No sorprende que la Procuraduría General de la Nación haya castigado disciplinariamente a Bernardo Moreno Villegas, ex secretario general de la Presidencia (durante el segundo periodo de Álvaro Uribe), inhabilitándolo por 18 años para ocupar cargos públicos, por el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS.
Esta decisión era lo mínimo que podía concluir el procurador Ordoñez después de que todos los testigos del DAS siempre mencionaban a Moreno en el caso de espionaje, particularmente, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia —a quienes grabaron ilegalmente en sesiones y reuniones privadas—.
El 9 de julio del presente año, el ex director de Inteligencia, Fernando Tabares, reveló que en un desayuno en el Metropolitan Club de Bogotá en 2007, el ex secretario general manifestó que el interés del presidente Uribe era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas: la Corte Suprema, los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
Asimismo, el capitán Jorge Lagos, ex jefe de Contrainteligencia, ha sostenido que se reunía con Bernardo Moreno para entregar información al alto gobierno. Y el ex director de la UIAF, Mario Aranguren, mencionó que entregó información confidencial a Moreno.
El fallo, de 633 páginas (que destituye a ocho funcionarios más), expone que el ex director administrativo de la Presidencia “se extralimitó en sus funciones” al reunirse con funcionarios del DAS y de la UIAF para “conocer información privada del ciudadano Ascencio Reyes”; este último visto por la Presidencia con presuntos vínculos con el narcotráfico y quien habría pagado un viaje a un grupo de magistrados de la Corte a Neiva (Huila) para asistir a un homenaje a un colega en 2006.
La reunión de Moreno se llevó a cabo el 24 de abril de 2008, dos días después de que la Corte Suprema dictara orden de captura contra el ex senador Mario Uribe Escobar (primo del ex presidente), y el objetivo era armar un plan para desprestigiar al alto Tribunal, como lo han sostenido empleados del DAS.
“(Moreno) no tenía competencia para acceder a esta clase de información (…) lo que puede ser constitutivo de falta disciplinaria”, dice el fallo del Procurador.
Para nadie ha sido un secreto que la Corte era vista por el gobierno anterior como un enemigo, debido a que lideraba las investigaciones de vínculos entre políticos —la mayoría uribistas— con grupos paramilitares, y estaba dando resultados incómodos para el poder.
Sin embargo, a pesar de varios testimonios y pruebas contra Moreno, el fallo del Ministerio Público sólo se basó en un argumento: la reunión del ex secretario con funcionarios de la UIAF y el DAS, dejando a un lado otras pruebas, que vinculan a este, por eso el caso es apelable y fácilmente podría ser absuelto.
Lo magnifico de la noticia es que la sanción al ex secretario general comprueba que desde la Casa de Nariño se orquestaron los planes criminales.
Por ello, el ex funcionario de Palacio tiene dos opciones: negociar con la justicia —pues la Fiscalía indaga su posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad— o negociar con el autor intelectual de la cacería criminal del DAS.
Es difícil creer que en los tiempos de la “seguridad democrática” el señor Bernardo Moreno sabía y hacía más que su jefe. Este tiene la responsabilidad de decir, por el bien de Colombia, quién dio las órdenes.
Foto: 'El Espectador'
Esta decisión era lo mínimo que podía concluir el procurador Ordoñez después de que todos los testigos del DAS siempre mencionaban a Moreno en el caso de espionaje, particularmente, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia —a quienes grabaron ilegalmente en sesiones y reuniones privadas—.El 9 de julio del presente año, el ex director de Inteligencia, Fernando Tabares, reveló que en un desayuno en el Metropolitan Club de Bogotá en 2007, el ex secretario general manifestó que el interés del presidente Uribe era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas: la Corte Suprema, los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
Asimismo, el capitán Jorge Lagos, ex jefe de Contrainteligencia, ha sostenido que se reunía con Bernardo Moreno para entregar información al alto gobierno. Y el ex director de la UIAF, Mario Aranguren, mencionó que entregó información confidencial a Moreno.
El fallo, de 633 páginas (que destituye a ocho funcionarios más), expone que el ex director administrativo de la Presidencia “se extralimitó en sus funciones” al reunirse con funcionarios del DAS y de la UIAF para “conocer información privada del ciudadano Ascencio Reyes”; este último visto por la Presidencia con presuntos vínculos con el narcotráfico y quien habría pagado un viaje a un grupo de magistrados de la Corte a Neiva (Huila) para asistir a un homenaje a un colega en 2006.
La reunión de Moreno se llevó a cabo el 24 de abril de 2008, dos días después de que la Corte Suprema dictara orden de captura contra el ex senador Mario Uribe Escobar (primo del ex presidente), y el objetivo era armar un plan para desprestigiar al alto Tribunal, como lo han sostenido empleados del DAS.
“(Moreno) no tenía competencia para acceder a esta clase de información (…) lo que puede ser constitutivo de falta disciplinaria”, dice el fallo del Procurador.
Para nadie ha sido un secreto que la Corte era vista por el gobierno anterior como un enemigo, debido a que lideraba las investigaciones de vínculos entre políticos —la mayoría uribistas— con grupos paramilitares, y estaba dando resultados incómodos para el poder.
Sin embargo, a pesar de varios testimonios y pruebas contra Moreno, el fallo del Ministerio Público sólo se basó en un argumento: la reunión del ex secretario con funcionarios de la UIAF y el DAS, dejando a un lado otras pruebas, que vinculan a este, por eso el caso es apelable y fácilmente podría ser absuelto.
Lo magnifico de la noticia es que la sanción al ex secretario general comprueba que desde la Casa de Nariño se orquestaron los planes criminales.
Por ello, el ex funcionario de Palacio tiene dos opciones: negociar con la justicia —pues la Fiscalía indaga su posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad— o negociar con el autor intelectual de la cacería criminal del DAS.
Es difícil creer que en los tiempos de la “seguridad democrática” el señor Bernardo Moreno sabía y hacía más que su jefe. Este tiene la responsabilidad de decir, por el bien de Colombia, quién dio las órdenes.
Foto: 'El Espectador'
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