes entre líderes sociales, profesores, campesinos, artistas y estudiantes.

El crecimiento dramático de asesinatos en departamentos como Córdoba, debe llamar la atención del gobierno frente al peligro que representan las mal llamadas “Bacrim”.

sábado, 15 de enero de 2011

“No le temo al señor ex presidente Uribe. Si quiere callarme va a tener que recurrir a métodos más drásticos”

Para Daniel Coronell, director de Noticias Uno y columnista de la revista Semana, el periodista tiene la obligación de investigar lo que pasa en el poder aunque eso resulte impopular y aunque no merezca aplausos. Asegura tener la firme convicción que cuando se trabaja en medios de comunicación se deben visibilizar los escándalos de corrupción, aun cuando implican a los gobernantes más populares y famosos.

"Lo que digo en privado de Álvaro Uribe y de su gobierno, es lo mismo que digo en público"

Es reconocido, a nivel nacional e internacional, por su larga experiencia y su mirada crítica siempre distante del poder que tanto conoce y se ha enfrentado. Este que ha sido el principio fundamental de su trayectoria profesional. Como columnista ha escrito más como investigador que como analista, son muy pocas las veces que se atreve a dar una opinión, como las que expone en esta entrevista.

Durante el gobierno anterior, investigó y denunció, entre otros temas, la compra del voto que permitió la reelección de Álvaro Uribe y los negocios de los hijos del ex mandatario, motivo por el cual ha sido controvertido y acusado, por el propio ex jefe de Estado, de “miserable” y “mafioso”, además de recibir múltiples amenazas que lo llevaron al exilio durante el 2005 y 2007.

En febrero de 2009, se conoció que el comunicador fue una de las víctimas del DAS durante la administración Uribe. Se interceptaron sus correos, sus líneas telefónicas y se le hizo un trabajo de espionaje —ilegal—, con el objetivo, según ex funcionarios de ese organismo de inteligencia, de establecer sus fuentes de información. “Con la perspectiva del tiempo, me doy cuenta que las ‘chuzadas’ siempre coincidieron con etapas de desprestigio y de amenazas”, dice el periodista.

Actualmente, Coronell es el periodista más controvertido y polémico de la actualidad colombiana. Un estudio realizado por Cifras y Conceptos S.A., expone que es el columnista más leído por la opinión pública. Asimismo, es considerado uno de los máximos referentes para las nuevas generaciones de periodistas.

Julián Martínez Vallejo: ¿En qué momento usted cree que se convirtió blanco para el DAS?

Daniel Coronell: A finales de diciembre de 2004 yo recibí una llamada de una antigua fuente que tenía, en ese momento, un encargo judicial. Era un Fiscal. Había perdido contacto con él porque el objeto que nos unía como noticia había desaparecido, pero recibí una llamada de él y me dijo: “por favor venga a mi oficina, pero venga sin guardaespaldas”.

Yo pedí un carro prestado y fui a visitarlo. Y en ese momento me contó que había tenido, por razón de sus funciones, que atender el caso de un militar en un delito que no se consideraba en jurisdicción de la Justicia Penal Militar y que le había tocado despacharlo a él, que había resuelto el caso a favor del militar porque esos eran los elementos que había encontrado. Y que, en medio de la conversación con esa persona, le había revelado una serie de grabaciones y, entre ellas, tres mías.

Estamos hablando de diciembre del año 2004. Las grabaciones eran dos con mi esposa (María Cristina Uribe) —hablando de cosas domésticas— y la segunda, de las tres, era con el entonces representante a la Cámara Telésforo Pedraza, hablando sobre el trámite de la reelección presidencial. Eso había sucedido en la Comisión Primera de la Cámara en junio de ese mismo año.

J.M.V.: ¿Es decir que usted tuvo conocimiento de esas interceptaciones cuatro meses después de la entrevista a Yidis Medina (agosto de 2004) donde le reveló la venta de su voto para aprobar la reelección de Álvaro Uribe?

D.C.: Así es. Pero la grabación era de antes de la entrevista con Yidis. Incluso porque, en esa grabación, Telésforo Pedraza me hablaba de cómo iba a votar Yidis.

Yidis no era un nombre conocido. Yidis se vuelve célebre a raíz de la votación de la reelección, pero había unos nombres y unas personas que no tenían ningún reconocimiento a nivel nacional como Yidis y Teodolindo Avendaño.

Entonces Telésforo —mire la serie de nombres raros involucrados en esto—, me está contando que los bloques (de votación para el proyecto de Ley) están divididos de tal manera. Y eso corresponde, por el cálculo mío de haber seguido esa noticia, a unas dos o tres semanas antes de la votación que le dio paso a la reelección en la Comisión Primera de la Cámara con el voto de Yidis Medina.

Desde ese momento yo supe que había alguien oyéndome. Poco después, empezaron una serie de amenazas. Eso fue en diciembre de 2004 y los correos empezaron en abril de 2005.

J.M.V.: Y fue, precisamente, después de ese abril, cuando le llegaron a usted, a Hollman Morris y a Carlos Lozano las coronas fúnebres, ¿cierto?

D.C.: Exactamente. Casi todo fue al mismo tiempo. Esto empezó con un correo largo de desprestigio contra varias personas, entre los que recuerdo estaban el ex presidente César Gaviria, Rodrigo Rivera y Ramiro Bejarano.

Después de eso, vinieron una serie de llamadas, que eran terribles porque eran casi todas relacionadas con mi hija, que en ese momento tenía seis años. Esas llamadas siempre las recibíamos en Noticias Uno.

Y después de la primera amenaza, tomaron como estrategia dar el nombre de un periodista conocido para que yo pasara al teléfono, entonces decían: “que es de parte de Héctor Rincón… que es de parte de Yamid Amat”, esas fueron dos de las llamadas. Y cuando yo pasaba, empezaban las amenazas, en medio de insultos terribles, pero, sobre todo, era muy angustioso porque tenían una descripción muy exacta de Raquel, de mi hija: llegó a tal hora al colegio, la llevó tal persona, iba vestida de esta manera, todo. Eso es una cosa como para enloquecerse.

Ahora, con la perspectiva del tiempo, me doy cuenta que las ‘chuzadas’ siempre coincidieron con etapas de desprestigio y de amenazas.

J.M.V.: Cuando ustedes publican la entrevista con Yidis Medina en abril de 2008, donde dice que había negociado su voto para el proyecto de reelección, empezó un descredito contra el trabajo de Noticias Uno, el entonces presidente Uribe dijo que usted ocultó un delito…

D.C.: Sale el presidente Uribe con una lógica muy particular, porque el presidente dice “aquí no hubo ningún delito, pero Daniel Coronell lo ocultó”, que era un silogismo bastante complicado de vender.

Pero claro, desde ese abril de 2008, se viene una campaña muy grande contra Noticias Uno y contra mí, particularmente. Sucede que yo anuncié, dos semanas antes de la publicación de lo de Yidis Medina, en una columna titulada “La historia no contada”.

¿Por qué sucedió esto así? A finales de febrero de 2008, Norbey Quevedo publica en El Espectador una entrevista con Yidis Medina en donde ella anuncia que va a contar todo en un libro. Unos días después, un señor (Alfredo Serrano) que iba a escribir el libro con ella, da una entrevista en La FM de RCN diciendo que una de las pruebas que tenía el libro era un video que yo había grabado y que “tan querido y tan caballero” jamás había sacado cumpliendo mi palabra.

En ese momento se rompió el pacto que me había tenido en la obligación del silencio. Entonces, yo empecé a buscar a Yidis Medina y la vine a encontrar dos semanas después, y ella me pidió otras dos semanas para arreglar sus cosas. Me dijo que sí, que yo tenía razón, que ella había roto el pacto.

Entonces, para no ganarme mayores plazos, dije que en dos semanas vamos a contar qué pasó ahí. Las dos semanas se cumplieron estando yo en un viaje en Estados Unidos, algunos colegas se comunicaron conmigo, uno de ellos de CNN y otro del Miami Herald, específicamente, Gerardo Reyes, y tuvieron copia anticipada del contenido de la entrevista con Yidis Medina.

Yo le dije a Gerardo que él podía, desde luego, preguntar lo que fuera. Y cuando pregunta a la Casa Presidencial, la respuesta consiste en un comunicado, el viernes anterior a la publicación, desacreditando la entrevista que ni siquiera conocían.

A mí me causó mucha curiosidad que el comunicado de Palacio desacreditando a Noticias Uno y a mí, fue primera página en los periódicos pero cuando habló Yidis Medina fue una pequeña nota interior; esa noticia se volvió importante fue días después cuando la Corte Suprema de Justicia decidió dictarle orden de captura. Pero si fuera por los periódicos habría sido una nota interior bastante reducida porque lo que importó fue el desmentido a una noticia que no existía y no la noticia misma.

Poco después, dentro del proceso Uribe VS el magistrado César Julio Valencia, él fue a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y allá pidió que me investigaran a mí —en una cosa que nada tenía que ver con el proceso pero salió a decir eso inicialmente—.

Después, en una rueda de prensa transmitida por los dos canales privados, hizo declaraciones diciendo que yo debía ser procesado por la justicia. (Uribe) Trató siempre de criminalizarme por haber revelado que el voto, que permitió su reelección, era comprado. Y yo creo que, en ese momento, claro que estaba siendo objetivo del DAS.

Pero además quiero contarle una cosa. Yo regresé (del exilio) a Colombia el 29 de junio de 2007.

J.M.V.: Durante la administración Andrés Peñate como director del DAS.

D.C.: Administración Peñate. Yo recibí un teléfono celular en el aeropuerto que el noticiero me entregó. Yo no sabía el número de ese celular porque era nuevo, no era el que yo había usado en Colombia sino que estaba nuevo. Y, dos días después —a ese número que no me sabía yo siquiera—, recibí una llamada del señor Santiago Uribe Vélez, pidiéndome una cita; cita que yo le concedí con el mayor gusto y en donde vino a hablarme de la molestia suya y de su familia porque yo había publicado que los señores Gallón Henao —conocidos por el asesinato de Andrés Escobar— habían resultado controlando la hacienda Guacharacas que había sido de ellos. Entonces vino con unas explicaciones, yo lo oí con toda calma dos horas y media.

Pero siempre me llama la atención ahora que dice Marta Leal que al presidente (Uribe) le molestaba que yo hubiera hecho publicaciones sobre él y sobre su familia y que por eso me había establecido como “blanco” del DAS porque encaja, perfectamente, con esta cita que llamó a pedir el hacendado Santiago Uribe Vélez para esa época.

Diligencia de Interrogatorio de Marta Inés Leal, ex subdirectora de Operaciones del DAS, ante la Fiscalía General de la Nación, el 30 de junio de 2010.

J.M.V.: Precisamente, Marta Leal dice que Andrés Peñate, por orden del entonces presidente Uribe, le dijo que el objetivo era llegar a sus fuentes, ¿qué sensación le queda a usted al leer y enterarse de eso?

D.C.: La protección de la fuente no es un privilegio del periodista, es un derecho de la sociedad para poder acceder a información que esté protegida por la credibilidad del periodista y amparada por su rigor.

Cuando un gobierno quiere conocer la fuente, lo que está limitando no es solamente el derecho de un periodista a ejercer su oficio sino, básicamente, está limitando el acceso democrático de la sociedad a informaciones. Sobre todo, cuando esas informaciones conciernen al gobierno.

A mí me aterra que el propósito era establecer la identidad de mis fuentes. Y, desde esa época —y en otras—, lo sospeché. Yo por eso viajo muchísimo fuera de Colombia y sostengo a veces reuniones por fuera del país. O, incluso, a veces viajo a hacer llamadas telefónicas por fuera de Colombia porque me parece que la protección de la fuente es esencial, sobre todo, cuando uno hace periodismo de investigación.

J.M.V.: ¿Hay certeza que a sus fuentes no les ha pasado nada?

D.C.: Yo no le puedo decir eso sin que entrara a revelar la fuente. Desafortunadamente si le dijera sí, o si le dijera no, una persona con claridad o rigor de investigación podría comparar las fechas y saber la respuesta.

J.M.V.: ¿Con qué personas del alto gobierno anterior usted tuvo enfrentamientos periodísticos?

D.C.: Básicamente con el presidente Uribe. Él, una vez, me hizo llamar de una emisora a buscarme una pelea, yo no quería pasar, yo le dije a mis colegas que eso era un poco absurdo porque era presidente de la República y yo era un reportero, y así se lo reiteré durante la entrevista y con firmeza sostuve lo que había escrito y lo que había demostrado.

J.M.V.: Un paréntesis sobre esa entrevista: Ahí el presidente Uribe dice “es que usted se ganó una beca y yo sé que usted se la pasa hablando mal de Colombia en esa universidad”, ¿no cree usted que le hicieron un seguimiento por fuera del país durante su estadía en California, Estados Unidos?

D.C.: No, yo creo que no. Yo creo que eso resultó de otra cosa. Uno de mis compañeros en Stanford es una periodista muy notable que se llama Jo-Ann Armao, que es la editora de Opinión del diario Washington Post. Poco después de que yo terminara mi estancia en Stanford y estaba en la universidad de Berkeley, el presidente Uribe viajó a Estados Unidos —en uno de sus numerosos viajes para gestionar el Tratado de Libre Comercio (TLC)—, y un punto su agenda era la reunión con el comité editorial del Washington Post.

Y estando allí, Jo-Ann Armao le preguntó acerca de mi caso y de mi seguridad. Y él dijo que yo debía volver a Colombia, que si quería él me mandaba a sus propios guardaespaldas a cuidarme —pues como si fueran empleados suyos y no como agentes del Estado—, y que él estaba cansado de que yo hablara mal de él y de su familia, lo mismo que estaba cansado de un señor “mechudo” de El Espectador, y se volteó hacía la embajadora Carolina Barco a preguntarle cómo se llamaba y le dijo que Alfredo Molano. Y se refirió, aún frente al comité editorial del Washington Post, en términos muy desobligantes sobre Alfredo Molano y sobre mí.

Él piensa que esas cosas también las hacía impunemente y resulta que hay colegas que terminan informándole a uno eso. Además, se imaginaba que, como nos insultaba en español, las personas que estaban ahí, ninguna entendía español y resulta que sí, entendían y entendieron perfectamente lo que él dijo y cómo quiso descalificarnos frente a un medio de comunicación internacional.

Lo que digo en privado de Álvaro Uribe y de su gobierno, es lo mismo que digo en público. Yo no le tengo miedo a él, yo he tenido que superar mis problemas de seguridad y los intentos de desprestigio auspiciados por él, y lo seguiré haciendo. No le temo, no le temo al señor ex presidente Uribe. Si quiere callarme va a tener que recurrir a métodos más drásticos, porque, como va, no me va a callar.

J.M.V.: ¿Cuáles son las consecuencias para un periodista cuando un jefe de Estado lo descalifica y pone un manto de dudas frente a su trabajo y cuando lo vincula con el terrorismo?

D.C.: Las consecuencias en la seguridad son terribles.

Quiero poner como ejemplo lo que pasó con Hollman Morris en el Putumayo (en 2005), cómo el presidente Uribe hizo unas declaraciones totalmente salidas de la realidad, con el propósito de desprestigiarlo; y cómo después las rectificó de manera tan asordinada y modesta con relación a la difusión inicial que dieron.

Quiero resaltar en eso el momento de la liberación de una de las personas liberadas por gestión de Piedad Córdoba (en febrero de 2009), cómo también quiso desacreditar a Hollman Morris y presentar una cosa como lo que no era.

Y eso muestra que el presidente ha usado su investidura para perseguir al periodismo que le resulta incómodo. También a sus opositores políticos. En una democracia debe existir la garantía de que se puede ejercer oposición, aquí desapareció.

J.M.V.: ¿Por qué cree usted que el ex presidente Uribe piensa que les daba unas prerrogativas a los periodistas, cuando son las bases de una democracia?

D.C.: El ex presidente Uribe tiene cierta concepción feudal del mundo, él piensa que es señor de vidas y haciendas, y que cumplir la Constitución es algo que le debemos agradecer. Entonces, mire que el presidente no actuó en contra del fallo de la Corte Constitucional, o mire que el presidente no metió a la cárcel a los periodistas que denunciaron las cosas que él había hecho, pero hizo todo lo posible porque así fuera, hizo todo lo posible por desacreditarnos. Mejor dicho: ha hecho, porque no es parte del pasado, lo sigue haciendo.

Ha hecho todo lo posible por acabar con cualquier posibilidad de disentir de sus políticas, criminalizando a quienes han tenido posiciones en contra de las suyas.

Entonces, a mí me parece, que no es algo que se le debe agradecer a Uribe y que, con el curso de los años, cuando se mire con el contexto del tiempo lo que fue la obra de Uribe, con todo lo bien que hizo —porque Uribe también hizo muchas cosas buenas—, tendrá el país que mirar todo lo que hizo mal y qué tanto daño le hizo a la incipiente democracia colombiana, con sus actitudes.

J.M.V.: ¿Cuál es la reflexión que usted le hace a la sociedad colombiana sobre el escándalo del DAS?

D.C.: La reflexión más dolorosa que hago es que la mayoría de los colombianos han sido indiferentes ante esos temas, pensando en que cuando hablamos de ‘chuzadas’ a magistrados —altos jueces que estaban investigando la ‘parapolítica’—, a dirigentes políticos de oposición, a periodistas, estamos, básicamente, defendiendo unos derechos individuales a la intimidad de unas personas y no el derecho de la sociedad a saber lo que estaba pasando. Eso es, especialmente, doloroso pero es algo con lo que tenemos que vivir.

Los periodistas, a veces, para cumplir con nuestro deber, tenemos que apartarnos de las opiniones mayoritarias. Nosotros no somos artistas, ni somos políticos que estamos buscando el aplauso con nuestro trabajo. A veces contradecir la opinión mayoritaria es nuestro deber. Justificar a ambos lados

Si uno, o dos periodistas, o tres o diez, hubieran sacrificado su vida para contarle a la Alemania de la época Nazi las realidades de su gobierno, depronto el mundo se habría evitado el mayor horror de su historia.

En otra escala y en otra dimensión del cumplimiento del deber, nosotros los periodistas tenemos la obligación de investigar lo que pasa en el poder y lo que ha pasado con Álvaro Uribe, aunque eso sea impopular, aunque eso no nos merezca aplausos sino desprestigio.