Coraje para la memoria

Hace unas semanas la Fiscalía vinculó mediante indagatoria a Ferney Tapasco González y a su hijo, el ex representante a la Cámara Dixon Tapasco Triviño, por su presunta autoría intelectual en el asesinato del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra Hernández.

La noticia no sorprendió a nadie. Minutos después de la muerte del periodista, todos, en medio de la indignación, señalaron a la clase política caldense, más exactamente a los Tapasco, como culpables del crimen. Posteriormente, fueron las investigaciones las que conformaban dicha tesis, que hasta ahora se examina.

¿Y por qué ocho años después se empieza a contemplar esta hipótesis? El Fiscal General de la época, el señor Luís Camilo Osorio —actual Embajador de Colombia en México—, descalificó esa conjetura aduciendo, en varias oportunidades, que “esos trabajos van en contra del verdadero curso del proceso, generando sensación de impunidad”.

Es preciso recordar que el peor momento de la investigación del crimen del humorista y periodista Jaime Garzón, fue durante la administración de Osorio (2001-2005). El caso prácticamente estuvo paralizado durante varios años y se dejaron de explorar varias tesis que hoy cobran toda credibilidad. Lo mismo pasó en el caso del subdirector de La Patria.

Orlando Sierra recibió tres disparos en la cabeza el 30 de enero de 2002. Dos días después, murió. Luís Fernando Soto, autor material del homicidio, fue condenado a 19 años de prisión, sin embargo, recibió múltiples rebajas de pena y purgó escasos cinco años en la cárcel. Los coautores del parricidio, Luís Miguel Tabares, alias ‘Tilín’, y Luís Arley Ortiz, alias ‘Pereque’, actualmente pagan una condena de 28 años por facilitar el asesinato del reportero.

Aunque en este caso hay condenados no sabemos quién dio la orden para perpetrar el homicidio. Por lo tanto, la vinculación de los Tapasco constituye un avance contra la impunidad.

Sin embargo, llegar a este punto de la investigación ha tenido un alto costo. A raíz de la captura de los autores materiales, fueron asesinadas doce personas. Esta cadena de homicidios silenció a muchos testigos.

Orlando Sierra entendió el periodismo como la defensa de los intereses ciudadanos. A través de su columna “Punto de Encuentro” denunció la corrupción de su natal Caldas poniéndole nombre y apellido, sin pensar las consecuencias que esto traía.

“Es que yo soy inmune cuando escribo y muy frágil después de que sale publicado”, sostuvo en una entrevista el reputado periodista. “Yo siento que nadie me puede hacer nada cuando estoy escribiendo”, agregó.

Cada semana, los lectores tenían una cita con él por la claridad conceptual de sus escritos, por su nivel cultural y por su especial forma de hacer crítica. Fue así como se convirtió en el columnista más influyente y respetado de la región y, sin duda alguna, uno de los ejemplos más importantes que hoy tienen las nuevas generaciones de periodistas.

El coraje que caracterizó a Orlando le dio la victoria en una batalla, como él mismo lo formuló: “Ya estamos soportando una guerra, una batalla de armas, como para que, además, tengamos que soportar una batalla de silencios”.

El compromiso de Sierra estuvo por encima de las amenazas de muerte, del ingente miedo que llegó a sentir. “Tratar de silenciar a los periodistas es un acto doblemente terrorista”, recitó en muchas oportunidades.

Orlando Sierra fue un enemigo del silencio. Sin embargo, como lo definió el presidente de la FLIP, Ignacio Gómez, “la muerte de un periodista silencia a miles”. Y el crimen del subdirector del diario caldense ha implicado que muchos periodistas hagan la tarea que los asesinos quieren que hagan: no buscar la verdad, no denunciar y emprender una batalla en silencio.

Enaltecer y enseñar el legado del Orlando Sierra es garantizarles a los colombianos un referente de verticalidad e integridad.

Por Orlando y el periodismo: ¡JUSTICIA!

Agenda: La semana pasada, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri (Estados Unidos) hizo entrega de su tradicional medalla de Honor a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en reconocimiento a su labor en la defensa de la libertad de prensa. A Ignacio Gómez, presidente; a Carlos Cortés, ex director; a Andrés Morales, actual director; a Mauricio Durán y a todo el equipo de la FLIP, les expreso mis más sinceras felicitaciones por trabajar día a día para que los crímenes de decenas de periodistas no queden en la impunidad y para que se respete este derecho fundamental.

¿Coincidencia o corrupción?

Una investigación del diario El Espectador reveló que el Estado está en serias dificultades para recuperar 224 mil millones de pesos que el Banco Agrario le prestó, mayoritariamente, a los floricultores como medida para enfrentar oscilaciones del dólar.

Los créditos —entre 14 millones y 18 mil millones de pesos— se aprobaron en septiembre de 2008 durante la gestión de Andrés Felipe Arias como ministro de Agricultura, a través de un reglamento especial del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) con el objetivo de beneficiar a productores afectados por la revaluación.

BanAgrario benefició a más de 100 empresarios de las flores —con el beneplácito del ex ministro—, algunos de los cuales se declararon en quiebra y no podrán pagar la deuda que tienen con la entidad financiera del Estado. La plata está embolatada, denuncia el periódico.

Pero la investigación del medio impreso —complementada por el periodista Daniel Coronell y el equipo de la W Radio—, fue más allá, y expone que varios de los favorecidos con los préstamos son donantes de la campaña de Arias, como precandidato presidencial del partido Conservador. (Qué coincidencia)

Entre los floricultores aportantes que recibieron créditos en BanAgrario se encuentran: el empresario Nicolás Benjamín Nannetti Lasser, quien aportó 5 millones a la campaña de Arias, adquirió créditos por 82 mil 385 millones para las 14 empresas del Grupo American Flor que representa.

Francisco Bazzani, de la compañía CI La Plazoleta, aportó un millón a la campaña y recibió 1.800 millones de crédito. Arturo Harker Borda, representante de la compañía Tinzuque S.A., obtuvo más de 7 mil millones para sus tres empresas y donó un millón.

El registro del Banco estatal, publicado por El Espectador, también dice que Gloria Correa de Cock, de la sociedad Tahami & Cultiflores, alcanzó 2.798 millones. Correa concedió dos millones a la campaña del dirigente conservador.

La planilla de recaudos de la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias muestra una donación de 10 millones de pesos por parte del señor Jaime Mauricio Restrepo Arango. Restrepo es el mayor accionista del Grupo Falcon Farms, compañía que recibió más de 12 mil millones en créditos.

Pero también hay otra perla. El director regional de Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) en Antioquia, Marco Alberto Ossa, emitió una circular donde instruye a los empresarios del gremio para que hagan donaciones a la campaña del ex ministro. El gremio de las flores fue privilegiado por Arias durante su administración.

De los 117 aportes que llegaron a la campaña del entonces precandidato presidencial, 43 donaciones, un poco más del 40%, entraron del sector floricultor.

La mera coincidencia de los créditos pone, nuevamente, en el ojo del huracán al cuestionado ex ministro, a quien la Procuraduría le acaba de formular pliego de cargos por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El Ministerio Público lo acusa de tres faltas gravísimas y una grave, que constituyen las infracciones más altas al código disciplinario y que contemplan sanciones hasta de 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, como lo sustenta un informe de LaSillaVacía.com.

Según el ente acusador, Andrés Felipe Arias i) realizó contratos sin estudios técnicos o jurídicos con el IICA por un monto de 180 mil millones de pesos; ii) entregó subsidios sin reglas claras para asignarlos; iii) la aplicación para acceder a los subsidios de AIS era muy costosa, por lo tanto era inalcanzable para los pequeños productores del campo; iv) mintió para eludir la licitación; y v) sobrepasó los gastos de administración y en operación del programa.

El escándalo de AIS también es objeto de investigación por parte de la Fiscalía —organismo judicial que la semana pasada llamó a siete funcionarios (mandos medios) del ministerio de Agricultura por el delito de contratación indebida—, por violación al código penal, y de la Contraloría, por detrimento del patrimonio público.

Termino con una píldora para la memoria: “Si alguien llega a demostrar ¡alguien!, que Andrés Felipe Arias o Álvaro Uribe, pudo meter un dedo para decidir cómo se asignaban los recursos… renuncio a la vida pública”, sostuvo el ex ministro durante el consejo comunitario #252 del gobierno anterior, el 17 de octubre de 2009.

“Y estoy tranquilo porque nadie nunca lo va a poder demostrar”, culminó Arias.

Amanecerá y veremos.

Foto: 'El Espectador'

Eudaldo Díaz: El costo de la verdad

Esta semana dos hechos nos han traído a la memoria al extinto alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado.

El primero es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aceptó una denuncia —interpuesta por el ciudadano Adolfo José Hoyos— contra el ex presidente Álvaro Uribe por presunta omisión en el crimen del líder político. Mediante resolución de reparto No. 099 de 2010, la investigación fue asignada al representante Hernán Penagos Giraldo —del uribista Partido de la U— y se abrió el expediente No. 2033.

Eudaldo Díaz fue el alcalde que, el 1 de febrero de 2003, durante un consejo comunitario llevado a cabo en Corozal (Sucre), le advirtió al ex mandatario que lo iban a matar por sus denuncias permanentes sobre supuestos hechos de corrupción que comprometían a la clase política sucreña, especialmente, al gobernador de entonces, Salvador Arana Sus.

Precisamente, ‘Tito’ Díaz señaló, delante del Ejecutivo, que Arana estaría detrás de su homicidio y de los montajes que se orquestaron para que la Procuraduría lo sancionara suspendiéndolo de su cargo como alcalde de El Roble.

Dos meses después, Eudaldo fue asesinado y el ex presidente Uribe nombró de embajador de Colombia en Chile a Salvador Arana, a quien Díaz acusó una y otra vez.

La investigación que inicia la Comisión —que seguramente no servirá de nada y terminará absolviendo de responsabilidad al ex mandatario— está sustentada en que Uribe no actuó oportunamente para impedir el crimen del alcalde, aún cuando el principal sospechoso estaba sentado a la derecha del ex presidente.

Eudaldo Díaz debe ser recordado por la sociedad colombiana como la primera persona que le puso nombre y apellido a la ‘parapolítica’. Sus denuncias fueron objeto de debates del ex senador Gustavo Petro que terminaron con condenas a caciques políticos de la región como Álvaro García Romero y Salvador Arana, los dos con una pena de 40 años de prisión, entre otros.

Durante más de 6 años, Juan David Díaz Chamorro, hijo de ‘Tito’ y médico de profesión, luchó porque el crimen de su padre no quedara en la impunidad y siempre sostuvo que el culpable era el ex gobernador de Sucre. Y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón: el 3 de diciembre de 2009 condenó a Arana Sus, por su complicidad con paramilitares y el crimen del dirigente político.

Sin embargo, aunque en este caso hubo justicia, el costo de la verdad sigue trayendo consecuencias peligrosas para la familia de Eudaldo —que durante más siete años ha sido víctima de persecución, seguimientos y amenazas de muerte—.

El segundo hecho que nos trae a la memoria a ‘Tito’, es que se conoció que el ex paramilitar Edelmiro Alberto Anaya —condenado a 37 años por ser autor material del asesinato de Eudaldo— afirmó en versión libre ante la Fiscalía que, nada más y nada menos, Juan David Díaz es “simpatizante de la causa paramilitar” y lo sindicó como responsable del delito de homicidio.

Una declaración falsa, calumniosa e injuriosa si se tiene en cuenta que Juan David es uno de los líderes que más ha denunciado el poder corrupto y mafioso asociado con los grupos de autodefensa.

Esta afirmación crea un montaje judicial. Se trata de un mecanismo de venganza contra las víctimas, tácticas propias de los criminales y que, infortunadamente, está de moda en Colombia, pues se conoce el caso de Carmelo Agamez Berrio, otro líder sucreño que actualmente está en la cárcel por un empalme falso que le hicieron los victimarios, vinculándolo con grupos paramilitares.

Es deber de la justicia investigar a fondo a estos casos y, por el bien de Colombia, no permitir que los objetivos de los delincuentes prosperen.

Todavía estamos esperando que el ex presidente Uribe pida perdón a la familia Díaz por haber premiado al ex gobernador y ex embajador Salvador Arana.

Una frase célebre: “Tenemos que comenzar eliminando a los corruptos, que le están haciendo más daño al país, que la propia guerrilla y las propias autodefensas”, Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado (q.e.p.d.)

Prohibido olvidar.

'Contravía', la serie de periodismo independiente más premiada en Colombia, recibió el premio nacional Simón Bolívar, en la categoría "Mejor Crónica o Reportaje de Televisión", en la versión 35 del galardón, por el reportaje sobre el crimen de Eudaldo Díaz.

El jurado de Seguros Bolívar consideró que este programa fue "una investigación minuciosa, exhaustiva, que buscó las imágenes apropiadas y los testimonios relevantes, de una caso de parapolítica en el que estuvieron involucrados funcionarios públicos, algunos de los cuales han sido ya condenados por la justicia".

"La crónica recupera un caso un caso sintomático dentro de la política y la justicia colombiana, con una perspectiva coherente, con una narración ágil y sobre la base de una investigación sólida".

Las opciones de Bernardo Moreno

No sorprende que la Procuraduría General de la Nación haya castigado disciplinariamente a Bernardo Moreno Villegas, ex secretario general de la Presidencia (durante el segundo periodo de Álvaro Uribe), inhabilitándolo por 18 años para ocupar cargos públicos, por el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS.

Esta decisión era lo mínimo que podía concluir el procurador Ordoñez después de que todos los testigos del DAS siempre mencionaban a Moreno en el caso de espionaje, particularmente, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia —a quienes grabaron ilegalmente en sesiones y reuniones privadas—.

El 9 de julio del presente año, el ex director de Inteligencia, Fernando Tabares, reveló que en un desayuno en el Metropolitan Club de Bogotá en 2007, el ex secretario general manifestó que el interés del presidente Uribe era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas: la Corte Suprema, los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.

Asimismo, el capitán Jorge Lagos, ex jefe de Contrainteligencia, ha sostenido que se reunía con Bernardo Moreno para entregar información al alto gobierno. Y el ex director de la UIAF, Mario Aranguren, mencionó que entregó información confidencial a Moreno.

El fallo, de 633 páginas (que destituye a ocho funcionarios más), expone que el ex director administrativo de la Presidencia “se extralimitó en sus funciones” al reunirse con funcionarios del DAS y de la UIAF para “conocer información privada del ciudadano Ascencio Reyes”; este último visto por la Presidencia con presuntos vínculos con el narcotráfico y quien habría pagado un viaje a un grupo de magistrados de la Corte a Neiva (Huila) para asistir a un homenaje a un colega en 2006.

La reunión de Moreno se llevó a cabo el 24 de abril de 2008, dos días después de que la Corte Suprema dictara orden de captura contra el ex senador Mario Uribe Escobar (primo del ex presidente), y el objetivo era armar un plan para desprestigiar al alto Tribunal, como lo han sostenido empleados del DAS.

“(Moreno) no tenía competencia para acceder a esta clase de información (…) lo que puede ser constitutivo de falta disciplinaria”, dice el fallo del Procurador.

Para nadie ha sido un secreto que la Corte era vista por el gobierno anterior como un enemigo, debido a que lideraba las investigaciones de vínculos entre políticos —la mayoría uribistas— con grupos paramilitares, y estaba dando resultados incómodos para el poder.

Sin embargo, a pesar de varios testimonios y pruebas contra Moreno, el fallo del Ministerio Público sólo se basó en un argumento: la reunión del ex secretario con funcionarios de la UIAF y el DAS, dejando a un lado otras pruebas, que vinculan a este, por eso el caso es apelable y fácilmente podría ser absuelto.

Lo magnifico de la noticia es que la sanción al ex secretario general comprueba que desde la Casa de Nariño se orquestaron los planes criminales.

Por ello, el ex funcionario de Palacio tiene dos opciones: negociar con la justicia —pues la Fiscalía indaga su posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad— o negociar con el autor intelectual de la cacería criminal del DAS.

Es difícil creer que en los tiempos de la “seguridad democrática” el señor Bernardo Moreno sabía y hacía más que su jefe. Este tiene la responsabilidad de decir, por el bien de Colombia, quién dio las órdenes.

Foto: 'El Espectador'

Escándalo del DAS mucho peor que el ‘Watergate’

La sociedad colombiana todavía no dimensiona la gravedad de lo efectuado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República, no hay que olvidarlo— en contra de defensores de derechos humanos, magistrados de las altas Cortes, líderes de la oposición y periodistas independientes.

Cada día que pasa, la Fiscalía General de la Nación, con base en documentos hallados en el DAS, nos releva la infamia de la operación más criminal en la historia reciente; empezamos con interceptaciones —que la prensa denominó ‘chuzadas’— y ahora estamos descubriendo un aparato que planeó atentados terroristas, sabotajes, amenazas de muerte, espionaje ilegal, robos, montajes, entre otras prácticas ilegales que hoy tienen a familias enteras acudiendo a tratamientos psicológicos, por hecho de pensar diferente o, en la mayoría de los casos, controvertir la administración del presidente Álvaro Uribe en materia de derechos humanos.

Una de las acusaciones más peligrosas que ha hecho un jefe de Estado contra los organismos de derechos humanos se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2003 en la Escuela Superior de Guerra, el presidente Uribe dijo: “¡Politiqueros! Al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo, el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado”, esta una de las tantas afirmaciones del mandatario colombiano frente a sus tropas militares calificando y acusando a las ONG’s de “aliadas del terrorismo”.

En declaraciones a la prensa, funcionarios del DAS han expresado que los señalamientos del presidente Uribe eran vistos como una luz verde para dar inicio a los seguimientos ilegales con el fin de “restringir y neutralizar el accionar” de “organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales”, como expone el primer informe del CTI de la Fiscalía. Por otra parte, memorandos rotulados como “reservado” y “secreto”, contienen apuntes de los detectives que dicen: “entregar al presidente”.

El pasado 10 de abril, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, en desarrollo de la audiencia de imputación de concierto para delinquir contra altos funcionarios de la policía secreta, sostuvo que “desde la Casa de Nariño se direccionaron los seguimientos” y que “las órdenes para ‘investigar’ a los magistrados provenían del Ejecutivo”.

Y hace tres semanas, durante la acusación contra Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), por los seguimientos contra magistrados, Rodríguez expresó que la “UIAF actuó como una empresa criminal” y le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública.

Las pruebas de la Fiscalía apuntan que el alto gobierno, es decir, el presidente de la República, era el principal beneficiario de toda la operación criminal realizada por el DAS. Sin embargo, todavía no existe una evidencia que implique directamente al mandatario Uribe Vélez, quien terminó su administración como gobernador de Antioquia (1995 – 1997) con un escándalo de las mismas proporciones: más de 1800 líneas telefónicas interceptadas ilegalmente a defensores de derechos humanos en ese departamento, que dejaron dos asesinatos.

Un informe del Fondo de Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina, la Oficina en Estados Unidos sobre Colombia, el Centro Internacional de Política, y de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos —publicado el 17 de junio—, señala que “es posible que esta agencia de inteligencia haya llevado a cabo sus actos de vigilancia ilegal con órdenes emanadas de importantes asesores presidenciales”.

La publicación fue titulada “Mucho peor que el Watergate. Gran escándalo en torno a la Agencia de Inteligencia de Colombia” y recopila toda la información de las operaciones ilegales que desplegó el DAS: La “Operación Halloween” y “Operación Transmilenio”, señalan objetivos tales como: “generar controversia sobre las ONG”, “generar división dentro de los movimientos de la oposición”, “promover acciones para beneficiar al gobierno en las elecciones de 2006”, “neutralizar la influencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, establecer vínculos entre personas y grupos armados ilegales, y “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo”.

“La tarea de vigilancia (ilegal) está dirigida a las legítimas actividades diarias de organizaciones de derechos humanos, periodistas y otras personas”, dice el texto; que también sostiene que “la táctica esbozada en estas operaciones incluyó: incriminar a un periodista poniéndolo en un video guerrillero falso y pidiendo la suspensión de su visa (posiblemente americana)”.

Y agrega: “La Fiscalía parece estar realizando una investigación seria. Pero, al igual que en muchos casos delicados de Colombia, todavía está por verse si hay una buena investigación y proceso que termine no sólo en condenas adecuadas para los que protagonizaron esas actividades ilegales, sino también para los que, dentro y fuera del DAS, las ordenaron y las aprobaron”.

Del mismo modo, el informe de 12 páginas, insta a las autoridades a establecer si equipos donados por la embajada de Estados Unidos en Colombia fueron utilizados para estos actos ilegales y expone la importancia de “garantizar que de aquí en adelante no se podrá usar entrenamiento y equipos de EE.UU. con fines ilícitos”.

El escrito de las ONG’s norteamericanas concluye con una serie de recomendaciones al Congreso de los Estados Unidos para monitorear cuidadosamente y alentar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Procuraduría con el fin de establecer quién dio las órdenes para que el caso no quede en la impunidad.

“Igualar a defensores de DDHH con terroristas es prácticamente dar luz verde a figuras en la extrema derecha quienes ya están proclives a atacarlos violentamente”

Adam Isacson, encargado del equipo regional del Programa de Seguridad de WOLA, y anteriormente director de Programas del Centro para las Políticas Internacionales en Washington, hace una comparación entre el caso de los seguimientos ilegales del DAS con lo ocurrido en 1974 durante la administración del presidente Richard Nixon, quien renunció a su cargo por el escándalo del ‘Watergate’.

Julián Martínez Vallejo: ¿Qué lección le dejó a los estadounidenses el caso del 'Watergate' del presidente Richard Nixon?

Adam Isacson: El caso ‘Watergate’ nos dejó a los estadounidenses un nivel de desconfianza en nuestros líderes que nunca se había visto en nuestra historia. Desde ese momento, las encuestas han revelado que gran parte de la población siempre cree que los oficiales altos les están mintiendo gran parte del tiempo. También se aprendió que una rama del poder del Estado no debe quedar con demasiado poder, que siempre tiene que ser restringido por los otros poderes, con una veeduría cercana del público. Es una lección que hemos tenido que re-aprender después de la guerra de Irak y el colapso económico del año pasado.

J.M.V: En Estados Unidos se comprobó la participación de Nixon en las acciones de espía e interceptaciones al Partido Demócrata, sin embargo, el sucesor Gerald Ford lo indultó de toda culpa, ¿qué tan saludable fue para su país esa decisión?

A.I.: Para el país esa decisión fue un desastre. Nunca hubo un proceso de verdad y la justicia nunca logró tocar a Nixon a pesar del grave daño que le hizo a nuestro sistema. No había proceso de "clausura" de ‘Watergate’. Y el perdón seguramente le costó a Ford cualquier esperanza de verse reelegido.

J.M.V: ¿Cuándo es legal o ilegal hacer una interceptación o seguimiento en su país?

A.I.: Sólo se puede hacer cuando hay el permiso de un juez. En casos de terrorismo, hay jueces especializados. Pero en el gobierno de Bush había una enorme controversia sobre su práctica, aparentemente ilegal, pero nunca se ha castigado, y es hacer algunas interceptaciones de sospechados terroristas sin permiso judicial. Y una excepción grave es que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) tiene la capacidad de hacer interceptaciones de comunicaciones internacionales.

EL CASO COLOMBIANO

J.M.V: Interceptaciones ilegales por parte del DAS en Colombia han habido en los últimos gobiernos, pero la diferencia es que en la administración de Uribe la orden no sólo era interceptar sino “restringir y neutralizar el accionar de los 'blancos’”, como señala un informe del CTI de la Fiscalía, ¿qué opinión le merece esta orden?

A.I.: Esta orden es gravísima porque ni siquiera habla de actividad ilegal de parte de los "blancos". Habla de neutralizar las actividades totalmente legales (y necesarias) de políticos opositores, jueces e investigadores, defensores de los derechos humanos, y periodistas. Hablar de "restringir y neutralizar" actividades legales parece lenguaje de una orden del Stasi de Alemania Oriental.

J.M.V.: El ex presidente César Gaviria, en declaraciones a la prensa, ha dicho que Álvaro Uribe convirtió al DAS en una máquina criminal y lo calificó de querer ser un “dictador”, ¿qué opinión le merece esa declaración?

A.I.: Fue muy notable ver a un político respetado del establecimiento colombiano hablando así. César Gaviria es un ex aliado de Estados Unidos, un ex Secretario General de la OEA, un avatar del neoliberalismo económico. Ha llegado a esas alturas escogiendo bien sus palabras. Escuchar una opinión así de César Gaviria indica qué tan grave es el peligro en que se encuentra la democracia colombiana en este momento.

J.M.V.: Se especula que el DAS utilizó equipos norteamericanos y británicos para hacer las interceptaciones ilegales, ¿de comprobarse la utilización de esos equipos donados por Estados Unidos e Inglaterra, cuál es la sanción pertinente ó qué debe hacer el gobierno colombiano?

A.I.: La ley no contempla una sanción específica (y en algunos casos sabemos que son equipos dotados a la Fiscalía que fueron usados ilegalmente). Pero políticamente va a ser casi imposible para Estados Unidos darles tales equipos al DAS en el futuro. Ya miembros importantes del Congreso están preguntando e indagando sobre qué se le ha dado al DAS. Esos congresistas no van a tolerar futuras transferencias mientras esto queda sin esclarecerse.

J.M.V.: ¿De qué manera se coarta la libertad de expresión cuando se hace un seguimiento e interceptación ilegal a una persona, ya sea periodista, líder político, defensor de derechos o magistrado de la Corte?

A.I.: El efecto intimidatorio es enorme. La persona teme por su vida y las vidas de sus familiares. Casi nunca se siente con libertad de divulgar sus planes ni las cosas que aprende. Sus conversaciones telefónicas se limitan a vaguedades. Queda sin la capacidad de poder comunicarse a la distancia; solo puede divulgar cosas cara a cara o por medio de mensajeros de confianza. Y no puede tener una vida privada porque sabe que alguien, en algún lugar, siempre está mirando y grabando. También hay el estrés de vivir sabiendo que su estado, que lo debe estar protegiendo, lo ve como un enemigo.

J.M.V.: Los discursos del presidente Uribe demuestran —de alguna manera—, un odio contra los defensores de derechos humanos y en diferentes oportunidades los ha tildado de "hacerle apología al terrorismo", ¿qué opinión le merece en particular este discurso del presidente Uribe?

A.I.: Ese discurso —que frecuentemente utiliza ante audiencias militares— es altamente peligroso. Igualar a defensores de DDHH con terroristas es prácticamente dar luz verde a figuras en la extrema derecha quienes ya están proclives a atacarlos violentamente. También, como el presidente es popular, intenta deslegitimar el trabajo de un sector débil pero altamente necesario para la supervivencia de las libertades básicas en Colombia. Usar ese lenguaje es una irresponsabilidad grave, y ha tenido fuertes consecuencias por sus relaciones con Washington, especialmente con el Congreso.

J.M.V.: Usted ha dedicado su vida profesional en Colombia y le ha aportado mucho a nuestro país con sus estudios e informes, ¿qué tan saludable habría sido otro periodido del presidente Uribe? ¿Cómo califica usted el estado de la libertad de expresión en Colombia durante este gobierno?

A.I.: Quedar por 12 años es una mala idea por varias razones: la principal es el hecho de que, después de 8 años, casi todo alto oficial en las otras ramas del Estado ya es gente que le debe sus puestos al nombramiento del mismo presidente. Esto debilita mucho la independencia y el contrapeso del resto del estado. No hay control sobre el ejecutivo —y escuchar al presidente hablar de un "estado de opinión"— algún tipo de democracia plebiscitaria —al estilo Chávez— es altamente preocupante. Otra razón es porque ningún hombre es tan imprescindible que tiene que quedar en el poder por tanto tiempo. Un líder incapaz de soltar las riendas y dejar el poder es un líder con un problema de egoísmo desproporcionado.

La libertad de expresión en Colombia está bajo amenaza. Lo positivo es que ha habido menos asesinatos de periodistas y defensores de DDHH, y muchos han podido volver del exilio. Lo negativo es que las palabras amenazantes vienen del mismo presidente y su círculo íntimo, y que se están abusando gravemente las capacidades de los organismos de inteligencia doméstica. En demasiados casos se ve mucha autocensura, mucho miedo y muchas amenazas. Si vendría una respuesta abiertamente autoritaria, ya se ha preparado el terreno.

Foto: El Espectador