Escándalo del DAS mucho peor que el ‘Watergate’

La sociedad colombiana todavía no dimensiona la gravedad de lo efectuado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República, no hay que olvidarlo— en contra de defensores de derechos humanos, magistrados de las altas Cortes, líderes de la oposición y periodistas independientes.

Cada día que pasa, la Fiscalía General de la Nación, con base en documentos hallados en el DAS, nos releva la infamia de la operación más criminal en la historia reciente; empezamos con interceptaciones —que la prensa denominó ‘chuzadas’— y ahora estamos descubriendo un aparato que planeó atentados terroristas, sabotajes, amenazas de muerte, espionaje ilegal, robos, montajes, entre otras prácticas ilegales que hoy tienen a familias enteras acudiendo a tratamientos psicológicos, por hecho de pensar diferente o, en la mayoría de los casos, controvertir la administración del presidente Álvaro Uribe en materia de derechos humanos.

Una de las acusaciones más peligrosas que ha hecho un jefe de Estado contra los organismos de derechos humanos se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2003 en la Escuela Superior de Guerra, el presidente Uribe dijo: “¡Politiqueros! Al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo, el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado”, esta una de las tantas afirmaciones del mandatario colombiano frente a sus tropas militares calificando y acusando a las ONG’s de “aliadas del terrorismo”.

En declaraciones a la prensa, funcionarios del DAS han expresado que los señalamientos del presidente Uribe eran vistos como una luz verde para dar inicio a los seguimientos ilegales con el fin de “restringir y neutralizar el accionar” de “organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales”, como expone el primer informe del CTI de la Fiscalía. Por otra parte, memorandos rotulados como “reservado” y “secreto”, contienen apuntes de los detectives que dicen: “entregar al presidente”.

El pasado 10 de abril, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, en desarrollo de la audiencia de imputación de concierto para delinquir contra altos funcionarios de la policía secreta, sostuvo que “desde la Casa de Nariño se direccionaron los seguimientos” y que “las órdenes para ‘investigar’ a los magistrados provenían del Ejecutivo”.

Y hace tres semanas, durante la acusación contra Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), por los seguimientos contra magistrados, Rodríguez expresó que la “UIAF actuó como una empresa criminal” y le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública.

Las pruebas de la Fiscalía apuntan que el alto gobierno, es decir, el presidente de la República, era el principal beneficiario de toda la operación criminal realizada por el DAS. Sin embargo, todavía no existe una evidencia que implique directamente al mandatario Uribe Vélez, quien terminó su administración como gobernador de Antioquia (1995 – 1997) con un escándalo de las mismas proporciones: más de 1800 líneas telefónicas interceptadas ilegalmente a defensores de derechos humanos en ese departamento, que dejaron dos asesinatos.

Un informe del Fondo de Educación del Grupo de Trabajo sobre América Latina, la Oficina en Estados Unidos sobre Colombia, el Centro Internacional de Política, y de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos —publicado el 17 de junio—, señala que “es posible que esta agencia de inteligencia haya llevado a cabo sus actos de vigilancia ilegal con órdenes emanadas de importantes asesores presidenciales”.

La publicación fue titulada “Mucho peor que el Watergate. Gran escándalo en torno a la Agencia de Inteligencia de Colombia” y recopila toda la información de las operaciones ilegales que desplegó el DAS: La “Operación Halloween” y “Operación Transmilenio”, señalan objetivos tales como: “generar controversia sobre las ONG”, “generar división dentro de los movimientos de la oposición”, “promover acciones para beneficiar al gobierno en las elecciones de 2006”, “neutralizar la influencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, establecer vínculos entre personas y grupos armados ilegales, y “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo”.

“La tarea de vigilancia (ilegal) está dirigida a las legítimas actividades diarias de organizaciones de derechos humanos, periodistas y otras personas”, dice el texto; que también sostiene que “la táctica esbozada en estas operaciones incluyó: incriminar a un periodista poniéndolo en un video guerrillero falso y pidiendo la suspensión de su visa (posiblemente americana)”.

Y agrega: “La Fiscalía parece estar realizando una investigación seria. Pero, al igual que en muchos casos delicados de Colombia, todavía está por verse si hay una buena investigación y proceso que termine no sólo en condenas adecuadas para los que protagonizaron esas actividades ilegales, sino también para los que, dentro y fuera del DAS, las ordenaron y las aprobaron”.

Del mismo modo, el informe de 12 páginas, insta a las autoridades a establecer si equipos donados por la embajada de Estados Unidos en Colombia fueron utilizados para estos actos ilegales y expone la importancia de “garantizar que de aquí en adelante no se podrá usar entrenamiento y equipos de EE.UU. con fines ilícitos”.

El escrito de las ONG’s norteamericanas concluye con una serie de recomendaciones al Congreso de los Estados Unidos para monitorear cuidadosamente y alentar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Procuraduría con el fin de establecer quién dio las órdenes para que el caso no quede en la impunidad.

“Igualar a defensores de DDHH con terroristas es prácticamente dar luz verde a figuras en la extrema derecha quienes ya están proclives a atacarlos violentamente”

Adam Isacson, encargado del equipo regional del Programa de Seguridad de WOLA, y anteriormente director de Programas del Centro para las Políticas Internacionales en Washington, hace una comparación entre el caso de los seguimientos ilegales del DAS con lo ocurrido en 1974 durante la administración del presidente Richard Nixon, quien renunció a su cargo por el escándalo del ‘Watergate’.

Julián Martínez Vallejo: ¿Qué lección le dejó a los estadounidenses el caso del 'Watergate' del presidente Richard Nixon?

Adam Isacson: El caso ‘Watergate’ nos dejó a los estadounidenses un nivel de desconfianza en nuestros líderes que nunca se había visto en nuestra historia. Desde ese momento, las encuestas han revelado que gran parte de la población siempre cree que los oficiales altos les están mintiendo gran parte del tiempo. También se aprendió que una rama del poder del Estado no debe quedar con demasiado poder, que siempre tiene que ser restringido por los otros poderes, con una veeduría cercana del público. Es una lección que hemos tenido que re-aprender después de la guerra de Irak y el colapso económico del año pasado.

J.M.V: En Estados Unidos se comprobó la participación de Nixon en las acciones de espía e interceptaciones al Partido Demócrata, sin embargo, el sucesor Gerald Ford lo indultó de toda culpa, ¿qué tan saludable fue para su país esa decisión?

A.I.: Para el país esa decisión fue un desastre. Nunca hubo un proceso de verdad y la justicia nunca logró tocar a Nixon a pesar del grave daño que le hizo a nuestro sistema. No había proceso de "clausura" de ‘Watergate’. Y el perdón seguramente le costó a Ford cualquier esperanza de verse reelegido.

J.M.V: ¿Cuándo es legal o ilegal hacer una interceptación o seguimiento en su país?

A.I.: Sólo se puede hacer cuando hay el permiso de un juez. En casos de terrorismo, hay jueces especializados. Pero en el gobierno de Bush había una enorme controversia sobre su práctica, aparentemente ilegal, pero nunca se ha castigado, y es hacer algunas interceptaciones de sospechados terroristas sin permiso judicial. Y una excepción grave es que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) tiene la capacidad de hacer interceptaciones de comunicaciones internacionales.

EL CASO COLOMBIANO

J.M.V: Interceptaciones ilegales por parte del DAS en Colombia han habido en los últimos gobiernos, pero la diferencia es que en la administración de Uribe la orden no sólo era interceptar sino “restringir y neutralizar el accionar de los 'blancos’”, como señala un informe del CTI de la Fiscalía, ¿qué opinión le merece esta orden?

A.I.: Esta orden es gravísima porque ni siquiera habla de actividad ilegal de parte de los "blancos". Habla de neutralizar las actividades totalmente legales (y necesarias) de políticos opositores, jueces e investigadores, defensores de los derechos humanos, y periodistas. Hablar de "restringir y neutralizar" actividades legales parece lenguaje de una orden del Stasi de Alemania Oriental.

J.M.V.: El ex presidente César Gaviria, en declaraciones a la prensa, ha dicho que Álvaro Uribe convirtió al DAS en una máquina criminal y lo calificó de querer ser un “dictador”, ¿qué opinión le merece esa declaración?

A.I.: Fue muy notable ver a un político respetado del establecimiento colombiano hablando así. César Gaviria es un ex aliado de Estados Unidos, un ex Secretario General de la OEA, un avatar del neoliberalismo económico. Ha llegado a esas alturas escogiendo bien sus palabras. Escuchar una opinión así de César Gaviria indica qué tan grave es el peligro en que se encuentra la democracia colombiana en este momento.

J.M.V.: Se especula que el DAS utilizó equipos norteamericanos y británicos para hacer las interceptaciones ilegales, ¿de comprobarse la utilización de esos equipos donados por Estados Unidos e Inglaterra, cuál es la sanción pertinente ó qué debe hacer el gobierno colombiano?

A.I.: La ley no contempla una sanción específica (y en algunos casos sabemos que son equipos dotados a la Fiscalía que fueron usados ilegalmente). Pero políticamente va a ser casi imposible para Estados Unidos darles tales equipos al DAS en el futuro. Ya miembros importantes del Congreso están preguntando e indagando sobre qué se le ha dado al DAS. Esos congresistas no van a tolerar futuras transferencias mientras esto queda sin esclarecerse.

J.M.V.: ¿De qué manera se coarta la libertad de expresión cuando se hace un seguimiento e interceptación ilegal a una persona, ya sea periodista, líder político, defensor de derechos o magistrado de la Corte?

A.I.: El efecto intimidatorio es enorme. La persona teme por su vida y las vidas de sus familiares. Casi nunca se siente con libertad de divulgar sus planes ni las cosas que aprende. Sus conversaciones telefónicas se limitan a vaguedades. Queda sin la capacidad de poder comunicarse a la distancia; solo puede divulgar cosas cara a cara o por medio de mensajeros de confianza. Y no puede tener una vida privada porque sabe que alguien, en algún lugar, siempre está mirando y grabando. También hay el estrés de vivir sabiendo que su estado, que lo debe estar protegiendo, lo ve como un enemigo.

J.M.V.: Los discursos del presidente Uribe demuestran —de alguna manera—, un odio contra los defensores de derechos humanos y en diferentes oportunidades los ha tildado de "hacerle apología al terrorismo", ¿qué opinión le merece en particular este discurso del presidente Uribe?

A.I.: Ese discurso —que frecuentemente utiliza ante audiencias militares— es altamente peligroso. Igualar a defensores de DDHH con terroristas es prácticamente dar luz verde a figuras en la extrema derecha quienes ya están proclives a atacarlos violentamente. También, como el presidente es popular, intenta deslegitimar el trabajo de un sector débil pero altamente necesario para la supervivencia de las libertades básicas en Colombia. Usar ese lenguaje es una irresponsabilidad grave, y ha tenido fuertes consecuencias por sus relaciones con Washington, especialmente con el Congreso.

J.M.V.: Usted ha dedicado su vida profesional en Colombia y le ha aportado mucho a nuestro país con sus estudios e informes, ¿qué tan saludable habría sido otro periodido del presidente Uribe? ¿Cómo califica usted el estado de la libertad de expresión en Colombia durante este gobierno?

A.I.: Quedar por 12 años es una mala idea por varias razones: la principal es el hecho de que, después de 8 años, casi todo alto oficial en las otras ramas del Estado ya es gente que le debe sus puestos al nombramiento del mismo presidente. Esto debilita mucho la independencia y el contrapeso del resto del estado. No hay control sobre el ejecutivo —y escuchar al presidente hablar de un "estado de opinión"— algún tipo de democracia plebiscitaria —al estilo Chávez— es altamente preocupante. Otra razón es porque ningún hombre es tan imprescindible que tiene que quedar en el poder por tanto tiempo. Un líder incapaz de soltar las riendas y dejar el poder es un líder con un problema de egoísmo desproporcionado.

La libertad de expresión en Colombia está bajo amenaza. Lo positivo es que ha habido menos asesinatos de periodistas y defensores de DDHH, y muchos han podido volver del exilio. Lo negativo es que las palabras amenazantes vienen del mismo presidente y su círculo íntimo, y que se están abusando gravemente las capacidades de los organismos de inteligencia doméstica. En demasiados casos se ve mucha autocensura, mucho miedo y muchas amenazas. Si vendría una respuesta abiertamente autoritaria, ya se ha preparado el terreno.

Foto: El Espectador