“Usó la desaparición forzada y la tortura como parte de su estrategia antisubversiva, persiguió a la oposición política y fue cómplice constante de la violación de los derechos humanos”.
La justicia peruana dio muestras de voluntad, capacidad e independencia en el juicio contra el ex Presidente Alberto Fujimori, quien el pasado martes 7 abril fue condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.
El ‘Chino’, como familiarmente lo llaman sus admiradores, es acusado de ser el autor mediato de la masacre de Barrios Altos, ocurrida en noviembre de 1991, donde fueron asesinadas 15 personas —entre ellas un niño de 8 años— y la desaparición y homicidio de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en julio de 1992.Estos hechos fueron perpetrados por el grupo Colina, un escuadrón de la muerte conformado por militares que desarrollaba operaciones de inteligencia, desde 1991, para la lucha contra la subversión. Sin embargo, se convirtió en una organización que maniobraba secretamente y que tenía licencia para realizar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Todo contó con el aval y la autorización del entonces Presidente Fujimori, bajo el argumento de “combatir el terrorismo”. Colina operó hasta 1992, cuando los secuestros y asesinatos empezaron a la salir a la luz pública gracias a las investigaciones de la prensa.
Para esa época, Perú vivía una ola de violencia por “Sendero Luminoso”, el grupo insurgente que le declaró la guerra al Estado. No obstante, el gobierno de Fujimori logró la captura de Abimael Guzmán, su máximo líder, a quien mostró como un trofeo en septiembre de 1992, prácticamente derrotando a la guerrilla. La barbarie de la guerra ha cobrado la vida de unos 70 mil peruanos.
Fujimori también es sentenciado por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti —corresponsal de El País de España en Perú—, quienes fueron llevados a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el primero en el contexto del golpe de Estado en abril de 1992, y el segundo, por una supuesta orden de captura por actos de terrorismo. Ambos fueron liberados posteriormente.
Recordemos que el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori asumió todos los poderes con el apoyo de los militares disolviendo el poder legislativo y judicial, además del Tribunal de Garantías Constitucionales. Se trató de una política en un contexto en el que el Presidente controlaba todas las instancias.
“El tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los cuatro hechos juzgados (…) declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable, por consiguiente la sentencia que se emite es condenatoria” dijo César San Martín, Magistrado de la Sala Especial de la Corte Suprema de Perú al emitir el fallo.
La justicia inca declaró a Fujimori autor de homicidio agravado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel. Todos estos crímenes fueron calificados como “crímenes de estado” y los dos primeros como “crímenes de lesa humanidad”.
De inmediato, los fujimoristas, liderados por Keiko Sofía Fujimori —hija mayor y ex primera Dama de la Nación— dejaron ver su desacuerdo con la decisión y expresaron que el fallo “es una aberración que destila odio y venganza”. Asimismo, agregaron que “los fujimoristas vamos a salir a las calles pacíficamente a respaldar al mejor presidente que ha tenido el país, que venció al terrorismo. Millones se van a unir a nosotros para apoyar a Fujimori (…) Si piensan que esta condena nos va a debilitar, se equivocan. Los fujimoristas crecemos y nos fortalecemos frente a estas injusticias. No en vano ocupamos los primeros lugares en las encuestas. Las elecciones del 2011 lo van a confirmar”.
La hija del ex mandatario actualmente es congresista, consiguió una curul con más de 600 mil votos y es la futura candidata a la Presidencia de la República en los comicios del 2011. Ella sostuvo que si llegase al poder lo primero que haría sería indultar a su padre, es decir, que el Estado le perdonaría todos los delitos, argumentando que él fue quien llevó al Perú a la paz. Sin embargo, Ronald Gamarra, abogado de las víctimas, dice que “ni siquiera en un eventual Gobierno de Keiko Fujimori, el ex Presidente tendría derecho a un indulto puesto que el Tribunal señaló en su sentencia, que los delitos constituyen crímenes contra la humanidad”.
Esta es la segunda condena que recibe el ex mandatario peruano, pues ya paga seis años de cárcel por el delito de abuso de autoridad por el allanamiento ilegal a la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos en donde buscaba videos y pruebas que los pudieran incriminar, esto fue interpretado como obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas.
Por otra parte, Fujimori deberá responder por cuatro cargos más: interceptación ilegal de líneas telefónicas a miembros de la oposición, malversación de fondos públicos para actividades delictivas, soborno a congresistas y transferencia de dineros a su asesor Montesinos. El Tribunal de la Corte Suprema ha anunciado que el juicio por estos delitos iniciará el próximo 11 de mayo.
Actualmente, el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, purga una condena de 20 años por corrupción, homicidio y venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).Al culminar la sesión condenatoria, la defensa de Fujimori anunció que apelará la decisión. Esta apelación será revisada por otra sala de la Corte Suprema, integrada por cinco magistrados.
Fujimori gobernó durante 10 años Perú (1990 – 2000) con mano dura y llegó a tener un índice de popularidad del 86%, cosa que percibió como respaldo a su estrategia de combatir a la guerrilla, que incluía el uso de todos los medios a su alcance. No obstante, el ‘Chino’ recurrió al soborno, la extorsión y la intimidación para concentrar el poder en la Presidencia, quebrando el proceso legal y democrático, eliminando la independencia de los poderes de las ramas del poder público. Del mismo modo, utilizó algunos medios por fuera de la ley para alcanzar sus metas.
Su gobierno estuvo plagado de corrupción y ejerció un poder sin contrapesos, que incluyó el cierre del Congreso y la modificación de la Constitución para permitir su reelección. Durante los juicios Fujimori ha sustentado su convicción bajo la tesis que él ideó una nueva estrategia contra el terrorismo, recuperó las cárceles, puso orden en las universidades y organizó y armó rondas campesinas para combatir a la contrainsurgencia. Ante el Tribunal de la Corte expresó que gobernó durante una etapa difícil y que llegó al poder cuando Perú era “un desastre”.
Alberto Fujimori renuncia a la Presidencia de la República en noviembre de 2000, días después de conocerse unos vídeos donde aparece Vladimiro Montesinos, su asesor, sobornando a congresistas. El ex mandatario envió un fax desde Japón —país que le concedió la ciudadanía— donde se “refugió” como mecanismo para evadir la justicia peruana. Sin embargo, fue capturado en Chile en 2005 y su extradición a Perú se hizo formal en septiembre de 2007.
La Corte Suprema de Justicia desempeñó una labor ejemplar, garantizando el debido proceso y la transparencia de la investigación. Es la primera vez que un ex Presidente Latinoamericano, constitucionalmente elegido, es condenado por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El fallo ya es un referente internacional porque establece que el poder no puede ejercerse de forma autocrática y dictatorial, además sirve como ejemplo para otros países porque muestra cómo un Tribunal Nacional puede juzgar a un ex jefe de Estado con todas las garantías y que no necesitó de estrados internacionales.
Esta sentencia deja una claro mensaje: el fin no justifica los medios, es decir, ningún propósito justifica la comisión de graves crímenes. El poder judicial inca comprobó que con autonomía se puede juzgar a los más poderosos.
El dictamen final nos permite entender que el hecho de que un mandatario tenga popularidad no indica que éste pueda estar por encima de la ley. Popularidad no significa legitimidad y ella no conduce a la legalidad.
La condena al ex Presidente de Perú fue celebrada por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) porque el veredicto “constituye un importante avance para promover justicia por las violaciones de derechos humanos en la región y en el mundo”.
María McFarland, investigadora principal de la División de las Américas de HRW, estuvo presente en el juicio y expresó que “mediante esta sentencia y el desempeño ejemplar que tuvo (…) el tribunal peruano ha demostrado al mundo que ni siquiera los ex jefes de Estado pueden lograr que sus delitos queden en la impunidad”. Además, “demuestra el rol fundamental que puede tener un tribunal independiente para juzgar abusos cometidos en el pasado y fortalecer el Estado de derecho".
Por otra parte, el ex Procurador Anticorrupción de Perú, José Ugaz, sostuvo que Fujimori no ha sido condenado “por haber sido presidente, sino por ser un jerarca que tuvo el control de un aparato criminal”. Al mismo tiempo, recalcó que, aún cuando Fujimori fuera indultado, no podría volver a aspirar a la Presidencia.
Juan Méndez, Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, aseveró que “el juicio y el fallo son un ejemplo para el mundo de cómo las instituciones judiciales nacionales cuando actúan con independencia y respetando todas las garantías del debido proceso pueden hacer justicia en casos que involucran a un ex jefe de estado”. “Este hecho constituye una reivindicación moral de las víctimas a las múltiples voces que exigieron justicia”, agregó.
Finalmente, McFarland manifestó que el Tribunal debe continuar demostrando la misma imparcialidad y transparencia que aplicó durante la etapa del juicio, refiriéndose al estudio de la apelación que presentará César Nakazaki, abogado de Fujimori. “Si es así, confiamos que se mantendrá la condena”.
La justicia peruana deja una lección de autonomía e independencia que debe aprenderla e interiorizarla el gobierno y la sociedad colombiana. Esta sentencia nos recuerda que la justicia puede demorarse pero finalmente llega.
Los colombianos debemos reflexionar qué tan parecido es el Perú durante el periodo 1990-2000 a la Colombia de nuestros días, donde en los últimos años se han conocido las ejecuciones extrajudiciales más escalofriantes —se estima que van 1200 asesinatos—, se ha modificado la Constitución con el ánimo de perpetuar a alguien en el poder, se ataca constantemente a la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos, se interceptan ilegalmente los teléfonos, el Ejecutivo quiere deslegitimar a las Altas Cortes de Justicia, se han sobornado congresistas para la tramitación de proyectos de Ley, la rama Legislativa está filtrada por paramilitares y la mayoría de los medios de comunicación vende una excelente imagen del Presidente de la República, quien goza de la más alta popularidad.
Dejo a juicio de los lectores si nuestro hermano pueblo peruano nos está dando una lección moral que puede impedir que cometamos los mismos errores y se repita la historia.
Cualquier parecido del caso Fujimori con nuestra realidad, es pura coincidencia.
Fotografía - Archivo 'El Espectador'
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