El primero es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aceptó una denuncia —interpuesta por el ciudadano Adolfo José Hoyos— contra el ex presidente Álvaro Uribe por presunta omisión en el crimen del líder político. Mediante resolución de reparto No. 099 de 2010, la investigación fue asignada al representante Hernán Penagos Giraldo —del uribista Partido de la U— y se abrió el expediente No. 2033.
Eudaldo Díaz fue el alcalde que, el 1 de febrero de 2003, durante un consejo comunitario llevado a cabo en Corozal (Sucre), le advirtió al ex mandatario que lo iban a matar por sus denuncias permanentes sobre supuestos hechos de corrupción que comprometían a la clase política sucreña, especialmente, al gobernador de entonces, Salvador Arana Sus.
Precisamente, ‘Tito’ Díaz señaló, delante del Ejecutivo, que Arana estaría detrás de su homicidio y de los montajes que se orquestaron para que la Procuraduría lo sancionara suspendiéndolo de su cargo como alcalde de El Roble.
Dos meses después, Eudaldo fue asesinado y el ex presidente Uribe nombró de embajador de Colombia en Chile a Salvador Arana, a quien Díaz acusó una y otra vez.
La investigación que inicia la Comisión —que seguramente no servirá de nada y terminará absolviendo de responsabilidad al ex mandatario— está sustentada en que Uribe no actuó oportunamente para impedir el crimen del alcalde, aún cuando el principal sospechoso estaba sentado a la derecha del ex presidente.
Eudaldo Díaz debe ser recordado por la sociedad colombiana como la primera persona que le puso nombre y apellido a la ‘parapolítica’. Sus denuncias fueron objeto de debates del ex senador Gustavo Petro que terminaron con condenas a caciques políticos de la región como Álvaro García Romero y Salvador Arana, los dos con una pena de 40 años de prisión, entre otros.
Durante más de 6 años, Juan David Díaz Chamorro, hijo de ‘Tito’ y médico de profesión, luchó porque el crimen de su padre no quedara en la impunidad y siempre sostuvo que el culpable era el ex gobernador de Sucre. Y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón: el 3 de diciembre de 2009 condenó a Arana Sus, por su complicidad con paramilitares y el crimen del dirigente político.
Sin embargo, aunque en este caso hubo justicia, el costo de la verdad sigue trayendo consecuencias peligrosas para la familia de Eudaldo —que durante más siete años ha sido víctima de persecución, seguimientos y amenazas de muerte—.
El segundo hecho que nos trae a la memoria a ‘Tito’, es que se conoció que el ex paramilitar Edelmiro Alberto Anaya —condenado a 37 años por ser autor material del asesinato de Eudaldo— afirmó en versión libre ante la Fiscalía que, nada más y nada menos, Juan David Díaz es “simpatizante de la causa paramilitar” y lo sindicó como responsable del delito de homicidio.
Una declaración falsa, calumniosa e injuriosa si se tiene en cuenta que Juan David es uno de los líderes que más ha denunciado el poder corrupto y mafioso asociado con los grupos de autodefensa.
Esta afirmación crea un montaje judicial. Se trata de un mecanismo de venganza contra las víctimas, tácticas propias de los criminales y que, infortunadamente, está de moda en Colombia, pues se conoce el caso de Carmelo Agamez Berrio, otro líder sucreño que actualmente está en la cárcel por un empalme falso que le hicieron los victimarios, vinculándolo con grupos paramilitares.
Es deber de la justicia investigar a fondo a estos casos y, por el bien de Colombia, no permitir que los objetivos de los delincuentes prosperen.
Todavía estamos esperando que el ex presidente Uribe pida perdón a la familia Díaz por haber premiado al ex gobernador y ex embajador Salvador Arana.
Una frase célebre: “Tenemos que comenzar eliminando a los corruptos, que le están haciendo más daño al país, que la propia guerrilla y las propias autodefensas”, Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado (q.e.p.d.)
Prohibido olvidar.
El jurado de Seguros Bolívar consideró que este programa fue "una investigación minuciosa, exhaustiva, que buscó las imágenes apropiadas y los testimonios relevantes, de una caso de parapolítica en el que estuvieron involucrados funcionarios públicos, algunos de los cuales han sido ya condenados por la justicia".
"La crónica recupera un caso un caso sintomático dentro de la política y la justicia colombiana, con una perspectiva coherente, con una narración ágil y sobre la base de una investigación sólida".
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