“Presidente, a mí me van a matar”

Fue secuestrado, torturado y después ejecutado a tiros. Su cuerpo fue encontrado en "La Boca del Zorro", en la vía que comunica al municipio de Sampués con la capital del departamento de Sucre, Sincelejo.

(1 de febrero de 2003) Hace una mañana calurosa, muy plácida. El hermoso paisaje del pueblo ganadero de Corozal se dispone a recibir al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y a su gabinete ministerial, para el consejo comunitario, en donde se tratarán temas concernientes a servicios públicos, educación, turismo, vías, producción agrícola, implementación de programas de mejoramiento de vivienda rural, entre otras cosas.

El Gobernador de Sucre, Salvador Arana, y los alcaldes de Sincelejo, San Onofre, Morroa y San Benito, han preparado sus discursos de intervención para el evento auspiciado por el Ejecutivo. Arana Sus, se sienta al lado del Presidente Uribe, entre los dos vociferan los logros del departamento.

Una vez terminado el discurso de la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, interviene el Alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, quien ha sido suspendido provisionalmente de su cargo por presuntas irregularidades en el desempeño de su labor por orden del Ministerio Público. Semanas antes, Díaz había sido acusado de suministrarle viveres y ayuda a la guerrilla del ELN, según una investigación del DAS.

El Alcalde aprovecha la convocatoria del Gobierno y durante más de 10 minutos arremete contra los políticos de su región, a quienes acusó de corruptos. Asimismo, le pide al Presidente que la investigación que le abrió la Procuraduría Regional sea enviada a la Procuraduría General y a la Fiscalía porque —afirmó— “hay una alianza macabra” contra él, conformada por Eric Morris (Ex Gobernador), Salvador Arana (Gobernador), Tatiana Moreno (Procuradora Regional) y Carlos Arturo Gómez Pavajeau (Viceproducrador General de la Nación).

Con esto se están buscando dos cosas —continúa el Alcalde— y se van a conseguir: ya hubo la suspensión, ahora llega la destitución y después viene mi muerte. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar”.

El Presidente de la República, se queja del “desorden” del Alcalde, pero, ante la gravedad del asunto, se compromete con el país, a enviar el caso de Díaz Salgado a la Procuraduría General y le ofrece garantías a su vida, pues ese es el principio preponderante de la Política de Seguridad Democrática.

El consejo comunitario culmina exitosamente con la entrega, por parte del primer mandatario, de créditos a los microempresarios corozaleros.

Eudaldo ‘Tito’ Díaz, fue elegido en el año 2000 como Alcalde de El Roble con el aval del movimiento Vía Alterna, embrión del Polo Democrático Independiente (PDI). Durante su mandato denunció la expansión paramilitar en Sucre y el apoyo que los políticos le dieron a este proyecto, pues, de acuerdo con Díaz, se estaban destinando recursos para el fortalecimiento de las autodefensas.

Lo escandaloso de la situación es que quien estaría planeando el asesinato del Alcalde era la plana mayor de la política sucreña, conformada por el Gobernador Salvador Arana; Álvaro García Romero, Senador; Eric Morris, ex Gobernador; Jairo Enrique Merlano, Senador; hoy todos investigados y procesados por sus vínculos con grupos de ultraderecha. Eudaldo Díaz le daba inicio a la denominada ‘parapolítica’.

(5 de abril de 2003) Dos meses después del consejo comunitario, el Alcalde de El Roble es secuestrado. Mucho antes, ‘Tito’ Díaz le había dicho a su familia que si algo pasaba con su vida era responsabilidad de Salvador Arana. Adicionalmente, le había pedido protección al Comandante de la Policía de Sucre, Norman Arango, argumentando que necesitaba otro escolta, petición que, al parecer, no fue atendida.

Cinco días posteriores al secuestro, el cuerpo del Alcalde de El Roble es hallado con varios disparos y visiblemente torturado a las afueras de Sincelejo.

La investigación del homocidio empezó con la decisión del Fiscal General Luís Camilo Osorio al dictar un auto inhibitorio a Salvador Arana, es decir, daba crédito a la inocencia del Gobernador de Sucre argumentando que los cargos imputados “se aprecian inverosímiles, pues no puede creerse que una persona con la trayectoria y formación del doctor Salvador Arana Sus (se trata de un médico cirujano, con amplia experiencia en el sector público y sin antecedentes penales ni disciplinarios) participe en conductas tan reprobables como las que gratuitamente se le endilgan”, dice el dictamen.

Sólo hasta noviembre de 2006, Arana fue formalmente vinculado al proceso cuando la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía copias de un expediente que señalaba al ex Gobernador como creador y patrocinador del paramilitarismo en Sucre. Esta decisión controvertía el fallo de Luis Camilo Osorio.

Durante estos primeros tres años de impunidad, Salvador Arana fue nombrado Embajador en Chile por el propio Presidente Uribe, aún cuando el mismo Eudaldo Díaz, le había dicho en el consejo comunitario que quien estaría detrás de su asesinato era la persona que se sentó a su lado. Igualmente, el Coronel Norman Arando fue nombrado agregado militar en la Embajada de Colombia en Francia.

La Fiscalía dictó orden de captura contra Arana sindicado de desaparición forzada, homocidio agravado y concierto para delinquir, además de ser permisivo con los paramilitares. El dictamen se basó en testimonios de miembros de las Autodefensas, quienes aseguraron que Arana se reunía, frecuentemente, con Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, jefe paramilitar que operaba en la costa atlántica occidental y ejecutaba las masacres más sangrientas, como por ejemplo, la de Chengue, en donde fueron asesinados 27 campesinos a cargo de 80 paramilitares dirigidos por ‘Cadena’ en 2001.

La Interpol emitió una circular roja para la captura del ex Gobernador de Sucre y ex diplomático en diciembre de 2006 y se difundió en 186 países. Salvador Arana duró 18 meses profugo de la justicia.

Sólo cinco años después fue capturado por el CTI de la Fiscalía en un lujoso apartamento en el sector del Rodadero en Santa Marta. Actualmente se adelanta el pliego de cargos que tiene en su contra. En el expediente, los declarantes sostienen que el ex Gobernador pagó 120 millones de pesos para el asesinato de ‘Tito’ Díaz, todo indica que los hombres del desaparecido ‘Cadena’ ejecutaron el delito.

Esta semana se cumplen 6 años del homicidio de Eudaldo Díaz Salgado y su caso sigue en la impunidad. Desde el mismo año de su muerte los testigos que se han presentado a declarar empezaron a ser asesinados. La cifra llegaría a 12 personas. Además, algunos declarantes claves han sido amenazados para cambiar su testimonio a favor del principal sospechoso del crimen, Salvador Arana.

Primero fue desaparecido Álvaro Bautista Pérez, quien supuestamente se desempeñaba como escolta del Alcalde de El Roble y fue quien acompañó a Díaz en la reunión que tenía con Arana en abril de 2003. David Romero Posso, ex escolta de Díaz fue asesinado el 15 de julio de 2003.

Después fue Daniel Cuesta Bader, vigilante de la joyería Myriam de Sincelejo, y hermano de un paramilitar conocido como 'el Pájaro', quien al parecer presenció el secuestro del Alcalde, su homicidio ocurrió el 12 de agosto de 2004.

El mismo destino tuvo Diógenes Meza, mesero del restaurante La Becerra en Sincelejo, quién sufrió un atentado luego de declarar ante la Fiscalía sobre una reunión que hubo en su lugar de trabajo entre el cuñado de Arana, Said Tatis, y fuerzas paramilitares en donde se dio la orden de asesinar al Alcalde. Meza murió en agosto de 2005.

Porteriormente fue inmolado Juan Carlos Jiménez, alias ‘Caliche’, el 20 de julio de 2005, quien supuestamente cuidó a ‘Tito’ durante su cautiverio en la finca de Said Tatis. También fueron asesinados Carlos Eliécer Villegas, Eder Sotelo e Ignacio Romero, paramilitares que pudieron esclarecer mejor el caso y que, al parecer, participaron en el secuestro.

Juan Pablo Viloria, ex escolta del Alcalde, fue víctima de un atentado en la cárcel Modelo de Barranquilla y su hermano Isaias Viloria fue asesinado por ‘Cadena’ el 8 de septiembre de 2005.

En septiembre del año pasado el cuñado del ex Gobernador de Sucre, Said Isaac Tatis, sufrió un atentado donde murió Luís Carlos Montaño, un joven que al parecer nada tenía que ver con los hechos. Tatis recibió 25 tiros y quedó parapléjico. Según el expediente, Isaac Tatis fue dueño de la finca donde estaba secuestrado Eudaldo Díaz.

Más tarde el turno fue para Munir Cadavid, asesinado el 23 de diciembre de 2008, quien habría sido el facilitador entre la reunión de Eudaldo Díaz y Salvador Arana el oscuro 10 de abril.

El último capítulo de estos homocidios fue el atentado a Grey Tirado Mercado, esposa de Edelmiro ‘El Chino’ Anaya —actualmente detenido por el crimen del Alcalde— el pasado 5 de enero, que causó su muerte casi un mes después, el 2 de febrero de 2009. Ella había afirmado que su cónyuge estaba dispuesto a decir toda la verdad.

Esta serie de homicidios nos llevan a comprender que el caso no se ha resuelto, entre otras cosas, porque hay una mano oscura que está silenciado las voces que pueden llevar a encontrar el autor intelectual del crimen.

Por esta razón, Daniel Prado y Rafael Barrios, abogados de la familia Díaz han enviado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Ellos también expresaron que van a demandar al Estado colombiano por la muerte del Alcalde porque no recibió la seguridad que pidió a pesar de las graves amenazas que lo rodearon.

Del mismo modo, denunciaron que hay una orden en Sincelejo para atentar contra la Fiscal 29 de derechos humanos que lleva el caso, si el ex Embajador en Chile, Salvador Arana, es condenado por la muerte del Alcalde de El Roble. El asesinato de Eudaldo Díaz es otro, en la larga lista de crímenes cometidos por la barbarie paramilitar asociada a la corrupción política.

Fotografía de Salvador Arana - Archivo 'El Tiempo'.