Escándalo del DAS mucho peor que el ‘Watergate’

La sociedad colombiana todavía no dimensiona la gravedad de lo efectuado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República, no hay que olvidarlo— en contra de defensores de derechos humanos, magistrados de las altas Cortes, líderes de la oposición y periodistas independientes.

Cada día que pasa, la Fiscalía General de la Nación, con base en documentos hallados en el DAS, nos releva la infamia de la operación más criminal en la historia reciente; empezamos con interceptaciones —que la prensa denominó ‘chuzadas’— y ahora estamos descubriendo un aparato que planeó atentados terroristas, sabotajes, amenazas de muerte, espionaje ilegal, robos, montajes, entre otras prácticas ilegales que hoy tienen a familias enteras acudiendo a tratamientos psicológicos, por hecho de pensar diferente o, en la mayoría de los casos, controvertir la administración del presidente Álvaro Uribe en materia de derechos humanos.

Una de las acusaciones más peligrosas que ha hecho un jefe de Estado contra los organismos de derechos humanos se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2003 en la Escuela Superior de Guerra, el presidente Uribe dijo: “¡Politiqueros! Al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo, el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado”, esta una de las tantas afirmaciones del mandatario colombiano frente a sus tropas militares calificando y acusando a las ONG’s de “aliadas del terrorismo”.

En declaraciones a la prensa, funcionarios del DAS han expresado que los señalamientos del presidente Uribe eran vistos como una luz verde para dar inicio a los seguimientos ilegales con el fin de “restringir y neutralizar el accionar” de “organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales”, como expone el primer informe del CTI de la Fiscalía. Por otra parte, memorandos rotulados como “reservado” y “secreto”, contienen apuntes de los detectives que dicen: “entregar al presidente”.

El pasado 10 de abril, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, en desarrollo de la audiencia de imputación de concierto para delinquir contra altos funcionarios de la policía secreta, sostuvo que “desde la Casa de Nariño se direccionaron los seguimientos” y que “las órdenes para ‘investigar’ a los magistrados provenían del Ejecutivo”.

Y hace tres semanas, durante la acusación contra Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), por los seguimientos contra magistrados, Rodríguez expresó que la “UIAF actuó como una empresa criminal” y le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública.

Las pruebas de la Fiscalía apuntan que el alto gobierno, es decir, el presidente de la República, era el principal beneficiario de toda la operación criminal realizada por el DAS. Sin embargo, todavía no existe una evidencia que implique directamente al mandatario Uribe Vélez, quien terminó su administración como gobernador de Antioquia (1995 – 1997) con un escándalo de las mismas proporciones: más de 1800 líneas telefónicas interceptadas ilegalmente a defensores de derechos humanos en ese departamento, que dejaron dos asesinatos.

Un informe del Fondo de Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina, la Oficina en Estados Unidos sobre Colombia, el Centro Internacional de Política, y de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos —publicado el 17 de junio—, señala que “es posible que esta agencia de inteligencia haya llevado a cabo sus actos de vigilancia ilegal con órdenes emanadas de importantes asesores presidenciales”.

La publicación fue titulada “Mucho peor que el Watergate. Gran escándalo en torno a la Agencia de Inteligencia de Colombia” y recopila toda la información de las operaciones ilegales que desplegó el DAS: La “Operación Halloween” y “Operación Transmilenio”, señalan objetivos tales como: “generar controversia sobre las ONG”, “generar división dentro de los movimientos de la oposición”, “promover acciones para beneficiar al gobierno en las elecciones de 2006”, “neutralizar la influencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, establecer vínculos entre personas y grupos armados ilegales, y “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo”.

“La tarea de vigilancia (ilegal) está dirigida a las legítimas actividades diarias de organizaciones de derechos humanos, periodistas y otras personas”, dice el texto; que también sostiene que “la táctica esbozada en estas operaciones incluyó: incriminar a un periodista poniéndolo en un video guerrillero falso y pidiendo la suspensión de su visa (posiblemente americana)”.

Y agrega: “La Fiscalía parece estar realizando una investigación seria. Pero, al igual que en muchos casos delicados de Colombia, todavía está por verse si hay una buena investigación y proceso que termine no sólo en condenas adecuadas para los que protagonizaron esas actividades ilegales, sino también para los que, dentro y fuera del DAS, las ordenaron y las aprobaron”.

Del mismo modo, el informe de 12 páginas, insta a las autoridades a establecer si equipos donados por la embajada de Estados Unidos en Colombia fueron utilizados para estos actos ilegales y expone la importancia de “garantizar que de aquí en adelante no se podrá usar entrenamiento y equipos de EE.UU. con fines ilícitos”.

El escrito de las ONG’s norteamericanas concluye con una serie de recomendaciones al Congreso de los Estados Unidos para monitorear cuidadosamente y alentar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Procuraduría con el fin de establecer quién dio las órdenes para que el caso no quede en la impunidad.

“Igualar a defensores de DDHH con terroristas es prácticamente dar luz verde a figuras en la extrema derecha quienes ya están proclives a atacarlos violentamente”

Adam Isacson, encargado del equipo regional del Programa de Seguridad de WOLA, y anteriormente director de Programas del Centro para las Políticas Internacionales en Washington, hace una comparación entre el caso de los seguimientos ilegales del DAS con lo ocurrido en 1974 durante la administración del presidente Richard Nixon, quien renunció a su cargo por el escándalo del ‘Watergate’.

Julián Martínez Vallejo: ¿Qué lección le dejó a los estadounidenses el caso del 'Watergate' del presidente Richard Nixon?

Adam Isacson: El caso ‘Watergate’ nos dejó a los estadounidenses un nivel de desconfianza en nuestros líderes que nunca se había visto en nuestra historia. Desde ese momento, las encuestas han revelado que gran parte de la población siempre cree que los oficiales altos les están mintiendo gran parte del tiempo. También se aprendió que una rama del poder del Estado no debe quedar con demasiado poder, que siempre tiene que ser restringido por los otros poderes, con una veeduría cercana del público. Es una lección que hemos tenido que re-aprender después de la guerra de Irak y el colapso económico del año pasado.

J.M.V: En Estados Unidos se comprobó la participación de Nixon en las acciones de espía e interceptaciones al Partido Demócrata, sin embargo, el sucesor Gerald Ford lo indultó de toda culpa, ¿qué tan saludable fue para su país esa decisión?

A.I.: Para el país esa decisión fue un desastre. Nunca hubo un proceso de verdad y la justicia nunca logró tocar a Nixon a pesar del grave daño que le hizo a nuestro sistema. No había proceso de "clausura" de ‘Watergate’. Y el perdón seguramente le costó a Ford cualquier esperanza de verse reelegido.

J.M.V: ¿Cuándo es legal o ilegal hacer una interceptación o seguimiento en su país?

A.I.: Sólo se puede hacer cuando hay el permiso de un juez. En casos de terrorismo, hay jueces especializados. Pero en el gobierno de Bush había una enorme controversia sobre su práctica, aparentemente ilegal, pero nunca se ha castigado, y es hacer algunas interceptaciones de sospechados terroristas sin permiso judicial. Y una excepción grave es que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) tiene la capacidad de hacer interceptaciones de comunicaciones internacionales.

EL CASO COLOMBIANO

J.M.V: Interceptaciones ilegales por parte del DAS en Colombia han habido en los últimos gobiernos, pero la diferencia es que en la administración de Uribe la orden no sólo era interceptar sino “restringir y neutralizar el accionar de los 'blancos’”, como señala un informe del CTI de la Fiscalía, ¿qué opinión le merece esta orden?

A.I.: Esta orden es gravísima porque ni siquiera habla de actividad ilegal de parte de los "blancos". Habla de neutralizar las actividades totalmente legales (y necesarias) de políticos opositores, jueces e investigadores, defensores de los derechos humanos, y periodistas. Hablar de "restringir y neutralizar" actividades legales parece lenguaje de una orden del Stasi de Alemania Oriental.

J.M.V.: El ex presidente César Gaviria, en declaraciones a la prensa, ha dicho que Álvaro Uribe convirtió al DAS en una máquina criminal y lo calificó de querer ser un “dictador”, ¿qué opinión le merece esa declaración?

A.I.: Fue muy notable ver a un político respetado del establecimiento colombiano hablando así. César Gaviria es un ex aliado de Estados Unidos, un ex Secretario General de la OEA, un avatar del neoliberalismo económico. Ha llegado a esas alturas escogiendo bien sus palabras. Escuchar una opinión así de César Gaviria indica qué tan grave es el peligro en que se encuentra la democracia colombiana en este momento.

J.M.V.: Se especula que el DAS utilizó equipos norteamericanos y británicos para hacer las interceptaciones ilegales, ¿de comprobarse la utilización de esos equipos donados por Estados Unidos e Inglaterra, cuál es la sanción pertinente ó qué debe hacer el gobierno colombiano?

A.I.: La ley no contempla una sanción específica (y en algunos casos sabemos que son equipos dotados a la Fiscalía que fueron usados ilegalmente). Pero políticamente va a ser casi imposible para Estados Unidos darles tales equipos al DAS en el futuro. Ya miembros importantes del Congreso están preguntando e indagando sobre qué se le ha dado al DAS. Esos congresistas no van a tolerar futuras transferencias mientras esto queda sin esclarecerse.

J.M.V.: ¿De qué manera se coarta la libertad de expresión cuando se hace un seguimiento e interceptación ilegal a una persona, ya sea periodista, líder político, defensor de derechos o magistrado de la Corte?

A.I.: El efecto intimidatorio es enorme. La persona teme por su vida y las vidas de sus familiares. Casi nunca se siente con libertad de divulgar sus planes ni las cosas que aprende. Sus conversaciones telefónicas se limitan a vaguedades. Queda sin la capacidad de poder comunicarse a la distancia; solo puede divulgar cosas cara a cara o por medio de mensajeros de confianza. Y no puede tener una vida privada porque sabe que alguien, en algún lugar, siempre está mirando y grabando. También hay el estrés de vivir sabiendo que su estado, que lo debe estar protegiendo, lo ve como un enemigo.

J.M.V.: Los discursos del presidente Uribe demuestran —de alguna manera—, un odio contra los defensores de derechos humanos y en diferentes oportunidades los ha tildado de "hacerle apología al terrorismo", ¿qué opinión le merece en particular este discurso del presidente Uribe?

A.I.: Ese discurso —que frecuentemente utiliza ante audiencias militares— es altamente peligroso. Igualar a defensores de DDHH con terroristas es prácticamente dar luz verde a figuras en la extrema derecha quienes ya están proclives a atacarlos violentamente. También, como el presidente es popular, intenta deslegitimar el trabajo de un sector débil pero altamente necesario para la supervivencia de las libertades básicas en Colombia. Usar ese lenguaje es una irresponsabilidad grave, y ha tenido fuertes consecuencias por sus relaciones con Washington, especialmente con el Congreso.

J.M.V.: Usted ha dedicado su vida profesional en Colombia y le ha aportado mucho a nuestro país con sus estudios e informes, ¿qué tan saludable habría sido otro periodido del presidente Uribe? ¿Cómo califica usted el estado de la libertad de expresión en Colombia durante este gobierno?

A.I.: Quedar por 12 años es una mala idea por varias razones: la principal es el hecho de que, después de 8 años, casi todo alto oficial en las otras ramas del Estado ya es gente que le debe sus puestos al nombramiento del mismo presidente. Esto debilita mucho la independencia y el contrapeso del resto del estado. No hay control sobre el ejecutivo —y escuchar al presidente hablar de un "estado de opinión"— algún tipo de democracia plebiscitaria —al estilo Chávez— es altamente preocupante. Otra razón es porque ningún hombre es tan imprescindible que tiene que quedar en el poder por tanto tiempo. Un líder incapaz de soltar las riendas y dejar el poder es un líder con un problema de egoísmo desproporcionado.

La libertad de expresión en Colombia está bajo amenaza. Lo positivo es que ha habido menos asesinatos de periodistas y defensores de DDHH, y muchos han podido volver del exilio. Lo negativo es que las palabras amenazantes vienen del mismo presidente y su círculo íntimo, y que se están abusando gravemente las capacidades de los organismos de inteligencia doméstica. En demasiados casos se ve mucha autocensura, mucho miedo y muchas amenazas. Si vendría una respuesta abiertamente autoritaria, ya se ha preparado el terreno.

Foto: El Espectador

Se abre paso nueva demanda, esta vez por calumnia, contra el candidato presidencial Juan Manuel Santos

El ex ministro acusó a un periodista independiente de ser “cómplice del terrorismo”.

El 3 de febrero del 2009 cuando le preguntaron al ex ministro de Defensa —y hoy candidato a la presidencia de la República por el partido de la U— Juan Manuel Santos Calderón, sobre el papel del periodista Hollman Morris* en el sitio de las liberaciones de un soldado y tres policías por la guerrilla de las FARC, afirmó:

“Le permitieron ir, le dieron las coordenadas y estaba entrevistando a los secuestrados antes de que llegaran por ellos. Según dicen los agentes liberados y el soldado liberado, esas entrevistas fueron inclusive libreteadas”.

Santos fue mas allá y dijo que Morris “lo que estaba haciendo, claramente, era algún juego a las FARC”.

Las declaraciones del entonces ministro iniciaron un prolongado debate en los diferentes medios de comunicación colombianos sobre el papel de los periodistas en el cubrimiento del conflicto armado que vive Colombia.

Dichas declaraciones, desencadenaron una ola de amenazas contre el comunicador, su proyecto periodístico ‘Contravía’ y su familia; en Colombia la sociedad sabe que lanzar este tipo de señalamientos le cuestan la vida a la gente.

Precisamente por estas manifestaciones, los Comisionados para la libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, se pronunciaron y rechazaron las afirmaciones del ex ministro como las del presidente Uribe que, una y otra vez, lo señalaron de “aliado del terrorismo”.

El único pecado del comunicador, para maestros de ética periodística como el colombiano Javier Darío Restrepo, fue encontrarse en el lugar de la noticia en contravía a los designios presidenciales que prefieren una prensa oficialista.

Hoy se conoció un documento de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, fechado en julio del año pasado, donde declara el archivo de las diligencias en contra de Morris que incluso no alcanzaron a llegar a la imputación de cargos por las siguientes razones:

Dice la Fiscalía: “En primer lugar, nótese de las versiones de los policías liberados Lozano y Torres, se logra establecer que el periodista Hollman Morris, no ejerció ninguna clase de constreñimiento en el momento en que desarrolló la entrevista, sino por el contrario se limitaron al trabajo periodístico, como se advierte de las afirmaciones de los dependientes”.

“La Fiscalía encuentra que comportamiento desplegado por el señor Hollman Morris, para el día de la liberación de los soldados no reviste las características de delito, teniendo en cuenta, que brillan por su ausencia los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de constreñimiento ilegal, además se adolece por completo que el sujeto activo hubiese ejercido alguna clase de acción o fuerza para doblegar a los miembros de la fuerza pública al momento de efectuarles la entrevista; elementos éstos sin los cuales puede llevarse a cabo plenamente el proceso de adecuación típica, tal como lo ha decantado la dogmática penal”.

Por lo anterior la Fiscalía determina el archivo de las diligencias. Por ello, el periodista pidió a la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía que, congruente con la decisión de archivar el proceso que se había iniciado en su contra por el cubrimiento de la liberación unilateral de tres miembros de las fuerzas militares por las Farc en febrero de 2009, proceda a solicitar ante el Juez de control de garantías correspondiente la PRECLUSIÓN DEFINITIVA del caso.

Al mismo tiempo, el periodista Morris, manifestó que iniciará inmediatamente las acciones penales correspondientes contra las personas que elevaron calumnias en su contra y que le imputaron los delitos antes citados, por el sólo hecho de cumplir con su derecho y deber como periodista independiente.

Entre las personas que serían objeto de dicha acción, se encontraría el actual candidato presidencial Juan Manuel Santos.

El comunicador además pidió a las autoridades que se establezca quién fue la persona que, desde el ministerio de Defensa, ordenó la detención arbitraria de la que fue objeto en el momento en que terminaba su cubrimiento periodístico en la población de La Unión Peneya (Caquetá) y quién dio las órdenes para que le fuera requerido —bajo presiones— el material periodístico, un día antes de las declaraciones del ministro, es decir, el 2 de febrero del 2009.

*Hollman Morris es un destacado periodista y defensor de Derechos Humanos, colombiano; galardonado con el Human Rights Wath Defender Award-2007 y el Premio de Periodismo Iberoamericano FNPI-2007.

¿Se acaba Contravía?

Aduciendo motivos económicos, la junta directiva de la Casa Editorial El Tiempo (CEET) dio a conocer el cierre de la revista ‘Cambio’. Sin embargo —y como lo argumentó Rodrigo Pardo, quien fue su director—, ésta razón estuvo lejos de la realidad.

El capítulo de cierre de medios pareciera ponerse de moda, pues he sido informado que el programa de televisión ‘Contravía’, que dirige el periodista Hollman Morris, está en peligro de salir del aire; éste sí por motivos económicos. Prácticamente saldrá de la pantalla en unas semanas.

“Es una pésima noticia para un país que se ahoga en unanimismos, radicalismos y superficialidad”, dice el maestro de ética periodística Javier Darío Restrepo.

El dinero que la cooperación internacional giró para sostener al medio de comunicación se ha terminado. “De la campaña de desprestigio de los agentes del DAS, los perseguidores de la información libre han pasado a la táctica del cerco económico; formas de lucha combinadas para impedir que se conozca lo que está pasando en Colombia”, añade Restrepo.

“Es una lástima que se hayan logrado los objetivos de acallar a ‘Contravía’, a la que el DAS persiguió con —como queda demostrado— deplorable eficacia”, expresó Daniel Samper, columnista del diario El Tiempo.

Fundado el 20 de julio de 2003, ‘Contravía’ ha promovido la defensa de los derechos humanos como principio editorial. En sus 225 capítulos ha presentado crónicas, reportajes, documentales y entrevistas —en televisión que es el medio que “educa” a la mayoría de colombianos— en las que ha relatado la barbarie de la guerra del conflicto interno que vivimos y es un equipo que saca las cámaras de los estudios para llegar a los sitios más recónditos, visibilizando la esperanza y mostrando la bella geografía colombiana.

Asimismo, ha sido galardonado con los premios más importantes de América Latina: la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), que preside el Nobel de literatura Gabriel García Márquez, le otorgó el premio Cemex; la organización estadounidense Human Rights Watch reconoció el trabajo por los derechos humanos y en Colombia ha sido honrado con los premios Simón Bolívar, CPB e India Catalina. También fue nominado por dos ocasiones por la organización Reporteros Sin Fronteras a mejor programa periodístico.

Del mismo modo, el trabajo de Morris fue objeto de mención en el diario norteamericano ‘Los Angeles Times’ y, en septiembre de 2008, el diario británico ‘The Guardian’ resaltó la labor del periodista en materia de derechos humanos.

Desde Washington, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que ‘Contravía’ “es un programa que nos informa objetivamente de la realidad colombiana corriendo riesgos y superando enormes obstáculos. Es muy importante esa defensa diaria que hacemos de la libertad de expresión, ampliando el espacio para el ejercicio de la libertades públicas que es como se profundiza la democracia en Colombia al igual que en América Latina”.

El año pasado se conoció que Morris, toda su estructura familiar y el equipo periodístico de ‘Contravía’, desde 2004, fue objeto de la más infame “cacería” —en términos de la Fiscalía— por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); que incluyó seguimientos, espionaje, sabotajes, propaganda negra, amenazas e interceptación ilegal de sus correos y líneas telefónicas.

A pesar de todo esto y del plan de desprestigio contra el programa —que consistía en “definir acciones que vayan en detrimento” de organizaciones defensoras de derechos humanos—, ‘Contravía’ volvió al aire en septiembre de 2009 a sabiendas de que “no había garantías”, como lo afirmó su director Hollman Morris.

El CTI de la Fiscalía General de la Nación encontró informes del organismo de inteligencia titulados como “cursos de acción” que tenían como objetivo “iniciar campaña de desprestigio a nivel internacional a través de la vinculación (de Morris) con la guerrilla de las Farc”; “gestionar acciones de sabotaje, la suspensión de la visa, el robo de su pasaporte, cédula, etc.”, dice textualmente el documento rotulado como “secreto”.

Estas acciones de desprestigio, al parecer, eran presentadas y llevadas a embajadas y sedes diplomáticas, con el fin de, reitero, “acciones que vayan en detrimento”, para restringir posibles financiaciones.

Del mismo modo, el presidente Uribe ha señalado, en varias oportunidades, al periodista de ser “auxiliador del terrorismo”, por ejercer un periodismo independiente que controvierte las versiones oficiales.

“Estos tipos de presiones son intolerables para el ejercicio de la labor periodística, es muy preocupante y quisiera agregar mi voz y reclamar el amparo de la libertad de expresión en Colombia”, sostuvo Jon Lee Anderson, periodista de la revista norteamericana ‘The New Yorker’.

“Se necesita quién muestre la otra cara y el fondo de los hechos y quién se atreva a decir que el Rey está desnudo”, enfatizó Javier Darío Restrepo.

El trabajo de ‘Contravía’ es un rescate de las voces de las víctimas del conflicto armado, con un manejo respetuoso, para construir su memoria histórica y de esos hechos bárbaros que la sociedad no puede dejar en el olvido.

Para Germán Yances, analista de medios y director de la especialización en Televisión de la Universidad Javeriana, “es gravísimo que un medio de investigación y denuncia como ‘Contravía’ tenga que salir del aire; es una pérdida tremenda para la opinión pública”.

‘Contravía’ siempre ha contado con el apoyo económico de la cooperación internacional: la delegación de la Unión Europea en Colombia, las embajadas de Países Bajos, Canadá y Reino Unido, y Open Society Institute (OSI) —fundación con sede en Londres que financió la actual temporada—.

A pesar de ser un programa periodístico de la más alta calidad y reconocimiento a nivel nacional e internacional, nunca ha contado con el apoyo del empresariado colombiano. Morris todavía contempla la posibilidad de que OSI renueve la financiación, pero es fijo que el espacio salga por unos meses.

Este programa, compartamos o discrepemos con él, es necesario. La no emisión es una pérdida para la democracia. “A más medios, más democracia”, puntualiza el director de ‘Contravía’.

“Hay una forma de terrorismo más dañina que la que explota bombas: la que silencia periodistas, revistas y periódicos, porque esta sí destruye el alma de los colombianos”, concluye Restrepo.

Sobre las 'chuzadas' del DAS

El primer informe del CTI de la Fiscalía General de la Nación sobre el caso de las interceptaciones ilegales del DAS (Policía secreta y judicial), muestra los seguimientos que se le hicieron a magistrados, políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos.

El informe contiene 228 páginas y expone, detalladamente, cómo el DAS le hacía seguimiento a los hijos y familiares de sus “blancos”, visitaron los colegios y universidades donde estudian y tomaron fotografías de las casas y lugares de trabajo de las personas objeto de seguimiento, todo esto con el pleno conocimiento de la ilegalidad que ello representa, entre otras cosas, porque no existen procesos judiciales contra los supuestos “blancos”.

Las labores de inteligencia desplegadas por el DAS fueron realizadas de manera directa por servidores de este organismo, adscrito a la Presidencia de la República, no hay que olvidarlo.

Durante la inspección que realizó del CTI en las instalaciones del DAS -desde el 19 de marzo hasta el 3 de abril de 2009-, se descubrió la forma sobre cómo operaban cuatro grupos de inteligencia y análisis conocidos como: G3, GIES, GONI y Grupo de Estudio de Confiabilidad (GEC).

Los seguimiento ilegales fueron denominados con títulos claves como: “Transmilenio” y “Puerto Asís”. El primero hace referencia al exhaustivo seguimiento que el DAS le hizo a 41 trabajadores de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), especialmente a su Presidente Alirio Uribe Muñoz.

En la Carpeta AZ 1.1 de 2004, que consta de 421 folios, “se evidencian actividades con el fin de obtener registros en bases de datos públicas y privadas, movimientos, ubicación, composición del núcleo familiar, medios de transporte e información financiera de los miembros del CCAJAR”. En el primer folio, hay documento del 18 de marzo de 2004, “emanado por el Grupo Especial de Inteligencia G3, con destino a la Subdirectora de Contrainteligencia, solicitando la interceptación de los teléfonos celulares de los principales miembros del CCAJAR”, dice el expediente.

El seguimiento y la interceptación a Uribe Muñoz, permitió conocer su “identificación personal, hoja de vida, información biográfica, tarjeta profesional, pasaporte, certificado judicial, estado civil, estudios realizados, dirección de residencia, hábitos, debilidades y fortalezas, lugares frecuentados, estructura familiar, nombre de los hijos y padres, amigos y compañeros de trabajo, cuentas bancarias, créditos y contactos en el exterior”, este documento viene acompañado de fotografías a color, con sus respectivos negativos, que ilustran las fachadas de unos edificios residenciales.

El informe también sostiene que al Presidente de la CCAJAR se le hizo “un registro de control técnico de actividades al parecer a través de sus números de celulares”. Asimismo, su correo personal electrónico fue ‘chuzado’.

Del folio 47 al 53 de la Carpeta AZ 1.3 de 2004 hay unos informes de inteligencia del 25 de octubre de 2004, “donde se detallan vigilancias a la casa donde vive Alirio Uribe Muñoz y su familia. Labor que permitió conocer el nombre de los hijos, Colegio y Universidad, grado o semestre que cursan; nombre de la empleada, datos de los padres, vehículos en los que se movilizan (…) este documento se acompaña de una fotografía de su esposa”. Esta modalidad de seguimiento también se le hizo al periodista Hollman Morris.

Otra carpeta del DAS fue bautizada como “Blancos Políticos”, contiene 541 folios y dentro del expediente figuran: Carlos Arturo Lozano Guillen, director del Semanario Voz; Gustavo Francisco Petro, Senador del Polo Democrático; Piedad Esneda Córdoba, Senadora del Partido Liberal; Wilson Alfonso Borja, Representante a la Cámara; Carlos Emilio Gaviria, Presidente del Polo Democrático; Antonio Navarro Wolf, Gobernador de Nariño; Horacio Serpa, ex candidato presidencial; Luís Eduardo Garzón, ex Alcalde de Bogotá; Álvaro Leyva Durán, ex Ministro; Gloria Isabel Cuartas, ex Alcaldesa de Apartadó; y Alfonso Gómez Méndez, ex Fiscal General de la Nación.

En dicha carpeta hay “informes de los detectives que hacen parte del esquema de seguridad de estas personalidades, donde se indican los desplazamientos rutinarios (…) datos que detallan la constitución de los esquemas (vehículos, armas, número de escoltas, turnos, etc.) como también de las residencias y oficinas, lo cual pudo ser utilizado para estructurar las hojas de vida a que hemos hecho referencia (Blancos Políticos)”.

El CTI de la Fiscalía también encontró que el DAS le hizo inteligencia a las organizaciones de derechos humanos como Codhes, Cinep, Justicia y Paz del Padre Javier Giraldo y la Comisión Colombia de Juristas; a sindicatos como la CUT y el CTCI y, a José Miguel Vivanco director de Human Rights Watch.

También ‘chuzaron’ y siguieron a los periodistas Daniel Coronell, director de Noticias Uno; Félix de Bedout, de La W Radio; y Hollman Morris, director del programa de televisión “Contravía”.

“Puerto Asís es el nombre que se le dio a todo un trabajo de inteligencia que se le hizo al periodista Hollman Felipe Morris Rincón” dice la Carpeta AZ 2.2. 2004-2005 que tiene 159 folios de información sobre el comunicador.

Desde el folio número 8 hasta el 41 están todos los datos sobre la hoja de vida del señor Hollman Morris, datos civiles, aspectos de su vida personal, estudios realizados y actividades profesionales.

El informe del CTI muestra cómo en los expedientes y fólderes del DAS están fotocopias del documento de identidad del periodista Morris, número de pasaporte, número de certificado judicial, estado civil, dirección de residencia y trabajo, teléfonos y correo electrónico, de donde seleccionaron los contactos del interceptado periodista.

Lo más grave de la situación es que toda la estructura familiar de Morris fue seguida ilegalmente, sus hijos y sus padres aparecen en los folios, también los compañeros de trabajo. En la Carpeta AZ 1.8 de 2004 del folio 135 hasta el 146 “se destaca un escrito del 18 de agosto de 2005, sin firma de su autor, donde se evidencia la orden ‘CONTROL TÉCNICO SOBRE’, y seguidamente los siguientes correos electrónicos”, entre ellos, el de el hermano del periodista Hollman Morris.

Por otra parte, el informe sostiene que al periodista se le hizo un registro migratorio desde el 26 de febrero de 1996 hasta el 3 de agosto de 2004. También hay un segundo folio que contiene los movimientos migratorios entre el 1 de enero de 2001 hasta el 18 de noviembre de 2005.

El informe destaca una comunicación, vía correo electrónico, entre el comunicador y el defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro.

También hay un expediente que expone los pronunciamientos que ha hecho el periodista en las conferencias y eventos a los que ha sido invitado, estos folios permiten leer un texto con la palabra “CONFIDENCIAL”, donde lo describen como “un periodista beligerante que presenta el programa de televisión ‘Contravía’, a través del cual cuestiona las actividades de las autoridades”.

Vale la pena resaltar un memorando que envía Jorge Armando Pubiano, detective profesional, al señor Carlos Alberto Arzayus, subdirector de Operaciones del DAS, el día 22 de octubre de 2005, mediante el cual da respuesta a una orden que aparentemente éste imparte para que se hagan “SEGUIMIENTOS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE TENDENCIA OPOSITORIA FRENTE A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES, CON EL FIN DE RESTRINGIR O NEUTRALIZAR SU ACCIONAR”. Y continuación relaciona al periodista Hollman Felipe Morris Rincón dentro del grupo de los “blancos”.

En otro de los tantos folios del caso “Puerto Asís” hay recortes de prensa donde aparece el periodista, también están las amenazas que ha recibido durante los últimos nueve años.

Todos los informes mencionados eran pedidos por el señor Jaime Fernando Ovalle Olaz, coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G3. Por ejemplo, el memorando SRIS.GINT.469 del 8 de agosto de 2005, data sobre un informe de seguimientos por parte del DAS de Risaralda al periodista Morris, cuando este viajó a Pereira para dar una conferencia en el Teatro de la Cámara y Comercio.

Se tiene la identificación de los vehículos en los cuales se trasportó, en el Hotel donde se hospedó y se tomaron fotografías de las personas que estuvieron acompañando el periodista. También señala en informe que se sabe las horas y el número de vuelo para volver a Bogotá. Esta información fue enviada el coordinador del G3.

Llama la atención del informe, en la carpeta AZ 33 de 2004 en el folio 221, que trata sobre una reunión que está fechada el 8 de marzo de 2005, celebrada en la sala de juntas del piso 9 del DAS con la participación del señor Jorge Noguera Cotes (director) quien cita a los funcionarios del G3 para hacer un balance sobre la gestión del Grupo Especial de Inteligencia. Como resultado de dicho comité, Noguera expresa inconformidades por la NO JUDICIALIZACIÓN de los casos conocidos, la falta de colaboración con otros grupos de la institución para hacer las operaciones y sugiere estrategias para las labores de inteligencia. Es decir que, conforme con el informe del CTI, el objetivo del G3 era recolectar elementos para abrir procesos judiciales contra los "blancos".

Todo el trabajo de seguimiento e interceptación al periodista se hizo a sabiendas que el Estado colombiano está en la obligación de proteger la vida del señor Hollman Morris puesto que es beneficiario de medidas cautelares por parte del Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, es increíble cómo el DAS se encargó de hacerle inteligencia antes de brindarle protección.

Este informe del CTI de la Fiscalía comprende las interceptaciones y seguimientos ilegales durante el periodo 2004 – 2005 bajo la administración del señor Jorge Aurelio Noguera Cotes, la asesoría y subdirección de José Miguel Narváez, la coordinación del G3 de Jaime Fernando Ovalle Olaz, la subdirección de operaciones de Carlos Alberto Arzayus y la dirección de inteligencia de Jackeline Sandoval.