“La propaganda sucia tenía un objetivo muy claro: desprestigiar el trabajo del periodista”

DÍA DEL PERIODISTA EN COLOMBIA

De acuerdo con el informe “Espionaje contra periodistas: la justicia tiene la palabra”, realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) —y presentado en diciembre de 2010—, el escándalo sobre las operaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ha sido “uno de los principales ataques” contra los periodistas en la historia de Colombia.

El documento resalta cinco casos (Claudia Julieta Duque, Hollman Morris, Daniel Coronell, Gonzalo Guillen y Carlos Lozano) de periodistas que fueron víctimas de interceptación de comunicaciones, seguimientos, amenazas, espionaje y de una campaña de desprestigio —práctica poco analizada e informada por los medios de comunicación—.

Precisamente, dicha práctica fue denunciada hace un año por Duque y Morris, en una rueda de prensa que, lastimosamente, poca resonancia tuvo, pero que hoy les da la razón. “El periodismo independiente está herido de muerte”, señaló el director del programa Contravía en esa oportunidad.

La “propaganda negra”, como la denominaban en el DAS, pretendía —según los documentos encontrados por el CTI de la Fiscalía— acabar con la credibilidad del periodista (crítico del gobierno Uribe) y establecer una campaña de desprestigio a nivel nacional e internacional, además de conocer las fuentes de información. Una práctica sin antecedentes en nuestra democracia.

La FLIP también señala que, si bien las investigaciones han avanzado, es muy poca la información que se tiene en el caso de los periodistas.

Libreta en Contravía consultó a Cecilia Orozco, una de las periodistas y analistas políticas más respetadas en el país, para reflexionar sobre las consecuencias de la “propaganda negra” que se llevó a cabo desde el organismo de inteligencia contra los periodistas independientes.

Orozco, entrevista y escribe semanalmente en el diario El Espectador. Recientemente fue galardonada con el premio nacional de periodismo Simón Bolívar, en la categoría “Mejor columna de Opinión”, con más de 25 años de ejercicio periodístico, es una mujer apasionada por el oficio.

Julián Martínez Vallejo: ¿Qué efecto puede tener sobre el trabajo y la credibilidad de los periodistas críticos del gobierno la propaganda negra que se orquestó desde el DAS contra ellos?

Cecilia Orozco Tascón: La propaganda negra que se orquestó desde el DAS —yo diría más, la propaganda sucia—, tenía un objetivo muy claro: desprestigiar el trabajo del periodista; llevar a las personas —a los lectores, oyentes y televidentes— a dudar de si este periodista estaba trabajando sinceramente por su oficio y por dar una información, pero si lo hacía por razones de periodismo o por razones políticas personales, porque el ex presidente Uribe quería dar a entender era que cada periodista que se oponía a él, tenía un objetivo político claro. O estaba con el terrorismo y la guerrilla o estaba con fuerzas oscuras —que podría ser cualquiera que no fuera sana—.

El objetivo claro era el desprestigio, y yo creo que, en muchas ocasiones, logró su objetivo. Porque las audiencias, algunas veces, empezaron a dudar de ciertos periodistas, de cuáles eran, en realidad sus fines últimos cuando estaba ejerciendo periodismo. Y, la verdad, es que esos periodistas atacados eran los periodistas más valientes, más independientes; eran, tal vez, los mejores en una época tan difícil del periodismo colombiano.

J.M.V.: ¿Qué opinión le merece que esa propaganda negra que se orquestó desde el DAS —como objetivo del grupo ilegal G3—, coincida con el discurso del ex presidente Álvaro Uribe?

C.O.T: Estamos todavía en los procesos judiciales, el ex presidente Uribe no ha sido vinculado, formalmente, a ninguna de esas investigaciones, pero es claro que su discurso, y lo que después de fue descubriendo que hacía el DAS, clandestinamente, tenían una coincidencia.

Lo que el ex presidente Uribe decía en sus discursos, aparentemente, frenteros —como él los llamaba— y lo que, por debajo de cuerda, estaba haciendo el DAS, que es el cuerpo de inteligencia de la Presidencia de la República, llevaban al mismo objetivo e iban contra las mismas personas, los mismos periodistas.

Hollman Morris era atacado, Hollman Morris era investigado clandestinamente por el DAS; Daniel Coronell era atacado en público por el ex presidente Uribe y después descubrimos que estaba siendo investigado, clandestina e ilegalmente, por el DAS; Ramiro Bejarano —columnista de El Espectador y abogado de una contraparte de Uribe, ni más ni menos, que, en ese momento, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia— era investigado ilegalmente con su cliente César Julio Valencia y eran permanentemente atacados por el ex presidente. Como estos casos, hay otros más.

¿Esa coincidencia indica que el DAS estaba ejecutando un plan ordenado desde la Presidencia de la República? No lo sé, pero se parece mucho.

J.M.V.: Uno de los objetivos del DAS, que se dio en el caso particular de Daniel Coronell, como lo reveló Marta Inés Leal, ex subdirectora de Análisis del DAS, quien dijo que Andrés Peñate (ex director del DAS), por orden del entonces presidente Uribe, el propósito era establecer las fuentes, ¿qué análisis hace usted ante esta revelación?

C.O.T.: Es clarísimo para mí. Si eso resulta cierto, y yo no veo por qué una persona se va a autoincriminar con mentiras, y si la señora Leal está diciendo exactamente lo que pasó, es claro que lo que buscaba el gobierno, era identificar a las fuentes, ¿para qué? Para coger a las fuentes, tomarlas e intimidarlas, callarlas o, claramente, para castigarlas en su entorno laboral o en su entorno profesional o para iniciar con ellas, a su vez, un plan de desprestigio.

Obviamente lo que querían contar era la relación entre la fuente y el periodista, para que el periodista no pudiera descubrir qué era lo que estaba pasando en el fondo. Y Daniel Coronell lo logró muchas veces.

J.M.V.: La propaganda negra que se ha ejercido contra los periodistas críticos ha tenido un efecto en la opinión pública, ¿cómo revertirlo?

C.O.T.: Yo pienso que el efecto importante de esa campaña contra el periodismo independiente tuvo su máximo resultado en épocas en que el poder de Álvaro Uribe era muy evidente, porque era el presidente de la República y este es un país presidencialista. Ahora que él es ex presidente, siento que ha disminuido mucho el poder de él y el poder de lo que hizo.

Ahora la gente se está cuestionando mucho más que antes; antes era una isla quienes criticábamos lo que estaba pasando con el gobierno. Pero no quiere decir que no haya un grupo importante de personas que todavía piense que Álvaro Uribe tenía toda la razón en lo que dijo porque, ellos sí, tienen claramente definida su orientación política. Coinciden, políticamente, con el lado ideológico de Uribe y, en consecuencia, tenderán siempre a estar de acuerdo con lo que él dijo.

Pero, en términos generales, si usted me pregunta, yo diría que hoy —así haya algunos que aparezcan en los foros de internet, así haya otros que insulten por las emisoras a periodistas como Daniel Coronell, como Hollman Morris, como Ramiro Bejarano, como María Jimena Duzán, hay un grupo importante—, no es masivo.

Usted ahora se da cuenta que la gente empezó, con todos los descubrimientos que se han ido conociendo —a través de las personas que han confesado del DAS y de otras personas, que no fueron del DAS, pero que tuvieron que ver con el tema—, los colombianos han ido descubriendo a un Álvaro Uribe que no quisieron ver cuando tenía poder, y yo creo que, en esa medida, se va a ir revirtiendo la “mala fama” —si es que uno pudiera llamarlo así— de los periodistas. Y, por el contrario, pienso que esos periodistas van a tomar mucho más valor ahora, de aquí para delante.

J.M.V.: ¿Qué opinión le merece que unos periodistas hayan coordinado publicaciones con el DAS para desprestigiar, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia?

C.O.T.: Yo diría que, en términos generales, en cuanto al papel del periodismo, en esos ocho años del gobierno Uribe, que ciertos medios de comunicación, que tienen, a su vez, mucho poder de prensa, lo que hicieron fue bajar la guardia. Convivir que es mucho más fácil que enfrentar.

Convivir con el poder político que era muy avasallante, y uno que otro tuvo la consciencia clara de colaborar con ese tipo de cosas, pero yo quisiera creer que más bien lo hicieron porque son condescendientes con el poder, que les gusta el poder, que porque fueron parte de un plan.

Es notorio que ciertos medios de comunicación eliminaron, o le bajaron mucho el perfil, a las notas que iban en los artículos, a las investigaciones, a las crónicas, a los reportajes y a las entrevistas que iban en contra del poder político.

Pero también es cierto que hubo algunos individuos dentro del periodismo y dos o tres medios de comunicación de los tradicionales, que siguieron haciendo su tarea, y uno tiene que rescatar eso, porque, en medio de las dificultades que se vivieron, no obstante que el gobierno siempre estaba alardeando que habían menos periodistas muertos en esta época y que los periodistas estaban siendo protegidos por el Estado —como si eso fuera un favor y no un deber—, había que tener valor para enfrentarse a esas situaciones. La historia del periodismo lo tendrá que reconocer.

J.M.V.: ¿Qué mensaje le envía usted a los colombianos que creen que la propaganda negra que se orquestó contra determinados periodistas es cierta?

C.O.T.: Si yo fuera una colombiana que no tuviera nada que ver con los medios de comunicación, tendría muy claro —porque no estamos hablando de gente que no tiene la capacidad de pensar—, a qué medio me está transmitiendo qué y por qué.

De alguna manera, algo positivo que salió de esta etapa difícil para el periodismo colombiano, de aparente protección a sus derechos y de aparente libertad —porque era claro que no había una censura abierta—, pero de un plan por debajo de la mesa muy sutil en un comienzo y en unos años, ahora puesto al descubierto, de intimidación, si algo bueno quedó de eso fue que la cultura política del colombiano en general subió uno o dos grados, no lo suficiente todavía, pero yo sí pienso que hoy el colombiano puede discernir mejor qué medios de comunicación están informándolo y cuáles son sus intereses. Y también puede pensar bien y puede distinguir qué periodistas son independientes cuáles no lo son.

No creo que el colombiano de hoy sea menos capaz que el de hace ocho años. Yo pienso que eso es una cosa positiva que salió de la crisis.

Neoparamilitarismo: una situación advertida

Colombia recibió el 2011 con una noticia que tuvo gran resonancia en los medios de comunicación.

El prestigioso diario norteamericano The New York Times reveló que nuestro país es el segundo destino más recomendado para viajar, después de Estambul, capital de Turquía. El reconocimiento se hizo por medio de una encuesta en la página web del periódico. Algunos de los comentarios de los participantes destacaron que “el único riesgo que se corre en Colombia es quedarse”.

Inmediatamente, reconocidos dirigentes políticos y columnistas de opinión, celebraron el hecho y expresaron que éste era tan solo uno de los logros de la “sólida” política de seguridad que promovió el gobierno anterior.

En la misma escala de tiempo, el país también recibía una dolorosa noticia. Dos estudiantes de Biología de la Universidad de Los Andes, fueron asesinados con tiros de gracia en San Bernardo del Viento, municipio del departamento de Córdoba.

Margarita Gómez, de 23 años, y Mateo Matamala Neme, de 26, se encontraban en esa zona realizando una investigación para su tesis de grado y, de paso, disfrutar de unos días de vacaciones. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el pasado 10 de enero.

Los primeros indicios señalaron al jefe de la banda narcoparamilitar ‘Los Urabeños’, Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, como el autor intelectual de los homicidios. Por información que conduzca a la captura de este criminal, el presidente Juan Manuel Santos ofreció una recompensa de 500 millones de pesos.

El contraste de estas dos noticias nos indica que el mensaje que se le está dando a la sociedad es el equivocado. Decir que el paramilitarismo ya se acabó, que la seguridad se consolidó en todo el país y que estamos en un estado de postconflicto —con el objetivo de vender una buena imagen de Colombia para atraer turistas—, ha contribuido a desinformar a la opinión pública.

Tiempo atrás, organizaciones de derechos humanos y centros de estudio y análisis del conflicto armado habían advertido sobre la situación de varios departamentos donde se estaban rearmando grupos paramilitares. Solo que dichos informes, realizados con trabajo de campo e investigación, no eran noticia en los tradicionales medios de comunicación.

Es decir, que lo más grave de los crímenes de los dos jóvenes —que son apenas la punta del iceberg de una cadena de homicidios en Córdoba— es que era una situación anunciada y diagnosticada. Pero se ocultó.

Primero fue la ONG norteamericana Human Rights Watch (HRW), quien documentó —en un informe de 125 páginas, basado en dos años de investigación de campo y presentado en febrero de 2010— la relación entre el surgimiento de los grupos sucesores de los paramilitares y las deficiencias en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La investigación evidenció la participación de neoparamilitares en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados y violaciones, generando un clima de constante amenaza en cada una de las comunidades bajo su influencia.

Del mismo modo, reveló la existencia de nueve grupos que tienen control territorial a nivel nacional: ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’, ‘Erpac’, ‘Renacer’, ‘Nueva Generación’, ‘Los del Magdalena Medio’, ‘Los Machos’ y las ‘Águilas Negras’.

“Estas bandas son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos que operan bajo el mismo patrón”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, durante la presentación del informe.

Por su parte, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe se limitó a responder que dicho informe era “sesgado” y que le hacía “apología al terrorismo”.

Posteriormente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló, entre otros datos, que en 20 de los 28 municipios del departamento de Córdoba, es decir, el 71%, estaba afectado por la presencia de seis nuevas bandas paramilitares. Entre los municipios más peligrosos, según el estudio, estaba San Bernardo del Viento.

Indepaz, asimismo, denunció que los neoparamilitares hacen presencia en 314 municipios de 29 departamentos de Colombia, que cuentan con más de 6 mil integrantes y con una red de apoyo que se estima entre 7 mil 400 y 12 mil personas.

Comparación entre fuentes oficiales y resultados investigación de Indepaz sobre número de municipios, departamentos y cantidad de integrantes de grupos neoparamilitares (Informe del Primer semestre 2010)

Durante los últimos doce meses, la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de alertas donde se ponía de presente la grave situación en Córdoba, pero los hechos nos dicen que no fueron tenidas en cuenta.

Estadísticas del Ministerio Público, registraron 575 muertes violentas en 2010 en dicho departamento, 39 homicidios más que en 2009. En los primeros 15 días del 2011, contamos 31 crímenes entre líderes sociales, profesores, campesinos, artistas y estudiantes.

El crecimiento dramático de asesinatos en departamentos como Córdoba, debe llamar la atención del gobierno frente al peligro que representan las mal llamadas “Bacrim”.

“No le temo al señor ex presidente Uribe. Si quiere callarme va a tener que recurrir a métodos más drásticos”

Para Daniel Coronell, director de Noticias Uno y columnista de la revista Semana, el periodista tiene la obligación de investigar lo que pasa en el poder aunque eso resulte impopular y aunque no merezca aplausos. Asegura tener la firme convicción que cuando se trabaja en medios de comunicación se deben visibilizar los escándalos de corrupción, aun cuando implican a los gobernantes más populares y famosos.

"Lo que digo en privado de Álvaro Uribe y de su gobierno, es lo mismo que digo en público"

Es reconocido, a nivel nacional e internacional, por su larga experiencia y su mirada crítica siempre distante del poder que tanto conoce y se ha enfrentado. Este que ha sido el principio fundamental de su trayectoria profesional. Como columnista ha escrito más como investigador que como analista, son muy pocas las veces que se atreve a dar una opinión, como las que expone en esta entrevista.

Durante el gobierno anterior, investigó y denunció, entre otros temas, la compra del voto que permitió la reelección de Álvaro Uribe y los negocios de los hijos del ex mandatario, motivo por el cual ha sido controvertido y acusado, por el propio ex jefe de Estado, de “miserable” y “mafioso”, además de recibir múltiples amenazas que lo llevaron al exilio durante el 2005 y 2007.

En febrero de 2009, se conoció que el comunicador fue una de las víctimas del DAS durante la administración Uribe. Se interceptaron sus correos, sus líneas telefónicas y se le hizo un trabajo de espionaje —ilegal—, con el objetivo, según ex funcionarios de ese organismo de inteligencia, de establecer sus fuentes de información. “Con la perspectiva del tiempo, me doy cuenta que las ‘chuzadas’ siempre coincidieron con etapas de desprestigio y de amenazas”, dice el periodista.

Actualmente, Coronell es el periodista más controvertido y polémico de la actualidad colombiana. Un estudio realizado por Cifras y Conceptos S.A., expone que es el columnista más leído por la opinión pública. Asimismo, es considerado uno de los máximos referentes para las nuevas generaciones de periodistas.

Julián Martínez Vallejo: ¿En qué momento usted cree que se convirtió blanco para el DAS?

Daniel Coronell: A finales de diciembre de 2004 yo recibí una llamada de una antigua fuente que tenía, en ese momento, un encargo judicial. Era un Fiscal. Había perdido contacto con él porque el objeto que nos unía como noticia había desaparecido, pero recibí una llamada de él y me dijo: “por favor venga a mi oficina, pero venga sin guardaespaldas”.

Yo pedí un carro prestado y fui a visitarlo. Y en ese momento me contó que había tenido, por razón de sus funciones, que atender el caso de un militar en un delito que no se consideraba en jurisdicción de la Justicia Penal Militar y que le había tocado despacharlo a él, que había resuelto el caso a favor del militar porque esos eran los elementos que había encontrado. Y que, en medio de la conversación con esa persona, le había revelado una serie de grabaciones y, entre ellas, tres mías.

Estamos hablando de diciembre del año 2004. Las grabaciones eran dos con mi esposa (María Cristina Uribe) —hablando de cosas domésticas— y la segunda, de las tres, era con el entonces representante a la Cámara Telésforo Pedraza, hablando sobre el trámite de la reelección presidencial. Eso había sucedido en la Comisión Primera de la Cámara en junio de ese mismo año.

J.M.V.: ¿Es decir que usted tuvo conocimiento de esas interceptaciones cuatro meses después de la entrevista a Yidis Medina (agosto de 2004) donde le reveló la venta de su voto para aprobar la reelección de Álvaro Uribe?

D.C.: Así es. Pero la grabación era de antes de la entrevista con Yidis. Incluso porque, en esa grabación, Telésforo Pedraza me hablaba de cómo iba a votar Yidis.

Yidis no era un nombre conocido. Yidis se vuelve célebre a raíz de la votación de la reelección, pero había unos nombres y unas personas que no tenían ningún reconocimiento a nivel nacional como Yidis y Teodolindo Avendaño.

Entonces Telésforo —mire la serie de nombres raros involucrados en esto—, me está contando que los bloques (de votación para el proyecto de Ley) están divididos de tal manera. Y eso corresponde, por el cálculo mío de haber seguido esa noticia, a unas dos o tres semanas antes de la votación que le dio paso a la reelección en la Comisión Primera de la Cámara con el voto de Yidis Medina.

Desde ese momento yo supe que había alguien oyéndome. Poco después, empezaron una serie de amenazas. Eso fue en diciembre de 2004 y los correos empezaron en abril de 2005.

J.M.V.: Y fue, precisamente, después de ese abril, cuando le llegaron a usted, a Hollman Morris y a Carlos Lozano las coronas fúnebres, ¿cierto?

D.C.: Exactamente. Casi todo fue al mismo tiempo. Esto empezó con un correo largo de desprestigio contra varias personas, entre los que recuerdo estaban el ex presidente César Gaviria, Rodrigo Rivera y Ramiro Bejarano.

Después de eso, vinieron una serie de llamadas, que eran terribles porque eran casi todas relacionadas con mi hija, que en ese momento tenía seis años. Esas llamadas siempre las recibíamos en Noticias Uno.

Y después de la primera amenaza, tomaron como estrategia dar el nombre de un periodista conocido para que yo pasara al teléfono, entonces decían: “que es de parte de Héctor Rincón… que es de parte de Yamid Amat”, esas fueron dos de las llamadas. Y cuando yo pasaba, empezaban las amenazas, en medio de insultos terribles, pero, sobre todo, era muy angustioso porque tenían una descripción muy exacta de Raquel, de mi hija: llegó a tal hora al colegio, la llevó tal persona, iba vestida de esta manera, todo. Eso es una cosa como para enloquecerse.

Ahora, con la perspectiva del tiempo, me doy cuenta que las ‘chuzadas’ siempre coincidieron con etapas de desprestigio y de amenazas.

J.M.V.: Cuando ustedes publican la entrevista con Yidis Medina en abril de 2008, donde dice que había negociado su voto para el proyecto de reelección, empezó un descredito contra el trabajo de Noticias Uno, el entonces presidente Uribe dijo que usted ocultó un delito…

D.C.: Sale el presidente Uribe con una lógica muy particular, porque el presidente dice “aquí no hubo ningún delito, pero Daniel Coronell lo ocultó”, que era un silogismo bastante complicado de vender.

Pero claro, desde ese abril de 2008, se viene una campaña muy grande contra Noticias Uno y contra mí, particularmente. Sucede que yo anuncié, dos semanas antes de la publicación de lo de Yidis Medina, en una columna titulada “La historia no contada”.

¿Por qué sucedió esto así? A finales de febrero de 2008, Norbey Quevedo publica en El Espectador una entrevista con Yidis Medina en donde ella anuncia que va a contar todo en un libro. Unos días después, un señor (Alfredo Serrano) que iba a escribir el libro con ella, da una entrevista en La FM de RCN diciendo que una de las pruebas que tenía el libro era un video que yo había grabado y que “tan querido y tan caballero” jamás había sacado cumpliendo mi palabra.

En ese momento se rompió el pacto que me había tenido en la obligación del silencio. Entonces, yo empecé a buscar a Yidis Medina y la vine a encontrar dos semanas después, y ella me pidió otras dos semanas para arreglar sus cosas. Me dijo que sí, que yo tenía razón, que ella había roto el pacto.

Entonces, para no ganarme mayores plazos, dije que en dos semanas vamos a contar qué pasó ahí. Las dos semanas se cumplieron estando yo en un viaje en Estados Unidos, algunos colegas se comunicaron conmigo, uno de ellos de CNN y otro del Miami Herald, específicamente, Gerardo Reyes, y tuvieron copia anticipada del contenido de la entrevista con Yidis Medina.

Yo le dije a Gerardo que él podía, desde luego, preguntar lo que fuera. Y cuando pregunta a la Casa Presidencial, la respuesta consiste en un comunicado, el viernes anterior a la publicación, desacreditando la entrevista que ni siquiera conocían.

A mí me causó mucha curiosidad que el comunicado de Palacio desacreditando a Noticias Uno y a mí, fue primera página en los periódicos pero cuando habló Yidis Medina fue una pequeña nota interior; esa noticia se volvió importante fue días después cuando la Corte Suprema de Justicia decidió dictarle orden de captura. Pero si fuera por los periódicos habría sido una nota interior bastante reducida porque lo que importó fue el desmentido a una noticia que no existía y no la noticia misma.

Poco después, dentro del proceso Uribe VS el magistrado César Julio Valencia, él fue a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y allá pidió que me investigaran a mí —en una cosa que nada tenía que ver con el proceso pero salió a decir eso inicialmente—.

Después, en una rueda de prensa transmitida por los dos canales privados, hizo declaraciones diciendo que yo debía ser procesado por la justicia. (Uribe) Trató siempre de criminalizarme por haber revelado que el voto, que permitió su reelección, era comprado. Y yo creo que, en ese momento, claro que estaba siendo objetivo del DAS.

Pero además quiero contarle una cosa. Yo regresé (del exilio) a Colombia el 29 de junio de 2007.

J.M.V.: Durante la administración Andrés Peñate como director del DAS.

D.C.: Administración Peñate. Yo recibí un teléfono celular en el aeropuerto que el noticiero me entregó. Yo no sabía el número de ese celular porque era nuevo, no era el que yo había usado en Colombia sino que estaba nuevo. Y, dos días después —a ese número que no me sabía yo siquiera—, recibí una llamada del señor Santiago Uribe Vélez, pidiéndome una cita; cita que yo le concedí con el mayor gusto y en donde vino a hablarme de la molestia suya y de su familia porque yo había publicado que los señores Gallón Henao —conocidos por el asesinato de Andrés Escobar— habían resultado controlando la hacienda Guacharacas que había sido de ellos. Entonces vino con unas explicaciones, yo lo oí con toda calma dos horas y media.

Pero siempre me llama la atención ahora que dice Marta Leal que al presidente (Uribe) le molestaba que yo hubiera hecho publicaciones sobre él y sobre su familia y que por eso me había establecido como “blanco” del DAS porque encaja, perfectamente, con esta cita que llamó a pedir el hacendado Santiago Uribe Vélez para esa época.

Diligencia de Interrogatorio de Marta Inés Leal, ex subdirectora de Operaciones del DAS, ante la Fiscalía General de la Nación, el 30 de junio de 2010.

J.M.V.: Precisamente, Marta Leal dice que Andrés Peñate, por orden del entonces presidente Uribe, le dijo que el objetivo era llegar a sus fuentes, ¿qué sensación le queda a usted al leer y enterarse de eso?

D.C.: La protección de la fuente no es un privilegio del periodista, es un derecho de la sociedad para poder acceder a información que esté protegida por la credibilidad del periodista y amparada por su rigor.

Cuando un gobierno quiere conocer la fuente, lo que está limitando no es solamente el derecho de un periodista a ejercer su oficio sino, básicamente, está limitando el acceso democrático de la sociedad a informaciones. Sobre todo, cuando esas informaciones conciernen al gobierno.

A mí me aterra que el propósito era establecer la identidad de mis fuentes. Y, desde esa época —y en otras—, lo sospeché. Yo por eso viajo muchísimo fuera de Colombia y sostengo a veces reuniones por fuera del país. O, incluso, a veces viajo a hacer llamadas telefónicas por fuera de Colombia porque me parece que la protección de la fuente es esencial, sobre todo, cuando uno hace periodismo de investigación.

J.M.V.: ¿Hay certeza que a sus fuentes no les ha pasado nada?

D.C.: Yo no le puedo decir eso sin que entrara a revelar la fuente. Desafortunadamente si le dijera sí, o si le dijera no, una persona con claridad o rigor de investigación podría comparar las fechas y saber la respuesta.

J.M.V.: ¿Con qué personas del alto gobierno anterior usted tuvo enfrentamientos periodísticos?

D.C.: Básicamente con el presidente Uribe. Él, una vez, me hizo llamar de una emisora a buscarme una pelea, yo no quería pasar, yo le dije a mis colegas que eso era un poco absurdo porque era presidente de la República y yo era un reportero, y así se lo reiteré durante la entrevista y con firmeza sostuve lo que había escrito y lo que había demostrado.

J.M.V.: Un paréntesis sobre esa entrevista: Ahí el presidente Uribe dice “es que usted se ganó una beca y yo sé que usted se la pasa hablando mal de Colombia en esa universidad”, ¿no cree usted que le hicieron un seguimiento por fuera del país durante su estadía en California, Estados Unidos?

D.C.: No, yo creo que no. Yo creo que eso resultó de otra cosa. Uno de mis compañeros en Stanford es una periodista muy notable que se llama Jo-Ann Armao, que es la editora de Opinión del diario Washington Post. Poco después de que yo terminara mi estancia en Stanford y estaba en la universidad de Berkeley, el presidente Uribe viajó a Estados Unidos —en uno de sus numerosos viajes para gestionar el Tratado de Libre Comercio (TLC)—, y un punto su agenda era la reunión con el comité editorial del Washington Post.

Y estando allí, Jo-Ann Armao le preguntó acerca de mi caso y de mi seguridad. Y él dijo que yo debía volver a Colombia, que si quería él me mandaba a sus propios guardaespaldas a cuidarme —pues como si fueran empleados suyos y no como agentes del Estado—, y que él estaba cansado de que yo hablara mal de él y de su familia, lo mismo que estaba cansado de un señor “mechudo” de El Espectador, y se volteó hacía la embajadora Carolina Barco a preguntarle cómo se llamaba y le dijo que Alfredo Molano. Y se refirió, aún frente al comité editorial del Washington Post, en términos muy desobligantes sobre Alfredo Molano y sobre mí.

Él piensa que esas cosas también las hacía impunemente y resulta que hay colegas que terminan informándole a uno eso. Además, se imaginaba que, como nos insultaba en español, las personas que estaban ahí, ninguna entendía español y resulta que sí, entendían y entendieron perfectamente lo que él dijo y cómo quiso descalificarnos frente a un medio de comunicación internacional.

Lo que digo en privado de Álvaro Uribe y de su gobierno, es lo mismo que digo en público. Yo no le tengo miedo a él, yo he tenido que superar mis problemas de seguridad y los intentos de desprestigio auspiciados por él, y lo seguiré haciendo. No le temo, no le temo al señor ex presidente Uribe. Si quiere callarme va a tener que recurrir a métodos más drásticos, porque, como va, no me va a callar.

J.M.V.: ¿Cuáles son las consecuencias para un periodista cuando un jefe de Estado lo descalifica y pone un manto de dudas frente a su trabajo y cuando lo vincula con el terrorismo?

D.C.: Las consecuencias en la seguridad son terribles.

Quiero poner como ejemplo lo que pasó con Hollman Morris en el Putumayo (en 2005), cómo el presidente Uribe hizo unas declaraciones totalmente salidas de la realidad, con el propósito de desprestigiarlo; y cómo después las rectificó de manera tan asordinada y modesta con relación a la difusión inicial que dieron.

Quiero resaltar en eso el momento de la liberación de una de las personas liberadas por gestión de Piedad Córdoba (en febrero de 2009), cómo también quiso desacreditar a Hollman Morris y presentar una cosa como lo que no era.

Y eso muestra que el presidente ha usado su investidura para perseguir al periodismo que le resulta incómodo. También a sus opositores políticos. En una democracia debe existir la garantía de que se puede ejercer oposición, aquí desapareció.

J.M.V.: ¿Por qué cree usted que el ex presidente Uribe piensa que les daba unas prerrogativas a los periodistas, cuando son las bases de una democracia?

D.C.: El ex presidente Uribe tiene cierta concepción feudal del mundo, él piensa que es señor de vidas y haciendas, y que cumplir la Constitución es algo que le debemos agradecer. Entonces, mire que el presidente no actuó en contra del fallo de la Corte Constitucional, o mire que el presidente no metió a la cárcel a los periodistas que denunciaron las cosas que él había hecho, pero hizo todo lo posible porque así fuera, hizo todo lo posible por desacreditarnos. Mejor dicho: ha hecho, porque no es parte del pasado, lo sigue haciendo.

Ha hecho todo lo posible por acabar con cualquier posibilidad de disentir de sus políticas, criminalizando a quienes han tenido posiciones en contra de las suyas.

Entonces, a mí me parece, que no es algo que se le debe agradecer a Uribe y que, con el curso de los años, cuando se mire con el contexto del tiempo lo que fue la obra de Uribe, con todo lo bien que hizo —porque Uribe también hizo muchas cosas buenas—, tendrá el país que mirar todo lo que hizo mal y qué tanto daño le hizo a la incipiente democracia colombiana, con sus actitudes.

J.M.V.: ¿Cuál es la reflexión que usted le hace a la sociedad colombiana sobre el escándalo del DAS?

D.C.: La reflexión más dolorosa que hago es que la mayoría de los colombianos han sido indiferentes ante esos temas, pensando en que cuando hablamos de ‘chuzadas’ a magistrados —altos jueces que estaban investigando la ‘parapolítica’—, a dirigentes políticos de oposición, a periodistas, estamos, básicamente, defendiendo unos derechos individuales a la intimidad de unas personas y no el derecho de la sociedad a saber lo que estaba pasando. Eso es, especialmente, doloroso pero es algo con lo que tenemos que vivir.

Los periodistas, a veces, para cumplir con nuestro deber, tenemos que apartarnos de las opiniones mayoritarias. Nosotros no somos artistas, ni somos políticos que estamos buscando el aplauso con nuestro trabajo. A veces contradecir la opinión mayoritaria es nuestro deber.

Si uno, o dos periodistas, o tres o diez, hubieran sacrificado su vida para contarle a la Alemania de la época Nazi las realidades de su gobierno, depronto el mundo se habría evitado el mayor horror de su historia.

En otra escala y en otra dimensión del cumplimiento del deber, nosotros los periodistas tenemos la obligación de investigar lo que pasa en el poder y lo que ha pasado con Álvaro Uribe, aunque eso sea impopular, aunque eso no nos merezca aplausos sino desprestigio.

Coraje para la memoria

Hace unas semanas la Fiscalía vinculó mediante indagatoria a Ferney Tapasco González y a su hijo, el ex representante a la Cámara Dixon Tapasco Triviño, por su presunta autoría intelectual en el asesinato del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra Hernández.

La noticia no sorprendió a nadie. Minutos después de la muerte del periodista, todos, en medio de la indignación, señalaron a la clase política caldense, más exactamente a los Tapasco, como culpables del crimen. Posteriormente, fueron las investigaciones las que conformaban dicha tesis, que hasta ahora se examina.

¿Y por qué ocho años después se empieza a contemplar esta hipótesis? El Fiscal General de la época, el señor Luís Camilo Osorio —actual Embajador de Colombia en México—, descalificó esa conjetura aduciendo, en varias oportunidades, que “esos trabajos van en contra del verdadero curso del proceso, generando sensación de impunidad”.

Es preciso recordar que el peor momento de la investigación del crimen del humorista y periodista Jaime Garzón, fue durante la administración de Osorio (2001-2005). El caso prácticamente estuvo paralizado durante varios años y se dejaron de explorar varias tesis que hoy cobran toda credibilidad. Lo mismo pasó en el caso del subdirector de La Patria.

Orlando Sierra recibió tres disparos en la cabeza el 30 de enero de 2002. Dos días después, murió. Luís Fernando Soto, autor material del homicidio, fue condenado a 19 años de prisión, sin embargo, recibió múltiples rebajas de pena y purgó escasos cinco años en la cárcel. Los coautores del parricidio, Luís Miguel Tabares, alias ‘Tilín’, y Luís Arley Ortiz, alias ‘Pereque’, actualmente pagan una condena de 28 años por facilitar el asesinato del reportero.

Aunque en este caso hay condenados no sabemos quién dio la orden para perpetrar el homicidio. Por lo tanto, la vinculación de los Tapasco constituye un avance contra la impunidad.

Sin embargo, llegar a este punto de la investigación ha tenido un alto costo. A raíz de la captura de los autores materiales, fueron asesinadas doce personas. Esta cadena de homicidios silenció a muchos testigos.

Orlando Sierra entendió el periodismo como la defensa de los intereses ciudadanos. A través de su columna “Punto de Encuentro” denunció la corrupción de su natal Caldas poniéndole nombre y apellido, sin pensar las consecuencias que esto traía.

“Es que yo soy inmune cuando escribo y muy frágil después de que sale publicado”, sostuvo en una entrevista el reputado periodista. “Yo siento que nadie me puede hacer nada cuando estoy escribiendo”, agregó.

Cada semana, los lectores tenían una cita con él por la claridad conceptual de sus escritos, por su nivel cultural y por su especial forma de hacer crítica. Fue así como se convirtió en el columnista más influyente y respetado de la región y, sin duda alguna, uno de los ejemplos más importantes que hoy tienen las nuevas generaciones de periodistas.

El coraje que caracterizó a Orlando le dio la victoria en una batalla, como él mismo lo formuló: “Ya estamos soportando una guerra, una batalla de armas, como para que, además, tengamos que soportar una batalla de silencios”.

El compromiso de Sierra estuvo por encima de las amenazas de muerte, del ingente miedo que llegó a sentir. “Tratar de silenciar a los periodistas es un acto doblemente terrorista”, recitó en muchas oportunidades.

Orlando Sierra fue un enemigo del silencio. Sin embargo, como lo definió el presidente de la FLIP, Ignacio Gómez, “la muerte de un periodista silencia a miles”. Y el crimen del subdirector del diario caldense ha implicado que muchos periodistas hagan la tarea que los asesinos quieren que hagan: no buscar la verdad, no denunciar y emprender una batalla en silencio.

Enaltecer y enseñar el legado del Orlando Sierra es garantizarles a los colombianos un referente de verticalidad e integridad.

Por Orlando y el periodismo: ¡JUSTICIA!

Agenda: La semana pasada, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri (Estados Unidos) hizo entrega de su tradicional medalla de Honor a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en reconocimiento a su labor en la defensa de la libertad de prensa. A Ignacio Gómez, presidente; a Carlos Cortés, ex director; a Andrés Morales, actual director; a Mauricio Durán y a todo el equipo de la FLIP, les expreso mis más sinceras felicitaciones por trabajar día a día para que los crímenes de decenas de periodistas no queden en la impunidad y para que se respete este derecho fundamental.

¿Coincidencia o corrupción?

Una investigación del diario El Espectador reveló que el Estado está en serias dificultades para recuperar 224 mil millones de pesos que el Banco Agrario le prestó, mayoritariamente, a los floricultores como medida para enfrentar oscilaciones del dólar.

Los créditos —entre 14 millones y 18 mil millones de pesos— se aprobaron en septiembre de 2008 durante la gestión de Andrés Felipe Arias como ministro de Agricultura, a través de un reglamento especial del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) con el objetivo de beneficiar a productores afectados por la revaluación.

BanAgrario benefició a más de 100 empresarios de las flores —con el beneplácito del ex ministro—, algunos de los cuales se declararon en quiebra y no podrán pagar la deuda que tienen con la entidad financiera del Estado. La plata está embolatada, denuncia el periódico.

Pero la investigación del medio impreso —complementada por el periodista Daniel Coronell y el equipo de la W Radio—, fue más allá, y expone que varios de los favorecidos con los préstamos son donantes de la campaña de Arias, como precandidato presidencial del partido Conservador. (Qué coincidencia)

Entre los floricultores aportantes que recibieron créditos en BanAgrario se encuentran: el empresario Nicolás Benjamín Nannetti Lasser, quien aportó 5 millones a la campaña de Arias, adquirió créditos por 82 mil 385 millones para las 14 empresas del Grupo American Flor que representa.

Francisco Bazzani, de la compañía CI La Plazoleta, aportó un millón a la campaña y recibió 1.800 millones de crédito. Arturo Harker Borda, representante de la compañía Tinzuque S.A., obtuvo más de 7 mil millones para sus tres empresas y donó un millón.

El registro del Banco estatal, publicado por El Espectador, también dice que Gloria Correa de Cock, de la sociedad Tahami & Cultiflores, alcanzó 2.798 millones. Correa concedió dos millones a la campaña del dirigente conservador.

La planilla de recaudos de la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias muestra una donación de 10 millones de pesos por parte del señor Jaime Mauricio Restrepo Arango. Restrepo es el mayor accionista del Grupo Falcon Farms, compañía que recibió más de 12 mil millones en créditos.

Pero también hay otra perla. El director regional de Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) en Antioquia, Marco Alberto Ossa, emitió una circular donde instruye a los empresarios del gremio para que hagan donaciones a la campaña del ex ministro. El gremio de las flores fue privilegiado por Arias durante su administración.

De los 117 aportes que llegaron a la campaña del entonces precandidato presidencial, 43 donaciones, un poco más del 40%, entraron del sector floricultor.

La mera coincidencia de los créditos pone, nuevamente, en el ojo del huracán al cuestionado ex ministro, a quien la Procuraduría le acaba de formular pliego de cargos por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El Ministerio Público lo acusa de tres faltas gravísimas y una grave, que constituyen las infracciones más altas al código disciplinario y que contemplan sanciones hasta de 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, como lo sustenta un informe de LaSillaVacía.com.

Según el ente acusador, Andrés Felipe Arias i) realizó contratos sin estudios técnicos o jurídicos con el IICA por un monto de 180 mil millones de pesos; ii) entregó subsidios sin reglas claras para asignarlos; iii) la aplicación para acceder a los subsidios de AIS era muy costosa, por lo tanto era inalcanzable para los pequeños productores del campo; iv) mintió para eludir la licitación; y v) sobrepasó los gastos de administración y en operación del programa.

El escándalo de AIS también es objeto de investigación por parte de la Fiscalía —organismo judicial que la semana pasada llamó a siete funcionarios (mandos medios) del ministerio de Agricultura por el delito de contratación indebida—, por violación al código penal, y de la Contraloría, por detrimento del patrimonio público.

Termino con una píldora para la memoria: “Si alguien llega a demostrar ¡alguien!, que Andrés Felipe Arias o Álvaro Uribe, pudo meter un dedo para decidir cómo se asignaban los recursos… renuncio a la vida pública”, sostuvo el ex ministro durante el consejo comunitario #252 del gobierno anterior, el 17 de octubre de 2009.

“Y estoy tranquilo porque nadie nunca lo va a poder demostrar”, culminó Arias.

Amanecerá y veremos.

Foto: 'El Espectador'