El prestigioso diario norteamericano The New York Times reveló que nuestro país es el segundo destino más recomendado para viajar, después de Estambul, capital de Turquía. El reconocimiento se hizo por medio de una encuesta en la página web del periódico. Algunos de los comentarios de los participantes destacaron que “el único riesgo que se corre en Colombia es quedarse”.
Inmediatamente, reconocidos dirigentes políticos y columnistas de opinión, celebraron el hecho y expresaron que éste era tan solo uno de los logros de la “sólida” política de seguridad que promovió el gobierno anterior.
En la misma escala de tiempo, el país también recibía una dolorosa noticia. Dos estudiantes de Biología de la Universidad de Los Andes, fueron asesinados con tiros de gracia en San Bernardo del Viento, municipio del departamento de Córdoba.
Margarita Gómez, de 23 años, y Mateo Matamala Neme, de 26, se encontraban en esa zona realizando una investigación para su tesis de grado y, de paso, disfrutar de unos días de vacaciones. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el pasado 10 de enero.
Los primeros indicios señalaron al jefe de la banda narcoparamilitar ‘Los Urabeños’, Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, como el autor intelectual de los homicidios. Por información que conduzca a la captura de este criminal, el presidente Juan Manuel Santos ofreció una recompensa de 500 millones de pesos.
El contraste de estas dos noticias nos indica que el mensaje que se le está dando a la sociedad es el equivocado. Decir que el paramilitarismo ya se acabó, que la seguridad se consolidó en todo el país y que estamos en un estado de postconflicto —con el objetivo de vender una buena imagen de Colombia para atraer turistas—, ha contribuido a desinformar a la opinión pública.
Tiempo atrás, organizaciones de derechos humanos y centros de estudio y análisis del conflicto armado habían advertido sobre la situación de varios departamentos donde se estaban rearmando grupos paramilitares. Solo que dichos informes, realizados con trabajo de campo e investigación, no eran noticia en los tradicionales medios de comunicación.
Es decir, que lo más grave de los crímenes de los dos jóvenes —que son apenas la punta del iceberg de una cadena de homicidios en Córdoba— es que era una situación anunciada y diagnosticada. Pero se ocultó.
Primero fue la ONG norteamericana Human Rights Watch (HRW), quien documentó —en un informe de 125 páginas, basado en dos años de investigación de campo y presentado en febrero de 2010— la relación entre el surgimiento de los grupos sucesores de los paramilitares y las deficiencias en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La investigación evidenció la participación de neoparamilitares en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados y violaciones, generando un clima de constante amenaza en cada una de las comunidades bajo su influencia.
Del mismo modo, reveló la existencia de nueve grupos que tienen control territorial a nivel nacional: ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’, ‘Erpac’, ‘Renacer’, ‘Nueva Generación’, ‘Los del Magdalena Medio’, ‘Los Machos’ y las ‘Águilas Negras’.
“Estas bandas son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos que operan bajo el mismo patrón”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, durante la presentación del informe.
Por su parte, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe se limitó a responder que dicho informe era “sesgado” y que le hacía “apología al terrorismo”.
Posteriormente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló, entre otros datos, que en 20 de los 28 municipios del departamento de Córdoba, es decir, el 71%, estaba afectado por la presencia de seis nuevas bandas paramilitares. Entre los municipios más peligrosos, según el estudio, estaba San Bernardo del Viento.
Indepaz, asimismo, denunció que los neoparamilitares hacen presencia en 314 municipios de 29 departamentos de Colombia, que cuentan con más de 6 mil integrantes y con una red de apoyo que se estima entre 7 mil 400 y 12 mil personas.
Comparación entre fuentes oficiales y resultados investigación de Indepaz sobre número de municipios, departamentos y cantidad de integrantes de grupos neoparamilitares (Informe del Primer semestre 2010)
Durante los últimos doce meses, la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de alertas donde se ponía de presente la grave situación en Córdoba, pero los hechos nos dicen que no fueron tenidas en cuenta.
Estadísticas del Ministerio Público, registraron 575 muertes violentas en 2010 en dicho departamento, 39 homicidios más que en 2009. En los primeros 15 días del 2011, contamos 31 crímenes entre líderes sociales, profesores, campesinos, artistas y estudiantes.
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