¿Coincidencia o corrupción?

Una investigación del diario El Espectador reveló que el Estado está en serias dificultades para recuperar 224 mil millones de pesos que el Banco Agrario le prestó, mayoritariamente, a los floricultores como medida para enfrentar oscilaciones del dólar.

Los créditos —entre 14 millones y 18 mil millones de pesos— se aprobaron en septiembre de 2008 durante la gestión de Andrés Felipe Arias como ministro de Agricultura, a través de un reglamento especial del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) con el objetivo de beneficiar a productores afectados por la revaluación.

BanAgrario benefició a más de 100 empresarios de las flores —con el beneplácito del ex ministro—, algunos de los cuales se declararon en quiebra y no podrán pagar la deuda que tienen con la entidad financiera del Estado. La plata está embolatada, denuncia el periódico.

Pero la investigación del medio impreso —complementada por el periodista Daniel Coronell y el equipo de la W Radio—, fue más allá, y expone que varios de los favorecidos con los préstamos son donantes de la campaña de Arias, como precandidato presidencial del partido Conservador. (Qué coincidencia)

Entre los floricultores aportantes que recibieron créditos en BanAgrario se encuentran: el empresario Nicolás Benjamín Nannetti Lasser, quien aportó 5 millones a la campaña de Arias, adquirió créditos por 82 mil 385 millones para las 14 empresas del Grupo American Flor que representa.

Francisco Bazzani, de la compañía CI La Plazoleta, aportó un millón a la campaña y recibió 1.800 millones de crédito. Arturo Harker Borda, representante de la compañía Tinzuque S.A., obtuvo más de 7 mil millones para sus tres empresas y donó un millón.

El registro del Banco estatal, publicado por El Espectador, también dice que Gloria Correa de Cock, de la sociedad Tahami & Cultiflores, alcanzó 2.798 millones. Correa concedió dos millones a la campaña del dirigente conservador.

La planilla de recaudos de la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias muestra una donación de 10 millones de pesos por parte del señor Jaime Mauricio Restrepo Arango. Restrepo es el mayor accionista del Grupo Falcon Farms, compañía que recibió más de 12 mil millones en créditos.

Pero también hay otra perla. El director regional de Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) en Antioquia, Marco Alberto Ossa, emitió una circular donde instruye a los empresarios del gremio para que hagan donaciones a la campaña del ex ministro. El gremio de las flores fue privilegiado por Arias durante su administración.

De los 117 aportes que llegaron a la campaña del entonces precandidato presidencial, 43 donaciones, un poco más del 40%, entraron del sector floricultor.

La mera coincidencia de los créditos pone, nuevamente, en el ojo del huracán al cuestionado ex ministro, a quien la Procuraduría le acaba de formular pliego de cargos por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El Ministerio Público lo acusa de tres faltas gravísimas y una grave, que constituyen las infracciones más altas al código disciplinario y que contemplan sanciones hasta de 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, como lo sustenta un informe de LaSillaVacía.com.

Según el ente acusador, Andrés Felipe Arias i) realizó contratos sin estudios técnicos o jurídicos con el IICA por un monto de 180 mil millones de pesos; ii) entregó subsidios sin reglas claras para asignarlos; iii) la aplicación para acceder a los subsidios de AIS era muy costosa, por lo tanto era inalcanzable para los pequeños productores del campo; iv) mintió para eludir la licitación; y v) sobrepasó los gastos de administración y en operación del programa.

El escándalo de AIS también es objeto de investigación por parte de la Fiscalía —organismo judicial que la semana pasada llamó a siete funcionarios (mandos medios) del ministerio de Agricultura por el delito de contratación indebida—, por violación al código penal, y de la Contraloría, por detrimento del patrimonio público.

Termino con una píldora para la memoria: “Si alguien llega a demostrar ¡alguien!, que Andrés Felipe Arias o Álvaro Uribe, pudo meter un dedo para decidir cómo se asignaban los recursos… renuncio a la vida pública”, sostuvo el ex ministro durante el consejo comunitario #252 del gobierno anterior, el 17 de octubre de 2009.

“Y estoy tranquilo porque nadie nunca lo va a poder demostrar”, culminó Arias.

Amanecerá y veremos.

Foto: 'El Espectador'

La justicia se demora pero llega

“Usó la desaparición forzada y la tortura como parte de su estrategia antisubversiva, persiguió a la oposición política y fue cómplice constante de la violación de los derechos humanos”.

La justicia peruana dio muestras de voluntad, capacidad e independencia en el juicio contra el ex Presidente Alberto Fujimori, quien el pasado martes 7 abril fue condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.

El ‘Chino’, como familiarmente lo llaman sus admiradores, es acusado de ser el autor mediato de la masacre de Barrios Altos, ocurrida en noviembre de 1991, donde fueron asesinadas 15 personas —entre ellas un niño de 8 años— y la desaparición y homicidio de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en julio de 1992.

Estos hechos fueron perpetrados por el grupo Colina, un escuadrón de la muerte conformado por militares que desarrollaba operaciones de inteligencia, desde 1991, para la lucha contra la subversión. Sin embargo, se convirtió en una organización que maniobraba secretamente y que tenía licencia para realizar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Todo contó con el aval y la autorización del entonces Presidente Fujimori, bajo el argumento de “combatir el terrorismo”. Colina operó hasta 1992, cuando los secuestros y asesinatos empezaron a la salir a la luz pública gracias a las investigaciones de la prensa.

Para esa época, Perú vivía una ola de violencia por “Sendero Luminoso”, el grupo insurgente que le declaró la guerra al Estado. No obstante, el gobierno de Fujimori logró la captura de Abimael Guzmán, su máximo líder, a quien mostró como un trofeo en septiembre de 1992, prácticamente derrotando a la guerrilla. La barbarie de la guerra ha cobrado la vida de unos 70 mil peruanos.

Fujimori también es sentenciado por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti —corresponsal de El País de España en Perú—, quienes fueron llevados a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el primero en el contexto del golpe de Estado en abril de 1992, y el segundo, por una supuesta orden de captura por actos de terrorismo. Ambos fueron liberados posteriormente.

Recordemos que el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori asumió todos los poderes con el apoyo de los militares disolviendo el poder legislativo y judicial, además del Tribunal de Garantías Constitucionales. Se trató de una política en un contexto en el que el Presidente controlaba todas las instancias.

“El tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los cuatro hechos juzgados (…) declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable, por consiguiente la sentencia que se emite es condenatoria” dijo César San Martín, Magistrado de la Sala Especial de la Corte Suprema de Perú al emitir el fallo.

La justicia inca declaró a Fujimori autor de homicidio agravado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel. Todos estos crímenes fueron calificados como “crímenes de estado” y los dos primeros como “crímenes de lesa humanidad”.

De inmediato, los fujimoristas, liderados por Keiko Sofía Fujimori —hija mayor y ex primera Dama de la Nación— dejaron ver su desacuerdo con la decisión y expresaron que el fallo “es una aberración que destila odio y venganza”. Asimismo, agregaron que “los fujimoristas vamos a salir a las calles pacíficamente a respaldar al mejor presidente que ha tenido el país, que venció al terrorismo. Millones se van a unir a nosotros para apoyar a Fujimori (…) Si piensan que esta condena nos va a debilitar, se equivocan. Los fujimoristas crecemos y nos fortalecemos frente a estas injusticias. No en vano ocupamos los primeros lugares en las encuestas. Las elecciones del 2011 lo van a confirmar”.

La hija del ex mandatario actualmente es congresista, consiguió una curul con más de 600 mil votos y es la futura candidata a la Presidencia de la República en los comicios del 2011. Ella sostuvo que si llegase al poder lo primero que haría sería indultar a su padre, es decir, que el Estado le perdonaría todos los delitos, argumentando que él fue quien llevó al Perú a la paz. Sin embargo, Ronald Gamarra, abogado de las víctimas, dice que “ni siquiera en un eventual Gobierno de Keiko Fujimori, el ex Presidente tendría derecho a un indulto puesto que el Tribunal señaló en su sentencia, que los delitos constituyen crímenes contra la humanidad”.

Esta es la segunda condena que recibe el ex mandatario peruano, pues ya paga seis años de cárcel por el delito de abuso de autoridad por el allanamiento ilegal a la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos en donde buscaba videos y pruebas que los pudieran incriminar, esto fue interpretado como obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas.

Por otra parte, Fujimori deberá responder por cuatro cargos más: interceptación ilegal de líneas telefónicas a miembros de la oposición, malversación de fondos públicos para actividades delictivas, soborno a congresistas y transferencia de dineros a su asesor Montesinos. El Tribunal de la Corte Suprema ha anunciado que el juicio por estos delitos iniciará el próximo 11 de mayo.

Actualmente, el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, purga una condena de 20 años por corrupción, homicidio y venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Al culminar la sesión condenatoria, la defensa de Fujimori anunció que apelará la decisión. Esta apelación será revisada por otra sala de la Corte Suprema, integrada por cinco magistrados.

Fujimori gobernó durante 10 años Perú (1990 – 2000) con mano dura y llegó a tener un índice de popularidad del 86%, cosa que percibió como respaldo a su estrategia de combatir a la guerrilla, que incluía el uso de todos los medios a su alcance. No obstante, el ‘Chino’ recurrió al soborno, la extorsión y la intimidación para concentrar el poder en la Presidencia, quebrando el proceso legal y democrático, eliminando la independencia de los poderes de las ramas del poder público. Del mismo modo, utilizó algunos medios por fuera de la ley para alcanzar sus metas.

Su gobierno estuvo plagado de corrupción y ejerció un poder sin contrapesos, que incluyó el cierre del Congreso y la modificación de la Constitución para permitir su reelección. Durante los juicios Fujimori ha sustentado su convicción bajo la tesis que él ideó una nueva estrategia contra el terrorismo, recuperó las cárceles, puso orden en las universidades y organizó y armó rondas campesinas para combatir a la contrainsurgencia. Ante el Tribunal de la Corte expresó que gobernó durante una etapa difícil y que llegó al poder cuando Perú era “un desastre”.

Alberto Fujimori renuncia a la Presidencia de la República en noviembre de 2000, días después de conocerse unos vídeos donde aparece Vladimiro Montesinos, su asesor, sobornando a congresistas. El ex mandatario envió un fax desde Japón —país que le concedió la ciudadanía— donde se “refugió” como mecanismo para evadir la justicia peruana. Sin embargo, fue capturado en Chile en 2005 y su extradición a Perú se hizo formal en septiembre de 2007.

La Corte Suprema de Justicia desempeñó una labor ejemplar, garantizando el debido proceso y la transparencia de la investigación. Es la primera vez que un ex Presidente Latinoamericano, constitucionalmente elegido, es condenado por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El fallo ya es un referente internacional porque establece que el poder no puede ejercerse de forma autocrática y dictatorial, además sirve como ejemplo para otros países porque muestra cómo un Tribunal Nacional puede juzgar a un ex jefe de Estado con todas las garantías y que no necesitó de estrados internacionales.

Esta sentencia deja una claro mensaje: el fin no justifica los medios, es decir, ningún propósito justifica la comisión de graves crímenes. El poder judicial inca comprobó que con autonomía se puede juzgar a los más poderosos.

El dictamen final nos permite entender que el hecho de que un mandatario tenga popularidad no indica que éste pueda estar por encima de la ley. Popularidad no significa legitimidad y ella no conduce a la legalidad.

La condena al ex Presidente de Perú fue celebrada por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) porque el veredicto “constituye un importante avance para promover justicia por las violaciones de derechos humanos en la región y en el mundo”.

María McFarland, investigadora principal de la División de las Américas de HRW, estuvo presente en el juicio y expresó que “mediante esta sentencia y el desempeño ejemplar que tuvo (…) el tribunal peruano ha demostrado al mundo que ni siquiera los ex jefes de Estado pueden lograr que sus delitos queden en la impunidad”. Además, “demuestra el rol fundamental que puede tener un tribunal independiente para juzgar abusos cometidos en el pasado y fortalecer el Estado de derecho".

Por otra parte, el ex Procurador Anticorrupción de Perú, José Ugaz, sostuvo que Fujimori no ha sido condenado “por haber sido presidente, sino por ser un jerarca que tuvo el control de un aparato criminal”. Al mismo tiempo, recalcó que, aún cuando Fujimori fuera indultado, no podría volver a aspirar a la Presidencia.

Juan Méndez, Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, aseveró que “el juicio y el fallo son un ejemplo para el mundo de cómo las instituciones judiciales nacionales cuando actúan con independencia y respetando todas las garantías del debido proceso pueden hacer justicia en casos que involucran a un ex jefe de estado”. “Este hecho constituye una reivindicación moral de las víctimas a las múltiples voces que exigieron justicia”, agregó.

Finalmente, McFarland manifestó que el Tribunal debe continuar demostrando la misma imparcialidad y transparencia que aplicó durante la etapa del juicio, refiriéndose al estudio de la apelación que presentará César Nakazaki, abogado de Fujimori. “Si es así, confiamos que se mantendrá la condena”.

La justicia peruana deja una lección de autonomía e independencia que debe aprenderla e interiorizarla el gobierno y la sociedad colombiana. Esta sentencia nos recuerda que la justicia puede demorarse pero finalmente llega.

Los colombianos debemos reflexionar qué tan parecido es el Perú durante el periodo 1990-2000 a la Colombia de nuestros días, donde en los últimos años se han conocido las ejecuciones extrajudiciales más escalofriantes —se estima que van 1200 asesinatos—, se ha modificado la Constitución con el ánimo de perpetuar a alguien en el poder, se ataca constantemente a la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos, se interceptan ilegalmente los teléfonos, el Ejecutivo quiere deslegitimar a las Altas Cortes de Justicia, se han sobornado congresistas para la tramitación de proyectos de Ley, la rama Legislativa está filtrada por paramilitares y la mayoría de los medios de comunicación vende una excelente imagen del Presidente de la República, quien goza de la más alta popularidad.

Dejo a juicio de los lectores si nuestro hermano pueblo peruano nos está dando una lección moral que puede impedir que cometamos los mismos errores y se repita la historia.

Cualquier parecido del caso Fujimori con nuestra realidad, es pura coincidencia.

Fotografía - Archivo 'El Espectador'

“Presidente, a mí me van a matar”

Fue secuestrado, torturado y después ejecutado a tiros. Su cuerpo fue encontrado en "La Boca del Zorro", en la vía que comunica al municipio de Sampués con la capital del departamento de Sucre, Sincelejo.

(1 de febrero de 2003) Hace una mañana calurosa, muy plácida. El hermoso paisaje del pueblo ganadero de Corozal se dispone a recibir al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y a su gabinete ministerial, para el consejo comunitario, en donde se tratarán temas concernientes a servicios públicos, educación, turismo, vías, producción agrícola, implementación de programas de mejoramiento de vivienda rural, entre otras cosas.

El Gobernador de Sucre, Salvador Arana, y los alcaldes de Sincelejo, San Onofre, Morroa y San Benito, han preparado sus discursos de intervención para el evento auspiciado por el Ejecutivo. Arana Sus, se sienta al lado del Presidente Uribe, entre los dos vociferan los logros del departamento.

Una vez terminado el discurso de la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, interviene el Alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, quien ha sido suspendido provisionalmente de su cargo por presuntas irregularidades en el desempeño de su labor por orden del Ministerio Público. Semanas antes, Díaz había sido acusado de suministrarle viveres y ayuda a la guerrilla del ELN, según una investigación del DAS.

El Alcalde aprovecha la convocatoria del Gobierno y durante más de 10 minutos arremete contra los políticos de su región, a quienes acusó de corruptos. Asimismo, le pide al Presidente que la investigación que le abrió la Procuraduría Regional sea enviada a la Procuraduría General y a la Fiscalía porque —afirmó— “hay una alianza macabra” contra él, conformada por Eric Morris (Ex Gobernador), Salvador Arana (Gobernador), Tatiana Moreno (Procuradora Regional) y Carlos Arturo Gómez Pavajeau (Viceproducrador General de la Nación).

Con esto se están buscando dos cosas —continúa el Alcalde— y se van a conseguir: ya hubo la suspensión, ahora llega la destitución y después viene mi muerte. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar”.

El Presidente de la República, se queja del “desorden” del Alcalde, pero, ante la gravedad del asunto, se compromete con el país, a enviar el caso de Díaz Salgado a la Procuraduría General y le ofrece garantías a su vida, pues ese es el principio preponderante de la Política de Seguridad Democrática.

El consejo comunitario culmina exitosamente con la entrega, por parte del primer mandatario, de créditos a los microempresarios corozaleros.

Eudaldo ‘Tito’ Díaz, fue elegido en el año 2000 como Alcalde de El Roble con el aval del movimiento Vía Alterna, embrión del Polo Democrático Independiente (PDI). Durante su mandato denunció la expansión paramilitar en Sucre y el apoyo que los políticos le dieron a este proyecto, pues, de acuerdo con Díaz, se estaban destinando recursos para el fortalecimiento de las autodefensas.

Lo escandaloso de la situación es que quien estaría planeando el asesinato del Alcalde era la plana mayor de la política sucreña, conformada por el Gobernador Salvador Arana; Álvaro García Romero, Senador; Eric Morris, ex Gobernador; Jairo Enrique Merlano, Senador; hoy todos investigados y procesados por sus vínculos con grupos de ultraderecha. Eudaldo Díaz le daba inicio a la denominada ‘parapolítica’.

(5 de abril de 2003) Dos meses después del consejo comunitario, el Alcalde de El Roble es secuestrado. Mucho antes, ‘Tito’ Díaz le había dicho a su familia que si algo pasaba con su vida era responsabilidad de Salvador Arana. Adicionalmente, le había pedido protección al Comandante de la Policía de Sucre, Norman Arango, argumentando que necesitaba otro escolta, petición que, al parecer, no fue atendida.

Cinco días posteriores al secuestro, el cuerpo del Alcalde de El Roble es hallado con varios disparos y visiblemente torturado a las afueras de Sincelejo.

La investigación del homocidio empezó con la decisión del Fiscal General Luís Camilo Osorio al dictar un auto inhibitorio a Salvador Arana, es decir, daba crédito a la inocencia del Gobernador de Sucre argumentando que los cargos imputados “se aprecian inverosímiles, pues no puede creerse que una persona con la trayectoria y formación del doctor Salvador Arana Sus (se trata de un médico cirujano, con amplia experiencia en el sector público y sin antecedentes penales ni disciplinarios) participe en conductas tan reprobables como las que gratuitamente se le endilgan”, dice el dictamen.

Sólo hasta noviembre de 2006, Arana fue formalmente vinculado al proceso cuando la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía copias de un expediente que señalaba al ex Gobernador como creador y patrocinador del paramilitarismo en Sucre. Esta decisión controvertía el fallo de Luis Camilo Osorio.

Durante estos primeros tres años de impunidad, Salvador Arana fue nombrado Embajador en Chile por el propio Presidente Uribe, aún cuando el mismo Eudaldo Díaz, le había dicho en el consejo comunitario que quien estaría detrás de su asesinato era la persona que se sentó a su lado. Igualmente, el Coronel Norman Arando fue nombrado agregado militar en la Embajada de Colombia en Francia.

La Fiscalía dictó orden de captura contra Arana sindicado de desaparición forzada, homocidio agravado y concierto para delinquir, además de ser permisivo con los paramilitares. El dictamen se basó en testimonios de miembros de las Autodefensas, quienes aseguraron que Arana se reunía, frecuentemente, con Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, jefe paramilitar que operaba en la costa atlántica occidental y ejecutaba las masacres más sangrientas, como por ejemplo, la de Chengue, en donde fueron asesinados 27 campesinos a cargo de 80 paramilitares dirigidos por ‘Cadena’ en 2001.

La Interpol emitió una circular roja para la captura del ex Gobernador de Sucre y ex diplomático en diciembre de 2006 y se difundió en 186 países. Salvador Arana duró 18 meses profugo de la justicia.

Sólo cinco años después fue capturado por el CTI de la Fiscalía en un lujoso apartamento en el sector del Rodadero en Santa Marta. Actualmente se adelanta el pliego de cargos que tiene en su contra. En el expediente, los declarantes sostienen que el ex Gobernador pagó 120 millones de pesos para el asesinato de ‘Tito’ Díaz, todo indica que los hombres del desaparecido ‘Cadena’ ejecutaron el delito.

Esta semana se cumplen 6 años del homicidio de Eudaldo Díaz Salgado y su caso sigue en la impunidad. Desde el mismo año de su muerte los testigos que se han presentado a declarar empezaron a ser asesinados. La cifra llegaría a 12 personas. Además, algunos declarantes claves han sido amenazados para cambiar su testimonio a favor del principal sospechoso del crimen, Salvador Arana.

Primero fue desaparecido Álvaro Bautista Pérez, quien supuestamente se desempeñaba como escolta del Alcalde de El Roble y fue quien acompañó a Díaz en la reunión que tenía con Arana en abril de 2003. David Romero Posso, ex escolta de Díaz fue asesinado el 15 de julio de 2003.

Después fue Daniel Cuesta Bader, vigilante de la joyería Myriam de Sincelejo, y hermano de un paramilitar conocido como 'el Pájaro', quien al parecer presenció el secuestro del Alcalde, su homicidio ocurrió el 12 de agosto de 2004.

El mismo destino tuvo Diógenes Meza, mesero del restaurante La Becerra en Sincelejo, quién sufrió un atentado luego de declarar ante la Fiscalía sobre una reunión que hubo en su lugar de trabajo entre el cuñado de Arana, Said Tatis, y fuerzas paramilitares en donde se dio la orden de asesinar al Alcalde. Meza murió en agosto de 2005.

Porteriormente fue inmolado Juan Carlos Jiménez, alias ‘Caliche’, el 20 de julio de 2005, quien supuestamente cuidó a ‘Tito’ durante su cautiverio en la finca de Said Tatis. También fueron asesinados Carlos Eliécer Villegas, Eder Sotelo e Ignacio Romero, paramilitares que pudieron esclarecer mejor el caso y que, al parecer, participaron en el secuestro.

Juan Pablo Viloria, ex escolta del Alcalde, fue víctima de un atentado en la cárcel Modelo de Barranquilla y su hermano Isaias Viloria fue asesinado por ‘Cadena’ el 8 de septiembre de 2005.

En septiembre del año pasado el cuñado del ex Gobernador de Sucre, Said Isaac Tatis, sufrió un atentado donde murió Luís Carlos Montaño, un joven que al parecer nada tenía que ver con los hechos. Tatis recibió 25 tiros y quedó parapléjico. Según el expediente, Isaac Tatis fue dueño de la finca donde estaba secuestrado Eudaldo Díaz.

Más tarde el turno fue para Munir Cadavid, asesinado el 23 de diciembre de 2008, quien habría sido el facilitador entre la reunión de Eudaldo Díaz y Salvador Arana el oscuro 10 de abril.

El último capítulo de estos homocidios fue el atentado a Grey Tirado Mercado, esposa de Edelmiro ‘El Chino’ Anaya —actualmente detenido por el crimen del Alcalde— el pasado 5 de enero, que causó su muerte casi un mes después, el 2 de febrero de 2009. Ella había afirmado que su cónyuge estaba dispuesto a decir toda la verdad.

Esta serie de homicidios nos llevan a comprender que el caso no se ha resuelto, entre otras cosas, porque hay una mano oscura que está silenciado las voces que pueden llevar a encontrar el autor intelectual del crimen.

Por esta razón, Daniel Prado y Rafael Barrios, abogados de la familia Díaz han enviado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Ellos también expresaron que van a demandar al Estado colombiano por la muerte del Alcalde porque no recibió la seguridad que pidió a pesar de las graves amenazas que lo rodearon.

Del mismo modo, denunciaron que hay una orden en Sincelejo para atentar contra la Fiscal 29 de derechos humanos que lleva el caso, si el ex Embajador en Chile, Salvador Arana, es condenado por la muerte del Alcalde de El Roble. El asesinato de Eudaldo Díaz es otro, en la larga lista de crímenes cometidos por la barbarie paramilitar asociada a la corrupción política.

Fotografía de Salvador Arana - Archivo 'El Tiempo'.